Gabriel Boric Font
Presidente FECh
Diario El Mercurio, jueves 27 de septiembre de 2012
Tras casi dos años de movilizaciones por una reforma en el sistema educativo, de maduración de la discusión y de una adhesión ciudadana que se ha expresado en las calles y en reiteradas encuestas, es ya innegable que un mayoritario y diverso espectro de la sociedad chilena reconoce las necesidades de nuestra educación, a saber: fortalecer la educación pública en todos sus niveles, acabar con el lucro y el negocio educativo (más aún si es con recursos públicos) y democratizar nuestras escuelas y universidades, para así formar ciudadanos y personas íntegros.
Este domingo se cumple el plazo para la presentación del Presupuesto de la Nación para 2013. Tanto en la distribución como en los montos del presupuesto dirigido a educación está en juego la posibilidad de enrielar el sistema educativo a la satisfacción de las necesidades y expectativas que la sociedad chilena tiene de ella. No depende sólo de si los recursos recaudados con el ajuste tributario recién aprobado van a parar o no a educación, ni de si el monto es mayor o no al de presupuestos anteriores. Depende, sobre todo, de que se invierta la lógica que ha primado en la discusión del financiamiento en materia educacional.
Desde los 80 se ha aplicado, con fanatismo y poca atención a sus resultados, la receta de concentrar los recursos en el subsidio a la demanda. Acentuar esta tendencia producirá un aumento de la segregación, implicando además un despilfarro de recursos públicos, pues no existe una real prohibición del lucro, ni mecanismos para fiscalizarlo, ni -en el caso de la educación superior- una regulación de la hoy arbitraria fijación de aranceles. Escándalos que ejemplifican esto último sobran. Es cosa de ver cómo se ha beneficiado la banca con el CAE o cómo los propietarios de escuelas con copago han lucrado dilapidando las subvenciones.
Nos dirán, robóticamente, que lo que hacen es favorecer "la libertad de las familias para elegir dónde estudiarán sus hijos". No es así. Lo que en realidad se consigue con el subsidio a la demanda, no es eso, sino lo inverso: favorecer la libertad de instituciones con intereses particulares para elegir a quién educan y por cuánto. Y, lo que es peor, ¡con la venia y recursos del Estado! Agudizan así lo que la OCDE ya dijo en 2004 del sistema educacional chileno, que está "conscientemente estructurado por clases sociales", volviendo más, y no menos, determinante la mediación del bolsillo en el acceso a una educación de calidad.
La libertad de elección está condicionada por la capacidad de pago y, como bien sabemos, la distribución del ingreso en nuestro país es uno de los elementos de los que debiéramos estar profundamente avergonzados. La única forma de garantizar que las familias puedan dar una educación digna y de calidad a sus hijos, es que ésta no dependa de sus recursos. Es, por tanto, la sociedad en su conjunto la que debe garantizar esa libertad. Eso es la educación pública. Es el espacio para construir integración social, para producir conocimiento y profesionales al servicio del bien común, para forjar ciudadanía. Es eso lo que una política presupuestaria responsable y a la altura de lo que la sociedad plantea debe fortalecer y expandir, tanto en el nivel básico y secundario, como también superior (universitario y técnico).
A muchos, tanto en La Moneda como en la oposición, les gustaría que los estudiantes nos hiciéramos a un costado del debate presupuestario. Dirán que ya jugamos nuestro papel "poniendo el tema en debate", y que ahora les toca a ellos hacerse cargo. No les daremos el gusto, porque a pesar de los remezones que significaron las movilizaciones sociales de los últimos años, la excluyente "política de los consensos" ha terminado celebrando acuerdos que apuntan a la inversa de lo que la sociedad reclama. La reedición de ese actuar sólo ahondará el desprestigio de la política. Y a nadie debiera sorprender que dicho desprestigio se estampe en las elecciones que se avecinan.
Los estudiantes de Chile no queremos seguir siendo meros espectadores de acuerdos que nos son ajenos, queremos, por el contrario, ser protagonistas de las soluciones que desde 2006 venimos exigiendo.
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