Piñera, los jueces y el corazón de los chilenos

por Jorge Correa Sutil
Diario El Mercurio, sábado 28/10/2011
http://diario.elmercurio.com/2011/10/29/nacional/politica/noticias/AAEE89FC-5EB1-4A0C-A958-0092D1AF82AD.htm?id={AAEE89FC-5EB1-4A0C-A958-0092D1AF82AD}


En la medida en que el Gobierno impone su tesis de llevar las demandas
sociales al terreno del orden público, los problemas políticos se
judicializan, al igual como ha ocurrido con tantos otros en los
últimos años , un síntoma más de la mala calidad de nuestra política.
En el "combate por el orden", al igual que antes en "la batalla contra
la delincuencia", el "garantismo" judicial es un escollo mayor para el
Gobierno, pues sus enfáticos cañonazos mediáticos corren el riesgo del
ridículo, si en los tribunales se moja la pólvora, como ocurrió ya en
el caso Bombas.
No es de extrañar entonces que La Moneda haya decidido emitir fuertes
mensajes a los jueces para tratar de que sean más severos.
El vocero los llamó a colaborar, aplicando la ley con el mayor rigor
posible. El ministro de Justicia puso la sustancia, advirtiéndoles que
el modo en que fallaran este tipo de causas incidiría en sus
promociones. Desde el Poder Judicial se enarboló, como siempre, la
bandera de la independencia, se acusaron presiones y se invitó a
evitar el hostigamiento. El Presidente dijo que pedía a los jueces lo
mismo que todos los chilenos, "desde lo más profundo de sus
corazones": que aplicaran todo el rigor de la ley en contra de los
delincuentes.
En cuanto a presiones, aseguró respetar la independencia judicial,
pero dijo sentirse con el derecho de pedirles que hicieran su mejor
esfuerzo por "ganar esta batalla".
El Presidente tiene derecho a elegir y a promover a los jueces, de
entre una lista que confeccionan los propios tribunales, que deben
considerar la antigüedad y el mérito. Entre los pocos propuestos, el
Mandatario es libre para escoger, salvo para la Corte Suprema, en que
participa el Senado. Es parte del poder que un Presidente obtiene por
la legitimidad de las urnas, y si lo tiene es precisamente para que,
por su intermedio, las mayorías puedan incidir en nombrar a jueces más
proclives a ciertos valores jurídicos que a otros. Patricio Aylwin fue
celoso en revisar el historial de los candidatos en casos de derechos
humanos, y Frei examinó su disposición a la reforma procesal penal. En
eso, este gobierno no me merece críticas, explicita sus criterios, a
los que tiene derecho, en vez de ocultarlos en el velo cínico del
mérito.
Otra cosa es exhortar a los jueces a unirse a un combate. Aun hoy, el
prestigio judicial paga caro haber aceptado, hace más de 35 años, la
invitación a combatir al marxismo. Puede que el costo de los jueces
sea aún mayor que el de los propios uniformados, y hay razones para
ello, pues la judicatura, por definición, no está llamada a tomar
parte de ninguna batalla. La defensa del derecho es el reino de la
razón, no el de las armas. En él no caben combates ni propósitos
absolutos, pues todos deben ser ponderados.
El Gobierno no se equivoca al entender que las inclinaciones y valores
de los jueces son tan decisivos como la letra de la ley. Tampoco al
pensar que la política puede influir en los criterios judiciales. El
mejor ejemplo es el de los derechos humanos: sin que cambiara una
letra de la ley, los jueces pasaron desde el rechazo a las peticiones
de amparo a la condena de los mismos actos que antes habían calificado
de inventos y propaganda. Eso lo logró la política.
La política, pero no los empellones. Para ello fue necesario demostrar
primero que los derechos humanos sí estaban en el "fondo del corazón"
de la gente y entonces cambió la judicatura, que es independiente,
pero no impermeable a los valores que se muestran duraderos y
dominantes.
El Presidente, por la vía del nombramiento, tiene derecho a incidir en
los criterios de los jueces. Su debilidad, cuando los exhorta en
materias de delincuencia y de orden público, es que no resulta claro
que interprete fielmente "el fondo del corazón" de todos los chilenos,
al que los jueces sí terminan por inclinarse.
La arena del combate en el que ahora el Gobierno quiere trabarse
vuelve así porfiadamente al centro de la política: a la misma y vieja
batalla por la opinión pública.