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HIDROELECTRICIDAD REALMENTE SUSTENTABLE PARA CHILE



Claudio Meier Vargas
Ingeniero Civil, mención Hidráulica (Universidad de Concepción) 
M.Sc. Ingeniería Hidráulica (Colorado State University)
Ph.D. Ecología de Ríos (University of Montana)
Profesor Asociado, Departamento de Ingeniería Civil
Universidad de Concepción

Introducción

Este documento, 
que corresponde todavía a un borrador preliminar, 
explica brevemente y en un estilo informal 
los principales impactos ambientales 
de la hidroelectricidad, 
refutando la supuesta “amigabilidad ambiental” 
de los proyectos existentes y propuestos en Chile. 

Luego, expone las múltiples falencias 
de la denominada “institucionalidad ambiental”, 
ayudando a comprender lo mal que evaluamos 
ambientalmente los proyectos 
de desarrollo hidroeléctrico. 

Finalmente, entrega ideas de cómo 
podríamos mejorar la situación imperante, 
en un marco democrático, de consenso, 
con una toma de decisiones informada, 
transparente, basada en criterios técnicos 
y ciencia más que en política, 
conveniencia, o miedos. 

En la mayoría de los casos, se entregan 
ejemplos propios de mi experiencia 
como consultor y académico. 

Desde la partida, 
quiero enfatizar que estoy a favor 
de que los proyectos grandes 
de hidroelectricidad sustentable 
sean parte importante de nuestra matriz energética, 
pero en un marco legal y regulatorio muy distinto 
al que aplicamos hoy en Chile.

En los últimos 20 años he revisado la mayoría 
de los estudios de impacto ambiental (EIAs) 
para grandes represas en Chile, 
partiendo con la evaluación voluntaria 
de la Central Hidroeléctrica (CH) Pangue, en 1991, 
a solicitud de la Cámara de Diputados. 

En muchos de los casos 
este trabajo ha sido ad-honorem, 
aunque recientemente y por primera vez 
en el marco de un contrato, 
lideré un equipo multidisciplinario 
compuesto por nueve colegas 
de  la Universidad de Concepción, 
encargado de revisar 
los estudios de impacto ambiental 
para los proyectos HidroAysén 
y Central Hidroeléctrica Río Cuervo, 
para la Dirección General de Aguas. 

Mi especialidad son los impactos ambientales en ríos, 
desde una perspectiva interdisciplinaria; 
soy ingeniero civil con mención en hidráulica, 
con estudios de postgrado (12 años en total) 
en ciencias ambientales, ingeniería hidráulica, hidrología, 
gestión de pesquerías deportivas y ecología de ríos. 

Impactos ambientales de la hidroelectricidad

Una central con represa (“de embalse”) resulta 
en la inevitable conversión del hábitat  fluvial en un embalse,
al inundarse el tramo de río aguas arriba del muro. 

También causa una serie de efectos de barrera, 
al cortarse la continuidad para el paso de organismos, 
grandes desechos leñosos, sedimentos, materia orgánica, etc. 

La conversión de río en embalse es imposible de mitigar, 
a menos que se cambie el lugar o el tipo de central 
(por ejemplo, se haga una central de paso 
en vez de una de embalse); 
éste es el costo duro que debemos pagar como sociedad 
para generar energía con una represa. 

Los efectos de barrera son difíciles de mitigar, 
aunque se ha avanzado mucho en los últimos 50 años 
en países desarrollados (y también en China, 
en el caso del paso o flushing de sedimentos).

Obviando estos efectos, los impactos más fuertes 
causados por centrales hidroeléctricas con presa, 
genéricamente, ocurren en el tramo 
ubicado aguas abajo del muro, 
y en la zona costera adyacente 
a la desembocadura del sistema fluvial afectado. 

Así, los principales impactos ambientales 
de un proyecto hidroeléctrico 
se deben a las alteraciones en el régimen hidrológico 
(el hecho que se cambian los patrones naturales 
de fluctuación del caudal del río), 
los cambios en el transporte 
de sedimentos debido a la retención 
de la mayor parte del material en la cola del embalse 
(material de todos los tamaños, desde arcilla a bolones, 
e incluyendo la materia orgánica transportada por el río, 
esto es, troncos, hojas y ramas molidas, etc.), 
y los efectos sobre la calidad del agua - en el caso chileno, 
sobre todo los cambios en los regímenes naturales 
de temperatura y turbidez, que afectan profundamente 
el funcionamiento ecológico del río, 
al alterar la variable ambiental 
más importante para los organismos acuáticos, 
así como la dinámica trófica.

En el caso de centrales hidroeléctricas 
“de pasada”, en general, 
los impactos se centran 
en el tramo de río “by-passeado” (atajo)
por el canal de derivación, 
el cual puede quedar con caudales muy reducidos, 
y sufrir cambios apreciables 
en sus patrones de temperatura del agua 
y disponibilidad de hábitat. 

