Acuerdo educacional

Acuerdo educacional
por Carlos Peña
Diario El Mercurio, domingo 28 de agosto de 2011
http://diario.elmercurio.com/2011/08/28/reportajes/opinion/noticias/7720D559-FC1F-43B4-BF6D-98E840E36886.htm?id={7720D559-FC1F-43B4-BF6D-98E840E36886}

El sistema educativo padece una crisis de legitimidad.
Las razones son múltiples. Y todas justificadas.

Las mayorías históricamente excluidas del sistema ya no encuentran en
él los bienes que proveía cuando, anhelantes, lo miraban desde lejos.
El aura de la formación universitaria -por efecto de la masificación-
se ha desvanecido casi para siempre.

Se suma el hecho que las familias sienten, con igual intensidad, el
deseo que sus hijos se incorporen a la educación superior y la
angustia de saber que ello será a cambio de vender su alma al banco.

En fin, subsiste la sensación de que el sistema educacional en vez de
liberar a los niños de la sombra de la cuna parece, en Chile, atarlos
a ella ¿De qué otra manera se explica que se pueda predecir la
trayectoria vital de cualquier niño -dónde se situará cuando adulto-
con sólo saber a qué escuela asiste?

No hay duda.

No queda más que modificar ese sistema de una forma que concite el
consenso -siquiera traslapado- de todos. Las líneas estratégicas de
esa modificación surgen de la respuesta a dos preguntas: ¿Quién tiene
derecho a proveer educación? y ¿quién la paga y cómo?
La primera exige decidir si los privados podrán organizar escuelas o
si, en cambio, sólo podrá hacerlo el Estado.
En los países democráticos la provisión educacional es abrumadoramente
pública (en Estados Unidos de América y en todos los países de Europa
Continental, con las excepciones de Bélgica y Holanda); pero se admite
el derecho de los particulares a fundar u organizar escuelas y el
derecho de los padres a escoger entre ellas.

Un sistema como ese -de provisión mixta; pero con predominancia
pública- fue el que se configuró en Chile hasta los años ochenta, ¿por
qué no volver a él? ¿Acaso no es hora de abandonar el modelo de
Friedman: un mercado de escuelas privadas alimentado por los subsidios
que portan los alumnos? Hay que fortalecer la educación de base
estatal y subir, para todos, los estándares de calidad. De esa manera
los proveedores privados que no estén dispuestos a invertir -aquellos
animados por el simple lucro- saldrán por sí solos del sistema. Una
definición como esta -un sistema educativo con predominancia pública-
vale tanto para el sistema escolar como para la educación superior.

La segunda de esas preguntas -"¿Quién paga?"- admite respuestas
distintas según se trate de la escolaridad obligatoria o la educación
superior.
La escolaridad obligatoria debe ser financiada con cargo a rentas
generales; pero la educación superior no: los excluidos del sistema,
que serán siempre los más pobres, acabarán financiando el capital
humano de los que acceden, quienes se situarán, inevitablemente, en
los quintiles de más altos ingresos. Un sistema como ese es regresivo
(cumple el llamado efecto Mateo: da a los que tienen y quita a los que
no tienen). Es mejor que el acceso se financie con un sistema de
créditos estatales que se pague, luego del egreso, con un porcentaje
de la remuneración. Así el pago del crédito es contingente al ingreso
y éste, por su parte, a la calidad del certificado.

Créditos como ese, apoyado por un sistema de becas que corrija
divergencias entre beneficios sociales y privados, y alienten
mecanismos de discriminación positiva (que ayuden a diversificar las
élites) sería más justo que la gratuidad y mejor, sin duda, que lo que
hoy existe.
Un sistema educativo de carácter mixto, con predominancia pública,
créditos administrados por el Estado, cuyo pago sea contingente al
ingreso, y un programa de discriminación positiva apoyado en becas,
puede ser el contenido de un acuerdo que oriente la política futura.

No es el sistema que imaginó Friedman y echó a andar la dictadura.
Tampoco es la Escuela Nacional Unificada.

Es -en cambio- lo que en las democracias se llama consenso parcial.

Nada -claro- semejante a las fiebres ideológicas que han querido
rediseñarlo todo; pero -y no es poco- se trata de algo bastante
parecido a lo que existe en los países de la OECD.