La fragata embargada

Cartas 

por Hernán Felipe Errázuriz
Diario El Mercurio, Sábado 20 de Octubre de 2012 

La Presidenta Cristina Fernández demoró más de 15 días en pronunciarse sobre el embargo del buque escuela "Libertad". La justicia de Ghana retuvo la nave el 2 de octubre, en cuanto un activo ejecutable para pagar deudas del Estado argentino y fijó una garantía de 20 millones de dólares para liberarla. La nave y su tripulación -de cerca de 300 marinos, con 15 guardiamarinas y un oficial chilenos, otros uruguayos, bolivianos y brasileños- están entrampadas.

Argentina se resiste a la garantía por estimarla una renuncia a la inmunidad soberana que ampararía a la nave retenida. La ley internacional reconoce la inmunidad de determinados bienes del Estado. Pero también es corriente que, como ocurre con innumerables contratos internacionales, especialmente de préstamos, los estados renuncien a la inmunidad de sus activos en el exterior para servir de medios de pago forzoso. Puede ser sin límites, y sucede cuando hay desprolijidad en sus ordenamientos internos. Es lo que están tratando los jueces de Ghana, que han demostrado ser resistentes a las presiones diplomáticas.

La legislación chilena es clarísima: el Estado puede convenir la jurisdicción internacional y renunciar a la inmunidad soberana sólo en algunos casos; requiere decreto del Presidente de la República, con exclusión de las sedes diplomáticas, buques y bienes para fines militares y activos del Banco Central.

El incidente del buque escuela revive un desconocimiento por los gobiernos argentinos de sus compromisos internacionales. En este caso, por la decisión unilateral de sólo pagar el 30% de la deuda externa, confiscando sin compensación y privando a los acreedores del 70% restante.

Ante el impacto, surgen teorías conspirativas para ocultar ineptitudes y eludir responsabilidades políticas, como si la gira de la fragata no requiriera el conocimiento de autoridades políticas, la Cancillería y el Ministerio de Defensa. Hasta ahora sólo hay víctimas inocentes, numerosos uniformados y la dignidad de un pueblo que ve comprometido un buque emblemático. El kirchnerismo invoca el interés nacional e inventa éticas descalificadoras y despreciativas para negarse a cumplir con la ley y con sentencias de los tribunales, sin respetar derechos ajenos, e incumple compromisos: los empresarios y las corporaciones son "destituyentes", la prensa opositora son "medios del desánimo", los agricultores son "patria soyera", los proveedores del Estado son "patria contratista y financiera" y los acreedores son "fondos buitres".

Cuando reconocen la jurisdicción internacional, como ocurre en los tratados de protección de inversiones y como ocurrió con el arbitraje del Beagle, algunos gobiernos argentinos luego desconocen su compromiso y la sentencia correspondiente. Los jueces de Ghana están tomándose tiempo para estudiar con detención la solicitud de los acreedores que, a falta de pago convencional, se han visto forzados a recurrir a la fragata.