Como en Chile jamás se ha requerido que se mantenga 
el paso de peces en las obras hidráulicas, también hay 
efectos sobre las poblaciones de organismos acuáticos, 
al verse fragmentado su rango original de distribución, 
tanto por la presencia de muros (aunque sean bajos), 
como por la ocurrencia de tramos infranqueables, 
al tener éstos características inadecuadas 
de temperatura o de disponibilidad de hábitat. 

Chile tiene una gran deuda respecto 
de la temática de paso de organismos en sistemas fluviales, 
puesto que jamás se ha considerado este aspecto 
en ningún tipo de diseño de obra que intervenga ríos o esteros 
(desde las alcantarillas bajo los caminos forestales 
hasta las presas más grandes). 

Esta área de la ecohidráulica representa desembolsos anuales 
de miles de millones de dólares en los países desarrollados, 
en investigación pero sobre todo aplicaciones, 
mientras que en Chile ni siquiera se habla del tema.

En nuestra realidad chilena, donde prevalece 
una ignorancia supina 
respecto de la mayoría de estas temáticas, 
lo único que se suele discutir 
(en la propaganda de las empresas eléctricas, 
cuando opinan los políticos 
y los ministros del interior y de la energía, 
o incluso cuando hablan algunos ambientalistas) 
son cosas como: “qué bueno es este proyecto, 
porque inunda mucho menos 
que Itaipú por cada MW instalado”, 
“es mejor hacer centrales de pasada porque no inundan”, 
o bien “los grandes proyectos hidroeléctricos son dañinos, 
pero las minicentrales son una buena alternativa”, etc. 

En los hechos, es muy difícil generalizar, 
y cada proyecto tendrá impactos ambientales específicos, 
que dependerán principalmente del lugar donde se localice 
(río y ubicación específica), 
de su diseño ingenieril, y de la operación elegida.

En el fondo, no hay ninguna regla general que sirva: 
para cada proyecto es necesario estudiar los cambios 
en los caudales, sedimentos y calidad del agua, 
y cómo estos efectos, sumados a los de la presencia del muro 
y la pérdida de hábitat fluvial, afectarán la hidrología, 
la geomorfología, y la ecología del tramo, así como a los organismos. 

También me parece necesario derribar 
algunos mitos imperantes a nivel local. 

Por ejemplo, hay bastante literatura 
que indica que el impacto ambiental 
de muchas minicentrales puede ser 
vastamente superiores al de una sola megacentral, 
ubicada en un buen lugar, y con un diseño 
y operación ambientalmente amigables. 

Por otra parte, el tapar Chile con centrales de paso, 
cada una de las cuales suele dejar 
unos 15 ó 20 km de río con un caudal ínfimo, 
también generaría impactos acumulativos inaceptables. 

En los hechos, en la zona central de Chile 
estamos perdiendo a paso acelerado 
la totalidad de nuestra biodiversidad acuática, 
al desviar el agua de todos los ríos medianos y grandes, 
sea para riego, o bien ahora para centrales de paso, 
las cuales se asume erróneamente que son “ecológicas”, 
esto es, “ambientalmente amigables”.

Impactos típicos en el caso chileno

Según lo conversado, 
la enorme mayoría de los proyectos 
construidos y propuestos en Chile 
no muestran NINGUNA novedad, 
desde el punto de vista ambiental, 
respecto de la megapresa Hoover (1935), 
la primera del mundo, sobre el río Colorado (USA). 

Por ejemplo, y esto corresponde 
a un impacto fuertísimo en general, 
la mayoría de las centrales hidroeléctricas en Chile, 
incluso las de paso, suelen generar de punta, 
alterando los caudales naturales a la escala diaria u horaria. 

Esto lo hacen acumulando 
agua durante parte del día, 
liberando entonces caudales muy bajos, 
para luego  generar con caudales 
mucho más altos que los naturales. 

Por ejemplo, este mes de Febrero recién pasado, 
la operación de la Central Hidroeléctrica Pangue 
convirtió diariamente al río Biobío bajo la presa 
desde un esterito de 3 metros cúbicos por segundo
en un torrente de 560 metros cúbicos por segundo, 
en sólo unos pocos minutos, y luego vice-versa, 
causando impactos ambientales superlativos, 
que debieran ser totalmente inaceptables 
en cualquier sociedad civilizada. 

¿Puede alguien en su sano juicio no darse cuenta 
que no debiera hacerse esto con un río del tamaño, 
la importancia, y con los múltiples usos del Biobío 
(agua potable, riego, dilución de riles de celulosas 
y aguas servidas domésticas, pesca deportiva 
y recreación, conservación de la vida silvestre, etc.)? 

