http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/09/28/explotacion-del-litio.asp
Tras la primera licitación de un contrato especial de operación del litio (CEOL), el Gobierno anunció su adjudicación a la empresa SQM, que ofreció 40,8 millones de dólares por el derecho a explotar 100 mil toneladas equivalentes de litio en 20 años. De las 66 empresas que compraron bases, además de la citada sólo se presentó un consorcio coreano-japonés, con una oferta inferior a la mitad de ese monto, y una empresa ligada al empresario Francisco Javier Errázuriz, cuya oferta alcanzó a 14,2% de la que resultó adjudicataria. Codelco, que compró las bases, no se presentó a la licitación, pues ya bastante antes había expresado que la explotación de sus pertenencias de litio no tiene una rentabilidad atractiva, que el tamaño del negocio es pequeño para Codelco, y que su vasto plan de inversiones en cobre no aconseja distraer recursos financieros y humanos en un negocio que habría que desarrollar desde sus inicios.
Tras la primera licitación de un contrato especial de operación del litio (CEOL), el Gobierno anunció su adjudicación a la empresa SQM, que ofreció 40,8 millones de dólares por el derecho a explotar 100 mil toneladas equivalentes de litio en 20 años. De las 66 empresas que compraron bases, además de la citada sólo se presentó un consorcio coreano-japonés, con una oferta inferior a la mitad de ese monto, y una empresa ligada al empresario Francisco Javier Errázuriz, cuya oferta alcanzó a 14,2% de la que resultó adjudicataria. Codelco, que compró las bases, no se presentó a la licitación, pues ya bastante antes había expresado que la explotación de sus pertenencias de litio no tiene una rentabilidad atractiva, que el tamaño del negocio es pequeño para Codelco, y que su vasto plan de inversiones en cobre no aconseja distraer recursos financieros y humanos en un negocio que habría que desarrollar desde sus inicios.
Pero dicha adjudicación ha despertado áspero debate sobre la conveniencia de permitir la explotación del litio a particulares y de la legalidad de la licitación misma. Los argumentos que aducen lo primero se basan en una serie de mitos en torno a ese mineral que conviene a Chile despejar. La discusión de lo segundo se ha radicado en los tribunales, tras una demanda de nulidad de derecho público interpuesta por un grupo de parlamentarios, que fue acogida a tramitación por el juez, mas no así la medida precautoria solicitada que suspendía la licitación, por lo que los demandantes pidieron y obtuvieron que la Corte de Apelaciones solicitara al juez un informe sobre sus razones para rechazarla.
El litio es abundantísimo en el planeta y no sólo en Chile. De hecho, hay reservas conocidas para mil 600 años de explotación al ritmo actual. Y si su precio aumentara de manera importante, esas reservas podrían crecer mucho más aún. El tamaño de su mercado mundial es de unos 700 millones de dólares anuales, menos de 0,5% del mercado mundial del cobre, por lo que aun si la demanda por el primero aumentara fuertemente, su importancia seguiría siendo marginal. Por eso, insistir en su carácter estratégico es un anacronismo. Que Chile agregue valor al litio es independiente de su explotación como metal, pues depende de las capacidades tecnológicas, financieras y comerciales disponibles para ello, que no dependen de su extracción de los salares.
La adjudicación a SQM ha sido criticada porque esa compañía es una de las dos que actualmente lo explotan, y eso concentraría aún más su producción. Sin embargo, como los CEOL transforman automáticamente a sus adjudicatarios en socios del Estado de Chile, por el pago ofertado en la licitación y por el 7% que se comprometen a aportar al fisco, además del royalty e impuestos normales que resulten de su explotación, cualquier mayor precio del metal beneficia directamente al país. En todo caso, éste no es el único contrato CEOL que se puede adjudicar.
Al país le conviene seguir explotando recursos como el litio, recaudar impuestos e invertir esos montos en proyectos socialmente rentables. Y contribuiría a ese beneficio nacional que las propias empresas actuaran de modo resuelto en hacer comprender a la opinión pública esa obvia conveniencia común, lo que hasta ahora, inexplicablemente, han omitido hacer.
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