Se deben evaluar las políticas que permitan reducir las brechas de información entre seguros, prestadores y usuarios del sistema.
por Rodrigo Castro - Diario La Tercera 25/10/2011 - 04:00
EL ESTUDIO del Sernac sobre precios de clínicas, hospitales y centros médicos ha llamado profundamente la atención. Sin duda que plantear diferencias de precios de más de 2.000% en exámenes o 500% en día-cama puede llegar a ser alarmante para la ciudadanía. Sin embargo y aunque es un avance disponer de una mayor transparencia en este mercado, toda vez que existe dificultad para conocer y comparar precios, el Sernac fue parcial en la entrega de esta información.
Se hubiese esperado que el Sernac entregara al menos un análisis técnico y detallado sobre los determinantes de estas diferencias de precios. Es posible pensar que las diferencias en la capacidad de negociación entre las isapres (y Fonasa) y prestadores, los diferentes niveles de complejidad de estos últimos, su escala de funcionamiento, la fijación de aranceles de Fonasa, entre otros, podrían explicar parte significativa de esas diferencias. Ahora bien, en el contexto de esta discusión, no se puede olvidar que el mercado de la salud (seguros, prestadores, insumos, recursos humanos, etc.) presenta diversas fallas y que se ven muchas veces reforzadas por aquellas que comete el Estado en los ámbitos regulador, proveedor y financiador. Baste señalar que las fallas de mercado en el sector salud son al menos la presencia de incertidumbre, información asimétrica, externalidades, bienes públicos, mercados incompletos, entre otros.
Un aspecto que Sernac no ha evaluado está relacionado con la falta de información respecto del tipo y cantidad de medicamentos que requerirá un paciente una vez internado en un establecimiento hospitalario. El usuario tiende a centrarse en la búsqueda de servicios de salud que son más fáciles de comparar y que involucran un mayor gasto esperado (hotelería del recinto hospitalario o costo de utilizar el pabellón quirúrgico). Como es caro informarse acerca de los precios y requerimientos de medicamentos, es posible que se refuerce el incentivo del prestador a cobrar un precio mayor por ellos. Este desincentivo a obtener información hace que el usuario no compare el costo del paquete completo.
En este contexto, se deben evaluar las políticas que permitan reducir las brechas de información entre seguros, prestadores y usuarios del sistema. Así, por ejemplo, el IPC de la salud que el INE elaborará todos los años no sólo será un referente para la definición de la banda de precios en las isapres, sino también permitirá estimar la evolución de los costos en salud y por tanto valorizar las principales prestaciones y sus frecuencias de uso. Esta información junto a la necesaria transparencia de precios de cada prestador será crucial para aumentar el bienestar de los usuarios del sistema.
Por último, pero no menos importante, se requiere que tanto el subsector público como el privado avancen en introducir mecanismos de pago que permitan que los riesgos se compartan equilibradamente entre aseguradores y prestadores. Así, por ejemplo, se requiere extender la experiencia de los sistemas de pago prospectivo a todos los establecimientos. Este sistema, a diferencia del pago por prestación, incentiva la administración médica, induce a la contención de costos y genera la posibilidad de promover la competencia entre prestadores
Se hubiese esperado que el Sernac entregara al menos un análisis técnico y detallado sobre los determinantes de estas diferencias de precios. Es posible pensar que las diferencias en la capacidad de negociación entre las isapres (y Fonasa) y prestadores, los diferentes niveles de complejidad de estos últimos, su escala de funcionamiento, la fijación de aranceles de Fonasa, entre otros, podrían explicar parte significativa de esas diferencias. Ahora bien, en el contexto de esta discusión, no se puede olvidar que el mercado de la salud (seguros, prestadores, insumos, recursos humanos, etc.) presenta diversas fallas y que se ven muchas veces reforzadas por aquellas que comete el Estado en los ámbitos regulador, proveedor y financiador. Baste señalar que las fallas de mercado en el sector salud son al menos la presencia de incertidumbre, información asimétrica, externalidades, bienes públicos, mercados incompletos, entre otros.
Un aspecto que Sernac no ha evaluado está relacionado con la falta de información respecto del tipo y cantidad de medicamentos que requerirá un paciente una vez internado en un establecimiento hospitalario. El usuario tiende a centrarse en la búsqueda de servicios de salud que son más fáciles de comparar y que involucran un mayor gasto esperado (hotelería del recinto hospitalario o costo de utilizar el pabellón quirúrgico). Como es caro informarse acerca de los precios y requerimientos de medicamentos, es posible que se refuerce el incentivo del prestador a cobrar un precio mayor por ellos. Este desincentivo a obtener información hace que el usuario no compare el costo del paquete completo.
En este contexto, se deben evaluar las políticas que permitan reducir las brechas de información entre seguros, prestadores y usuarios del sistema. Así, por ejemplo, el IPC de la salud que el INE elaborará todos los años no sólo será un referente para la definición de la banda de precios en las isapres, sino también permitirá estimar la evolución de los costos en salud y por tanto valorizar las principales prestaciones y sus frecuencias de uso. Esta información junto a la necesaria transparencia de precios de cada prestador será crucial para aumentar el bienestar de los usuarios del sistema.
Por último, pero no menos importante, se requiere que tanto el subsector público como el privado avancen en introducir mecanismos de pago que permitan que los riesgos se compartan equilibradamente entre aseguradores y prestadores. Así, por ejemplo, se requiere extender la experiencia de los sistemas de pago prospectivo a todos los establecimientos. Este sistema, a diferencia del pago por prestación, incentiva la administración médica, induce a la contención de costos y genera la posibilidad de promover la competencia entre prestadores
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