La generación de punta 
tiene un objetivo netamente económico, 
ya que la electricidad se vende a mejor precio 
durante las horas de mayor demanda. 

A su vez, las fluctuaciones 
pueden suavizarse o eliminarse 
construyendo contraembalses. 

Éstos corresponden a presas bajas, 
ubicadas aguas abajo del punto de liberación, 
las que se llenan de agua cuando 
ingresa un pulso positivo de caudal, 
para luego liberarla durante las horas 
en que no se genera electricidad. 

En todo Chile existe solamente 
un proyecto hidroeléctrico, sobre el río Duqueco, 
que incorpora un contraembalse 
como medida de mitigación. 

Aunque éste no tiene el tamaño suficiente 
para laminar completamente los pulsos 
(y además ha perdido capacidad 
por problemas de sedimentación), 
ayuda a suavizarlos, disminuyendo así la severidad 
de los impactos ambientales aguas abajo. 

¿Si se gana más dinero generando de punta, 
porqué no se exigen contraembalses 
en todos los proyectos que pretendan hacerlo?

Además, las grandes presas en Chile 
también causan cambios hidrológicos 
a la escala mensual (trasladando agua estacionalmente, 
o sea liberando caudales mayores que los naturales 
en verano y menores en invierno), resultando 
en otros tipos de impactos ambientales. 

Retienen la enorme mayoría 
del sedimento acarreado por el río, 
incluyendo el transporte de material del lecho 
(que determina las formas fluviales, 
en conjunto con el régimen de caudales) 
y los sedimentos orgánicos 
(que son una de las dos grandes fuentes 
alimenticias para los organismos acuáticos, fluviales y marinos). 

Afectan la turbidez del agua, 
cambiando la base trófica de los ecosistemas acuáticos. 

Cambian drásticamente los regímenes de temperatura, 
al sacar agua (hipolimnética) desde lo profundo de los embalses. 

Impiden el paso de todo organismo, etc...

El único proyecto verde en Chile, 
cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue inicialmente rechazado

La única excepción que conozco a esta regla 
es el caso de la Central Hidreléctrica San Pedro, 
ubicada sobre el río homónimo, 
aguas abajo del desagüe del lago Riñihue. 

Con un equipo de colegas del Centro de Ciencias Ambientales 
EULA-Chile de la Universidad de Concepción, 
participé en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
para esta central, en el cual, tras evaluar el proyecto preliminar, 
logramos convencer a Colbún de que su ubicación y características 
causaban dos grandes impactos que debían evitarse: 
el peralte del lago Riñihue, con amplios efectos ecológicos 
y socio-económicos, y la imposición 
de fuertes fluctuaciones al río San Pedro, 
al querer generar de punta, lo cual habría afectado los caudales, los usos, 
y la ecología de este importante río (que se convierte luego 
en el río Calle-Calle y finalmente en el Valdivia) y de su estuario.

En un gesto de mucha relevancia ambiental 
(mucha más que la totalidad de los procedimientos 
de evaluación ambiental, en el caso de los demás proyectos), 
la compañía accedió a cambiar el diseño y operación del proyecto, 
de modo que éste liberara siempre el mismo caudal entrante al embalse. 

Así, propusimos finalmente al Sistema de Evaluación Ambiental 
una central hidroeléctrica grande, con un muro del orden 
de los 45 m de altura, pero que no alteraría los caudales del río 
a ninguna escala de tiempo, no afectaría el transporte de sedimento 
en el río (puesto que se ubica aguas abajo de un sedimentador perfecto, 
un lago grande con más de 300 m de profundidad), 
y modificaría muy levemente la temperatura del agua 
(el tiempo medio de renovación 
de las aguas del embalse es del orden de 21 horas; 
o sea, el agua del embalse 
se renueva en menos de un día, en promedio). 

Además, Colbún financió por varios años, 
como jamás ha ocurrido antes o después en Chile, 
un extenso estudio de los peces nativos en el tramo y la cuenca, 
liderado por una colega del Centro de Estudios Ambientale EUL A-Chile,  
de la Universidad de Concepciónel que incluyó aspectos de hábitat, 
dieta, patrones de movimiento, genética y estructura poblacional, etc. 

Se pudo mostrar así que, a pesar de que el proyecto no considera obras 
para el paso de peces, la mayoría de las especies no se vería afectada 
en demasía por la obra, debido a sus estructuras poblacionales particulares. 

Debe enfatizarse que el estudio de peces 
en el caso del Estudio de Impacto Ambiental 
para HidroAysén tuvo un esfuerzo 
de muestro ínfimo en comparación con el de 
la Central Hidroeléctrica San Pedro, 
y no aportó información biológica de base 
para comprender la ecología de las especies que se verán afectadas.

