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No bastan formas, procedimientos y estructuras, cabe preguntarse ¿qué es lo bueno y a quién corresponde?

¿Reforma de la reforma?
por Gonzalo Rojas 
Diario El Mercurio, Miércoles 10 de Octubre de 2012 


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Fue delicado el ministro de Justicia. Fue delicado, pero sugerente, cuando afirmó que "esperamos que la formación de los jueces sea más equilibrada y no se represente siempre una visión".
La Academia Judicial está a cargo de esa tarea formativa. La institución se plantea esa labor como un trabajo de suplencia, ya que considera que hay "insuficiencias que presenta la formación universitaria para el ejercicio de la función judicial". Pero, al mismo tiempo, concibe su misión como una tarea proyectiva, destinada a "asumir los desafíos que plantea la judicatura para la construcción del Estado de Derecho".
Lo primero es discutible. ¿Han deliberado las universidades, el Ministerio de Justicia, la Academia y el Poder Judicial sobre lo que se necesita para formar en el pregrado y en el posgrado a un futuro buen juez? Si lo han hecho, ¿por qué figura entonces aquella crítica abierta en el portal de la Academia? Y si no lo han hecho, ¿por qué el organismo formativo de los jueces no ha logrado generar esa instancia de imprescindible diálogo?
No parece extraño, entonces, que surja una legítima duda sobre aquellos propósitos: esa declaración podría ser sólo retórica, porque lo que quizás en realidad busca la Academia en la formación de los jueces es distanciarse de las universidades más tradicionales, mientras de manera sutil se vincula a unas pocas nuevas corporaciones, las que le entregan egresados disponibles para ser convertidos en jueces que "construyan el Estado de Derecho".
Esto último es muy grave. ¿Qué significa? ¿Que el Estado de Derecho no existe sino por las decisiones judiciales? ¿Que sólo quienes pasan por la Academia Judicial están capacitados para tomar buenas decisiones sobre lo justo? Y en relación con esas preguntas, ¿qué datos arroja la estadística sobre las universidades en que han estudiado los nuevos jueces?
Cuando se analiza el programa formativo de los futuros magistrados, queda claro el sesgo que sugiere el ministro de Justicia. La Academia afirma que lo importante es que, al finalizar sus cursos, el graduado sea capaz de tomar "las decisiones pertinentes y adecuadas (de acuerdo con la ley procesal y criterios de oportunidad)".
Ahí está todo el problema: si las decisiones judiciales tienen por único marco de referencia la ley procesal y las circunstancias o criterios de oportunidad (cómo no recordar la circular del general Prats, de enero de 1973, sobre el otorgamiento de la fuerza pública para el cumplimiento de las sentencias judiciales), no pueden extrañar en absoluto los errores que cometen algunos jueces de todos los niveles.
Porque en su programa formativo no hay referencias a la persona humana, ni al bien o al mal -es decir, a los sujetos a juzgar y a los criterios de fondo para fallar-, ni a los grandes bienes llamados justicia y paz. Y mucho se habla, por cierto, de modos de trabajar y de criterios instrumentales. Ya se sabe: formas, procedimientos, estructuras. Pero, ¡qué distinta es la experiencia común! Porque jueces hemos sido todos muchas veces. Y la vida enseña que se equivoca menos el que se hace esta decisiva pregunta: ¿Qué es lo bueno y a quién le corresponde?
Ante este dudoso panorama en la formación de los jueces, ¿qué hace falta? ¿Modificar la ley? ¿Una reforma de la reforma? No. Esas serían sólo soluciones de parche, porque las decisiones las seguirán tomando personas con una determinada carne y unos específicos huesos.
Es el momento de un gran acuerdo entre las universidades de más prestigio, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, para que pueda determinarse cuál es la formación adecuada y cómo debe entregarse a las personas debidas. Y tendremos justicia con verdad.

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