Temperatura ambiental

por Héctor Soto

Publicado en La Tercera, 15 de septiembre de 2012

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Serena crítica de la ministra del Medio Ambiente a un fallo judicial. Enérgico pronunciamiento de rechazo de la Corte Suprema. Si bien no hay mayor conflicto entre los poderes del Estado, está claro que hay tensión.

MONTESQUIEU PUEDE dormir tranquilo. No fue la sana doctrina de la división de poderes del Estado la que terminó con más abollones esta semana. El verdadero centro de la discusión estuvo en la reacción corporativa del Poder Judicial a las palabras de la ministra María Ignacia Benítez que recogieron el análisis crítico que hizo el gobierno del fallo que echó por tierra el proyecto termoeléctrico de Castilla. Por mayoría de votos, los jueces del máximo tribunal consideraron que sus declaraciones constituían una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que exclusiva y excluyentemente la Constitución Política entrega a los tribunales de justicia.

Derecho a crítica

Podrá ser comprensible, pero no deja de ser curioso el celo del Poder Judicial. No obstante que el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema envuelve un mazazo muy poco elegante a nuestra precaria institucionalidad ambiental y un juicio muy altanero sobre la conducta de los servicios de la administración involucrados en esta materia, los jueces esperaban que el gobierno inclinara la cabeza y se amputara el derecho y la obligación que le asiste de expresar su parecer. 

Aunque la ministra lo hizo en términos muy respetuosos y comedidos, sus palabras por lo visto generaron gran irritación. El estándar de la corte es un tanto impredecible. Como este es uno de los pocos cuerpos colegiados de nuestra institucionalidad que no tiene memoria ni está acostumbrado a asumir su responsabilidad en las decisiones que puede haber adoptado en el pasado, pareciera que la corte parte de cero todos los días. Ahora considera inaceptables las apreciaciones básicamente técnicas de una ministra sobre un fallo contra el cual ya no proceden recursos. Pero en su momento, por ejemplo, no parece haber tenido grandes problemas en ser pauteada  por el propio Presidente de la República, en momentos en que sí existían muchas causas y fallos pendientes en casos de derechos humanos, respecto de la correcta interpretación de la ley de amnistía. Hoy está claro que era probablemente lo que había que hacer para que conductas criminales no quedaran impunes. Está bien, pero si entonces no se dijo nada, no hay mucho piso para andar rasgando vestiduras ahora. Perfecto: los ministros actuales ya no son los de entonces. Pero en estas materias, más allá de las personas, que van rotando,  es bueno dejar hablar a las instituciones, que permanecen. 

Un poder incomprendido

Al recluirse en la pretensión de que los fallos no pueden ser comentados ni criticados por los miembros de otros poderes del Estado, lo que el Poder Judicial está haciendo es manifestar la sensación gremial de sentirse incomprendido. Al Poder Judicial no le gustaron las jurisdicciones especializadas. El peso de la noche es cosa seria entre nuestros magistrados. De hecho, se resistieron hasta el final a la reforma procesal penal. Miraron con abierta desconfianza la normativa sobre libre competencia, que ha permitido con el tiempo ir transparentando poco a poco los mercados y entregando mejores herramientas para resguardar los derechos de los minoritarios y consumidores. Tampoco les gustan los tribunales ambientales, no obstante que en este plano los niveles de incertidumbre en los estrados judiciales han estado creciendo exponencialmente en los últimos años, al punto que muchos abogados ambientalistas y empresas del sector no saben a qué atenerse. Que quede en claro que para un país como Chile el peor escenario no es tener una normativa ambiental terriblemente exigente o puritana, que encarezca innecesariamente la energía. Eso podría no ser bueno, pero lo peor, por lejos, es tener incerteza y vaguedad en estas materias, que es lo que se produce cuando las cortes, empujadas muchas veces por jueces demasiado creativos o emocionales, se empeñan en encontrar la piedra filosofal a la vuelta de cualquier causa o esquina.

No se necesita mucha agudeza para leer en el pronunciamiento de la Suprema una exhortación a acusar constitucionalmente a la ministra. Hubo diputados opositores que mordieron el anzuelo, pero ya el miércoles por la tarde se veía cada vez más claro que esa amenaza no tenía mayor destino. Los políticos saben que darse estas licencias ahora puede tener altos costos mañana, sobre todo si esperan ser gobierno. Un Poder Judicial atrincherado en sus propias verdades oficiales e inmunizado contra el escrutinio público es una representación que no le puede gustar a nadie.

Nada de cuanto ocurrió esta semana puso en riesgo el estado de derecho en el país. No hubo desacato ni intromisión en asuntos de la justicia por parte de la ministra. Tampoco se puede hablar de conflicto de la judicatura con el gobierno. Pero sí hay que reconocer que hubo tensión y que para contingencias así hay canales institucionales de contacto e instancias de encuentro. Bueno, habrá que quitarles el polvo y hacerlas funcionar. Habrá que mejorar también los radares de prospección y trabajar con sintonía fina. Lo que no cabe, porque sería impresentable, es dividirse la torta llegando a un acuerdo entre cuatro paredes como el que exhortó a hacer el propio ministro Sergio Muñoz al llamar a las partes a conciliación en la causa de Castilla, sobre materias que supuestamente envolvían derechos constitucionales intransables. Aquí no hay espacio para eso. Lo único que procede es que cada poder del Estado haga bien su trabajo. Y que respete el ámbito de competencia de los otros dos.