Es importante notar que, como cualquier proyecto hidroeléctrico, 
la Central Hidroeléctrica San Pedro, actualmente bajo construcción,  
no está exenta de impactos. 

De hecho, el tramo inundado por el embalse 
es hábitat óptimo para un bagre nativo con serios problemas 
de conservación y que sólo se encuentra en muy pocos ríos. 

Si alguien plantease seguir represando ríos 
dentro del rango de distribución de esta especie, 
es muy probable que pudiera desaparecer 
(lo cual señala desde ya la importancia 
de la gestión territorial, y la necesidad de llevar a cabo 
análisis sectoriales estratégicos 
y Estudios de Impacto Ambiental acumulativos). 

Sin embargo, dentro del balance, no me cabe duda que éste 
ha sido lejos el proyecto hidroeléctrico más amigable 
desde el punto de vista ambiental jamás propuesto en Chile, 
al no cambiar ninguno de los regímenes que determinan 
el funcionamiento de un sistema fluvial, 
y al estudiar con mucha profundidad a la fauna de peces nativos. 

Además, el hecho de no alterar 
los regímenes naturales 
simplificó notoriamente 
la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, 
puesto que no fue necesario modelar una serie de impactos, 
tal como debería hacerse (pero no se hace) 
en el caso de los demás proyectos, 
que sí cambian drásticamente 
el funcionamiento natural del sistema fluvial.

Sin embargo, y esto 
es lo más increíble de este caso de estudio, 
a pesar de lo que acabamos de indicar, 
el proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro 
ha sido también uno de los más rebatidos 
y atacados por la “institucionalidad ambiental chilena”; 
de hecho, su Estudio de Impacto Ambiental 
fue inicialmente rechazado. 

Los servicios públicos encargados 
de tramitar el Estudio de Impacto Ambiental 
cuestionaron repetidamente muchos aspectos del estudio. 

Por ejemplo, nos preguntaron hasta el cansancio 
cuál sería la vida útil del embalse, o sea, 
cuánto tardaría en llenarse de sedimentos. 

En cada caso, expliqué claramente que el río 
correspondía a un desagüe de un lago muy profundo, 
un sedimentador perfecto, por lo que no entraba 
sedimento alguno al embalse, que no fuese 
por los aportes muy menores de los demás tributarios, 
que en total eran algo así como 
un 1% del área de la cuenca aportante.  

No hubo caso....

Respecto de este tema, ¿se pregunta alguien 
cómo se abordó la vida útil de los embalses 
en la evaluación ambiental de HidroAysén? 

Fácil: ellos plantearon en sus respuestas, 
desde el inicio hasta el final, 
y a pesar de nuestros comentarios en contra, 
de que era “imposible” medir el transporte 
sólido de fondo en ríos tan veloces y profundos 
como el Baker y el Pascua (esto no es verdad; 
hay mucha literatura científica que muestra cómo hacerlo); 
entonces, se basaron en datos del transporte en suspensión 
(el sedimento que se incorpora a la columna de agua, 
del cual se efectúa usualmente una medición mensual 
en las estaciones fluviométricas, donde se mide el caudal), 
hicieron una serie de supuestos insostenibles
acerca del transporte de fondo 
como proporción fija del transporte en suspensión, 
asumieron producción de sedimentos por kilómetro cuadrado 
de cuenca (muy errado en este tipo de paisaje en deglaciación), 
aplicaron fórmulas de capacidad de transporte en vez de medir, 
despreciaron los aportes ingentes de sedimento asociados 
a la ocurrencia de GLOFs (Glacial Lake Outburst Floods, 
crecidas por vaciamiento brusco de lagos glaciales, 
como los ocho eventos ocurridos desde 2008 en el río Colonia), etc. 

En verdad, respecto a esta temática, 
no le creo ni a los datos, que son pocos los reales, 
ni a los modelos, ni a los supuestos, ni a los resultados. 

En los hechos, 
todos los tributarios a la ribera derecha del Baker 
provienen del Campo de Hielos Patagónicos Norte, 
con una tremenda producción de sedimentos, 
y ocurrencias de eventos tipo GLOF, 
que no han sido estudiados como 
corresponde en el caso de este proyecto. 

Por lo demás, los GLOFs tampoco han sido incluidos 
adecuadamente en los estudios hidrológicos 
para el diseño del vertedero de crecidas de la presa Baker 2, 
como hicimos ver detalladamente en los informes con críticas 
al Estudio de Impacto Ambiental, 
elaborados para la Dirección General de Aguas. 

Si bien HidroAysén ha alegado varias veces 
que sí se han considerado estas crecidas en los datos analizados, 
en los hechos tengo dudas fundadas de que así sea. 

Además, aunque hubieran datos de GLOFs en las series de datos, 
los procedimientos estadísticos (análisis de frecuencia) 
para analizar tales series históricas están profundamente equivocados, 
al juntarlas crecidas normales, hidrometeorológicas, con los GLOFs, 
como si perteneciesen a una misma muestra. 

