No existe ninguna fórmula de administración educacional que haya demostrado ser la mejor.‏

Más sobre educación
Diario El Mercurio, domingo 14 de agosto de 2011

No existe ninguna fórmula de administración educacional que haya
demostrado ser la mejor.
Todo sistema depende de las capacidades de quienes lo componen.
El que esté en manos del Estado no garantiza estabilidad.
No se pueden imponer cambios educativos de forma drástica.
Quien administre los colegios debe generar dinámicas de equipo y metas claras.

Brunner y Peña: que las universidades públicas y privadas se organicen
como "fundaciones universitarias".
Los expertos buscan dar con un tipo de institucionalidad de la
educación superior
que "concilie dos objetivos que suelen ser rivales entre sí: de una
parte, autonomía institucional;
de la otra, alineación con el interés público de parte de las instituciones".


¿Y las escuelas públicas?

Héctor Montenegro fue el responsable de seis distritos escolares de
ese país, entre ellos Washington, San Diego y Dallas. Como las comunas
en Chile, estos subsistemas de educación pública son muy diferentes en
resultados y tamaño, con un rango que va entre 25 alumnos y un millón.

Invitado a Chile por el Centro de Políticas Públicas UC y la embajada
de EE.UU. en medio del debate por la desmunicipalización, es enfático:
"No existe ninguna fórmula de administración que haya demostrado ser
la mejor". Todo sistema depende de las capacidades de quienes lo
componen. "En Texas, la mayoría de los miembros de las mesas
directivas no sabe de educación y eso causa problemas", dice.

Independiente de cómo se organice la educación pública, el experto da
tres claves: que el que esté en manos del Estado no garantiza
estabilidad, que no se pueden imponer cambios educativos de forma
drástica y que quien administre los colegios debe generar dinámicas de
equipo y metas claras.

Brunner y Peña proponen que Ues se articulen como fundaciones

Que las universidades públicas y privadas se organicen como
"fundaciones universitarias" es la idea que proponen el rector de la
UDP, Carlos Peña, y el investigador del Centro de Políticas Comparadas
en Educación de la misma casa de estudios, José Joaquín Brunner.

La idea aparece en el capítulo final del recién publicado libro "El
conflicto de las universidades: entre lo público y lo privado", del
cual ambos son editores y que fue presentado el viernes por Jamil
Salmi, además de los rectores de la UC, Ignacio Sánchez, y la U. de
Valparaíso, Aldo Valle.

En el texto, los expertos buscan dar con un tipo de institucionalidad
de la educación superior que "concilie dos objetivos que suelen ser
rivales entre sí: de una parte, autonomía institucional; de la otra,
alineación con el interés público de parte de las instituciones".

A grandes rasgos, en la actualidad las universidades se dividen en dos
tipos de instituciones. Por un lado, las corporaciones de derecho
público (planteles estatales), con controles elevados y baja autonomía
de gestión. Por otro, las fundaciones y corporaciones de derecho
privado, que están sujetas a escasos mecanismos de control y gozan de
mayor libertad.

Lo que Peña y Brunner proponen es un sistema que combine alta
autonomía con un sistema importante de exigencias, que apunten a
alinear a las instituciones hacia objetivos de bienestar social. "Tal
fisonomía no existe en el sistema legal chileno", dicen los
investigadores.

Por eso proponen la creación de fundaciones universitarias, que sean
personas jurídicas sin fines de lucro y cuyo patrimonio se encuentre
destinado totalmente a entregar educación superior. Deberán rendir
cuenta de su patrimonio y estado financiero como las sociedades
anónimas abiertas y se someterán al escrutinio de la futura
Superintendencia.

Además, proponen que su administración sea supervisada por un board
(junta directiva) independiente y rentado, cuyos miembros respondan
con su patrimonio ante las comunidades académicas por sus decisiones.

Una vez conformadas, las fundaciones se regirían por las normas del
derecho privado, con plena autonomía para endeudarse, seleccionar y
remunerar a su personal, fijar los programas que imparten y establecer
metas institucionales.

En cuanto a financiamiento, éste provendría del propio patrimonio de
las fundaciones, los aranceles que cobren y los recursos públicos a
los que accedan por convenios de desempeño o "procedimientos
competitivos e imparciales".

Los autores proponen que este diseño institucional, de considerarse
adecuado, no se imponga, sino que las instituciones tengan la libertad
de adoptarlo voluntariamente. "El diseño legal debe crear incentivos
para que las instituciones debidamente acreditadas (por ejemplo, cinco
o más años para comenzar el proceso), luego de deliberar, decidan
tomar la opción", indican.