Hay que atreverse a reconocer que no hay recursos para todo, a priorizar las necesidades y a asignarlas de mejor forma.
por Nassir Sapag - Director Centro Desarrollo del Emprendimiento, Universidad San Sebastián
Diario La Tercera 26/10/2011 - 04:00
ES FACIL eludir la incapacidad de resolver una situación recurriendo al añejo planteamiento de que se necesita más dinero para enfrentar un problema. Hoy vemos cómo la clase política propone aumentar impuestos para resolver un tema que por décadas no han podido solucionar, más que por falta de recursos, por una incapacidad para evaluar racionalmente las opciones de solución, cuantificar sus costos, medir el impacto y tomar una decisión sustentada en una comparación costo-efectividad.
Saber cuántos recursos se necesitan para resolver el tema de la educación es básico para determinar la cuantía de los impuestos y la fuente o tipo de impuestos que se nos cobrará. Saber cuántos recursos son para inversión y cuántos para gastos permanentes permitiría determinar la mejor forma de hacer una reforma tributaria. Mientras los primeros no tienen el carácter de permanentes, los segundos seguramente requerirán de un cambio estructural. También es importante saber quién terminará pagando dichos impuestos: ¿Las grandes empresas sin transferir ese aumento de costo a los consumidores o los consumidores a través del IVA? Pero lo que más preocupa es la reacción de los políticos ante las presiones sociales, donde parecen priorizar los problemas por la cantidad de protestas más que por lo que requiere el país.
Si hoy existe más conciencia en el mundo político, empresarial y de la propia comunidad en que debe haber una reforma tributaria, ¿qué justifica que vaya en beneficio de la educación y no de la vivienda, salud, los adultos mayores o el apoyo a nuevos emprendimientos que den más trabajo, entre otras necesidades? ¿Qué harán los políticos cuando se solucione el tema financiero en la educación y empiecen las demandas por mayores recursos para la salud?
Quienes legislan deben tener la capacidad no sólo de evaluar el impacto de sus decisiones políticas en función de intereses electorales de corto plazo, sino de lo que lleve a Chile a invertir en su real desarrollo a mediano plazo. Hay que atreverse a reconocer que no hay recursos para todo, a priorizar las necesidades objetivamente y a asignarlos de la mejor manera posible. No se puede seguir con el antiguo y equivocado argumento de que el Estado debe solucionar todo. Cuando algo nos da, es porque antes nos lo quitó. No me opongo a que nos quite recursos si supiera que serán bien gastados. Pero la gran duda es cuán eficiente han sido las instituciones públicas en usar los recursos de los chilenos. No puede ser que un rector de la más importante universidad estatal tenga temor a que se le controlen los gastos tanto directos como a través de las corporaciones creadas por y para sus académicos, para eludir las injustas trabas administrativas que limitan su gestión. No puede ser que solicite recursos por su pasado y no por propuestas de futuro. La aparición de universidades privadas de calidad, varias de las cuales ya superan a algunas del Consejo de Rectores, ha permitido ampliar la cobertura a parte de la población que no habría podido ser atendida por las universidades tradicionales.
Si los impuestos van a ser eficientemente asignados, de manera objetiva a quienes garanticen la mejor relación costo-efectividad, bienvenidos sean.
Saber cuántos recursos se necesitan para resolver el tema de la educación es básico para determinar la cuantía de los impuestos y la fuente o tipo de impuestos que se nos cobrará. Saber cuántos recursos son para inversión y cuántos para gastos permanentes permitiría determinar la mejor forma de hacer una reforma tributaria. Mientras los primeros no tienen el carácter de permanentes, los segundos seguramente requerirán de un cambio estructural. También es importante saber quién terminará pagando dichos impuestos: ¿Las grandes empresas sin transferir ese aumento de costo a los consumidores o los consumidores a través del IVA? Pero lo que más preocupa es la reacción de los políticos ante las presiones sociales, donde parecen priorizar los problemas por la cantidad de protestas más que por lo que requiere el país.
Si hoy existe más conciencia en el mundo político, empresarial y de la propia comunidad en que debe haber una reforma tributaria, ¿qué justifica que vaya en beneficio de la educación y no de la vivienda, salud, los adultos mayores o el apoyo a nuevos emprendimientos que den más trabajo, entre otras necesidades? ¿Qué harán los políticos cuando se solucione el tema financiero en la educación y empiecen las demandas por mayores recursos para la salud?
Quienes legislan deben tener la capacidad no sólo de evaluar el impacto de sus decisiones políticas en función de intereses electorales de corto plazo, sino de lo que lleve a Chile a invertir en su real desarrollo a mediano plazo. Hay que atreverse a reconocer que no hay recursos para todo, a priorizar las necesidades objetivamente y a asignarlos de la mejor manera posible. No se puede seguir con el antiguo y equivocado argumento de que el Estado debe solucionar todo. Cuando algo nos da, es porque antes nos lo quitó. No me opongo a que nos quite recursos si supiera que serán bien gastados. Pero la gran duda es cuán eficiente han sido las instituciones públicas en usar los recursos de los chilenos. No puede ser que un rector de la más importante universidad estatal tenga temor a que se le controlen los gastos tanto directos como a través de las corporaciones creadas por y para sus académicos, para eludir las injustas trabas administrativas que limitan su gestión. No puede ser que solicite recursos por su pasado y no por propuestas de futuro. La aparición de universidades privadas de calidad, varias de las cuales ya superan a algunas del Consejo de Rectores, ha permitido ampliar la cobertura a parte de la población que no habría podido ser atendida por las universidades tradicionales.
Si los impuestos van a ser eficientemente asignados, de manera objetiva a quienes garanticen la mejor relación costo-efectividad, bienvenidos sean.
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