Es evidente que estos últimos corresponden 
a eventos con una explicación geofísica diferente, 
y por ende provienen de una distribución de probabilidades
completamente distinta a la de las crecidas hidrometeorológicas. 

Por ende, no pueden analizarse en conjunto, 
como si se tratara de una muestra homogénea, 
obtenida en forma idéntica e independiente desde una sola distribución. 

De todas maneras, aunque se incorporasen los GLOFs recientes 
al análisis en forma estadísticamente correcta, 
hay variada paleoevidencia de eventos GLOF 
mucho mayores que los actuales, ocurridos en tiempos recientes. 

Por ejemplo, participé de un trabajo 
liderado por un colega del Departamento de Ingeniería Civil 
de la Universidad de Concepción 
(hoy en la Universidad de Greenwich, Inglaterra) 
en que estimamos crecidas relativamente recientes 
(últimos siglos, en todos los casos) 
de hasta 15.000 metros cúbicos 
por segundo en el desagüe del Lago Colonia. 

Otros autores han documentado GLOFs aún mayores, 
provenientes del Lago Arco, también en la cuenca del río Colonia. 

Para comparación, las máximas crecidas hidrometeorológicas 
del Baker están en el orden de los 2000 metros cúbicos por segundo, 
los GLOFs recientes en torno a los 3000 metros cúbicos por segundo
y la capacidad del vertedero de la presa Baker 2 en torno 
a los 7000 metros cúbicos por segundo.

¿Cómo pueden estar tan seguros en HidroAysén, 
como han manifestado en varias oportunidades, 
de que todos los GLOFs seguirán siendo como los actuales, 
si en el pasado reciente han ocurrido eventos mucho mayores? 

¿Podría cambiar el mecanismo de falla en el lago Cachet 2, 
o bien podrían empezar a ocurrir eventos GLOF 
en otros tributarios del Baker, resultando 
en crecidas mayores que harían peligrar la presa? 

¿Qué rol jugará el cambio climático global en acelerar la ocurrencia, 
o la recurrencia, de tales tipos de crecidas extremas? 
Muchas preguntas, con pocas respuestas.

Volviendo a la evaluación ambiental 
de la Central Hidroeléctrica San Pedro, 
los servicios públicos también cuestionaron profundamente 
que la restitución del caudal se efectuase unos 800 m 
aguas abajo del pie de la presa, “dejando un tramo de río seco”. 

Como había un desnivel fuerte en esos 800 m, 
el devolver el caudal al pie de la presa era mucho menos rentable 
que hacerlo en el lugar escogido. 

El costo ambiental de tal rentabilidad 
era perder ese tramo de agua corriente, 
pero debe considerarse que 800 m es algo menor 
en comparación con los 12 a 13 km ya inundados bajo el embalse. 

Además, como les hice notar varias veces a los servicios públicos, 
si el proyecto hubiese considerado una presa de tierra, más ancha, 
en vez de un muro de hormigón (mucho más delgado), 
entonces el solo ancho de la presa en su base habría resultado 
en la pérdida de varios cientos de metros de cauce, 
pero nadie habría dicho nada... 

Finalmente, este tramo en particular no era aluvial, con múltiples brazos, 
formas complejas y una gran y variada disponibilidad de hábitat, 
sino que se trataba de un tramo con alta pendiente, lecho de roca 
y velocidades del agua bastante altas, lo cual en términos relativos 
no provee un hábitat de tanto valor. En este caso, a todas luces, 
había que cuadrarse con la producción de energía.

Como vemos, el Estudio de Impacto Ambiental 
de lo que a mi entender es lejos la central hidroeléctrica
ambientalmente más amigable que haya sido jamás 
sometido a la “institucionalidad ambiental chilena”, 
fue inicialmente rechazado. 

Después de varios años logró su aprobación, pero con un gran costo: 
Colbún no volvió a consultarnos acerca de los aspectos ambientales 
de los proyectos que siguieron. Al parecer, se dieron cuenta 
de que en Chile era contraproducente plantear proyectos 
que fuesen realmente amigables con el ambiente, 
puesto que, como las autoridades y la “institucionalidad” 
no saben realmente nada acerca de impactos ambientales 
de la hidroelectricidad, todo el proceso se termina basando 
en formalidades, y no en los aspectos de fondo. 

Además, por cierto, proyectos respetuosos con el ambiente 
cuestan un poco más y generan menos.

Así, para los proyectos siguientes, 
volvieron a ser simples consultoras, con muy poco background, 
las encargadas de sacar adelante los estudios ambientales 
y la aprobación de los mismos...

¿Cómo desarrollaríamos hidroelectricidad en una novela de Kafka?

En Chile hoy, ¿de qué depende 
que se construya una central hidroeléctrica 
en un cierto lugar, a lo largo de un cierto río? 
Por ejemplo, ¿porqué se está aprobando HidroAysén 
en vez de preferir más centrales en el Biobío, 
o en otros ríos de la zona centro-sur? 

Además, ¿con qué criterios se elige el diseño 
y operación para estos proyectos que, 
tal como demostramos antes, 
son muy poco respetuosos con el ambiente?

Estas tres decisiones fundamentales, 
ubicación, diseño y operación, 
que en los hechos determinan 
íntegramente los impactos ambientales 
de un proyecto, permitimos que las tome un privado, 
con un solo interés: maximizar su rentabilidad. 

Para hacerlo, se adueña de derechos de agua en un tramo de río 
que cumple con tener un alto caudal y desnivel 
(y una garganta angosta, si se trata de una central de embalse). 

Elabora luego un proyecto ingenieril para esta ubicación “óptima”, 
eligiendo una operación que le reporte el mayor beneficio. 

En todas estas decisiones, no interviene el Estado, 
y a nadie le importa si se trata de un río prístino (el Pascua) 
o bien uno que ya ha sido gestionado 
de larga data por la humanidad (el Biobío), 
ni qué tipo de biodiversidad ampara, 
ni la presencia de otras actividades de desarrollo 
cuyos impactos interactuarán con los de la central planeada, 
ni los habitantes de esa cuenca y usuarios del río, 
que recibirán los impactos del proyecto pero no los beneficios, etc.

En buenas palabras, estamos represando Chile, 
río por río, tramo por tramo, con impactos ambientales brutales, 
sobre la base de decisiones descontextualizadas, 
netamente técnicoeconómicas, tomadas por privados, 
sin ninguna consideración ambiental o social, 
y sin ningún tipo de análisis territorial. 
¿Podría Kafka pensar en un esquema peor que éste?

Algunos dicen que sí hay algún tipo de “planificación”, 
ya que el Ministerio de Energía (ex Comisión Nacional de Energía) 
elabora un “plan de obras”, además de las típicas curvitas 
que muestran el crecimiento increíble que va a tener 
el consumo eléctrico en el futuro cercano 
(la última dice que “se triplicará en los próximos 20 años”; 
¿alguien ha mirado alguna vez si esas mismas predicciones en el pasado 
anduvieron siquiera cerca de lo que realmente sucedió después?
¿alguien ha leído acerca de la necesidad de desacoplar 
el consumo energético del crecimiento económico? 
¿qué “modelo de desarrollo” queremos para nuestro país?). 

Sin embargo, en el fondo, las decisiones que afectan a los ríos 
y a los habitantes de este país, en el esquema actual las toman compañías privadas, 
sin ningún input ni presión del Estado, en un modelo
con un “laissez-faire” más absoluto de lo que uno pudiera siquiera imaginarse.

Cuando las compañías han decidido cuáles serán los próximos proyectos 
que quieren desarrollar, sólo informan al Estado, el que las incorpora al plan de obras.

Una vez que el inversor dispone de un diseño a nivel de prefactibilidad para su proyecto, 
él mismo contrata una consultora para hacer un Estudio de Impacto Ambiental, 
¡sobre términos de referencia que son también elaborados por él mismo! 

En conclusión, el Estado es un mero espectador a lo largo de todo el proceso, 
hasta que recibe el Estudio de Impacto Ambiental  y tiene entonces 
unos pocos meses para decidir. 

Recapitulemos, pensando bien en lo increíble que resulta ser este sistema, 
en el cual le permitimos a cualquier privado destruir 
el patrimonio natural de este país, con muy poca retroalimentación:

(i) Quiero hacer un proyecto hidroeléctrico en un cierto lugar 
(independientemente del daño ambiental y social que pueda causar; 
de la pristinidad del tramo; de las demás actividades humanas que allí ocurren, etc.) 
porque me es altamente rentable. 

(ii) Obtengo los derechos de agua en ese tramo 
(o los tengo de antemano, gratis, porque soy ENDESA, 
una compañía estatal que se quedó con el 70% 
de los caudales de todo Chile en 1981, 
cuando se aprobó el nuevo Código de Aguas; 
luego estos caudales pasaron a una ENDESA 
privatizada entre gallos y medianoche, 
un par de meses antes del final de la dictadura; 
luego pasaron a la ENDESA del señorYuraszeck; 
luego a la ENDESA española con el “negocio del siglo”; 
y ahora son propiedad de ENEL, una compañía bajo control estatal, 
nuevamente, pero del Estado Italiano, no Chileno; o sea, 
¿el Estado Italiano es dueño de la mayoría 
de los caudales de los ríos chilenos?)

(iii) Elaboro un proyecto de ingeniería, 
eligiendo tanto el diseño como la estrategia de operación 
de modo de maximizar mi beneficio privado. 
Lamentablemente, necesito aprobar esto ambientalmente, así que...

(iv) Elaboro a mi pinta términos de referencia 
para los estudios ambientales que deberán llevarse a cabo 
para que aprueben mi proyecto, dejando de lado una serie 
de temáticas fundamentales, y especificando metodologías, 
sitios de muestreo, frecuencias de muestreo, etc. 
que en general son muy insuficientes, y no permitirán realmente 
conocer ni los impactos, ni los cambios en la situación con proyecto.

(v) Elijo a la consultora que llevará a cabo el Estudio de Impacto Ambiental, 
basado en los términos de referencia que yo mismo le di.

(vi) Presento mi mamotreto de Estudio de Impacto Ambiental  
a la “institucionalidad ambiental”, la cual revisa 
una serie de aspectos formales, los cuales no son nunca, 
ni pueden ser, de fondo, puesto que yo ya escogí 
el lugar, el proyecto, y su operación. 

O sea, los aspectos que realmente importan 
a la hora de tomar decisiones ambientalmente correctas 
ya están todos decididos desde la partida, 
y el sistema de evaluación no puede hacer nada 
para cambiarlos aunque los impactos nos estén gritando a la cara 
que hay que buscar una mejor alternativa de proyecto y/o de operación.

(vii) Tras suficientes trámites y “pinponeos”, 
el mismo proyecto que presenté hacen unos dos o tres años, 
el cual no ha cambiado en nada, se convierte milagrosamente 
en “ambientalmente amigable” y ahora es aprobado 
por un grupo de políticos designados a dedazo, 
que entienden aún menos de estos temas 
que los servicios públicos técnicos, 
los que no pudieron opinar por presiones indebidas 
del mismo gobierno que designó a los doce que votan...

Además, por supuesto, no hay revisión independiente 
del Estudio de Impacto Ambiental, 
los aspectos sociales no son vinculantes, 
no hay Estudio de Impacto Ambientales acumulativos 
que consideren las interacciones con los demás proyectos 
que la misma u otra empresa esté planeando en el lugar, 
no hay análisis de alternativas en el Estudio de Impacto Ambiental, etc. 

Las descripciones de los proyectos a veces dejan mucho que desear. 
Incluso se han aprobado proyectos cuyos Estudio de Impacto Ambientales 
ni siquiera especificaron la operación prevista, 
una de las variables más importantes a la hora de predecir 
los impactos ambientales de la hidroelectricidad. 

De todas maneras si se hacía, no era vinculante; 
o sea, una vez funcionando, la central 
al final operaba de cualquier manera. 

El caso más increíble fue el de Ralco, 
en que se aprobó ambientalmente un proyecto con 550 MW, 
¡para luego inaugurar al par de años uno de 692 MW!

Las líneas base (LBs) son patéticas; 
usualmente recopilaciones de una que otra tesis de pregrado, 
agregando algunos datos tomados sobre unas pocas semanas o meses, 
e inventando luego metodologías increíbles, 
con peripecias y prestidigitación de todo tipo, 
para fabricar datos inexistentes, 
que no fueron tomados a tiempo. 

Puedo dar docenas de ejemplos de esta situación, 
algunos que rayan en lo risible. 

Inclusos grupos académicos respetables 
se han prestado a este tipo de ejercicios, 
que en muchos casos ni siquiera calificarían 
como tesis de pregrado de un estudiante
de ingeniería mediocre 
(al menos para los estándares de mi universidad).

La literatura indica que en países desarrollados,
los costos de los estudios ambientales 
suelen ser del orden del 2 ó 3 % del costo total 
de los grandes proyectos de desarrollo. 

Esto es en países con redes hidrometeorológicas densas, 
con largas series de datos, con muchas universidades, 
estudios, tesis doctorales, etc., países en los cuales 
en los hechos existe ya una línea base antes de que 
siquiera se plantee de hacer un proyecto. 

Acá, donde la mayoría de las veces hay muy poco o nada 
(usualmente lo único que hay son los datos hidrológicos 
para diseñar la obra), los estudios ambientales 
para este tipo de proyecto debieran ser del orden 
del 5% del costo total, en vez de unas milésimas, 
ya que todo está aún por estudiar: los flujos de sedimentos, 
cómo los cambios hidrológicos y en los patrones de transporte 
de sedimento afectarán a las formas fluviales, 
la hidrodinámica detallada del futuro embalse, 
los organismos presentes con sus necesidades de hábitat, 
patrones de migración, dietas, la ecología de los sistemas 
considerando las interacciones entre todas las poblaciones, etc. 

Todos los Estudio de Impacto Ambiental  que he revisado en Chile 
ni siquiera mencionan los efectos sobre la geomorfología de los ríos, 
que son fundamentales para comprender los impactos ecológicos, 
ya que son las formas fluviales en evolución constante 
las que proveen el hábitat para todos los organismos acuáticos. 

Por ejemplo, en el Estudio de Impacto Ambiental para HidroAysén, 
el máximo contenido geomorfológico es la simple descripción 
de si los tramos son meandriformes o rectos... 

En  cuanto a la biología, lo usual es ver listados y listados 
de organismos, obtenidos de muestreos con muy bajo esfuerzo, 
con faltas de ortografía notorias en los nombres de las especies, 
y sin ninguna información relevante para tales especies 
(que no sea su nombre), que permita prever 
los reales efectos que tendría el proyecto. 

Si no conozco los rangos de tolerancia a la temperatura 
(y pH, salinidad, turbidez, etc.) de una especie, 
no sé dónde se reproduce ni cómo llega allí, 
no tengo idea de qué se alimenta 
en distintos momentos del año, 
no conozco sus necesidades de microhábitat, 
no sé nada acerca de su estructura poblacional 
ni sus movimientos, no sé cómo interactúa 
con las demás especies presentes (competencia, predación, etc.), 
y muchas otras cosas más, ¿cómo puedo pretender 
que estoy en condiciones de “evaluar el efecto 
que tendrá el proyecto sobre el ecosistema”? 

En verdad, con excepción del Estudio de Impacto Ambiental  
para el proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro, 
en el marco del cual se desarrolló un completo estudio 
de peces nativos (ver más arriba), en ningún proceso 
de aprobación ambiental para represas en Chile 
he encontrado la menor información acerca 
de los aspectos que menciono. 

En todos los casos es más de lo mismo: 
“fuimos a terreno unos pocos días, 
muestremos tales y tales organismos, y acá está el listado”. 

En los hechos, en muchos casos, 
ni siquiera está resuelta la taxonomía básica, 
o sea, los biólogos aún no están totalmente de acuerdo 
en cómo se clasifican algunos de los organismos 
que se encuentranen nuestros ecosistemas acuáticos.

Es importante destacar aquí que una línea base 
debiera cumplir una serie de funciones de la mayor importancia. 

En primer lugar, se necesita una buena línea base 
de modo de poder simular correctamente 
los impactos que tendrá el proyecto 
(cuyas características debieran describirse adecuadamente 
en otro capítulo del Estudio de Impacto Ambiental ) sobre el medio. 

En el caso de los Estudio de Impacto Ambientales que he revisado, 
la modelación de impactos (si es que la hay) se basa generalmente 
en la imaginación de los autores, puesto que no hay 
información relevante alguna en la línea base. 

En segundo lugar, una línea base completa 
permite comparar los sistemas naturales 
antes y después de la puesta en operación del proyecto, 
de modo de corregir la operación si se considera necesario, 
en el marco de un esquema de gestión adaptativa. 

En este caso, les conviene a las empresas 
tener una línea base lo más pobre posible 
(en cuanto a cantidad de estaciones de muestreo, 
frecuencia de los muestreos, variables que se muestrean, etc.), 
ya que ello asegura que nunca se podrá establecer diferencias 
con suficiente significancia que las obliguen, por ejemplo, 
a estabilizar pulsos diarios de caudal demasiado fuertes... 

Finalmente, y tal vez de mayor interés para las mismas empresas, 
el disponer de una línea base y de un sistema de monitoreo fuertes 
ayudaría a aclarar el origen de impactos ambientales causados en el sistema, 
pero por otras actividades humanas (por ejemplo, si realmente 
no fue la planta San José de la Mariquina la que causó 
el desastre del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, 
qué bien le habría venido a Celulosa Arauco 
contar con buena información que así lo demostrase, ¿cierto?).

Las modelaciones de impacto en los Estudio de Impacto Ambiental  
no merecen grandes comentarios. Con excepción de los datos hidrológicos, 
que en algunos proyectos son bastante buenos (aunque no los entreguen 
como parte de los Estudio de Impacto Ambiental, lo que constituye una vergüenza), 
simplemente ningún proyecto cuenta realmente con información de línea base suficiente 
como para poder predecir los impactos. 

En general, se hacen supuestos insostenibles, 
y los impactos que se identifican son muy generales 
y dependen solamente de lo que se le ocurra 
en ese momento a los autores del capítulo.

Para dar un solo ejemplo del tipo de información 
que uno esperaría en un Estudio de Impacto Ambiental decente 
para un gran proyecto hidroeléctrico, de entre muchísimos aspectos más, 
éste tendría que explicar cómo se esperaría  que evolucionaran 
las formas fluviales en el futuro, ante distintos escenarios operativos. 

El estudio geomorfológico implicaría describir cabalmente 
y luego modelar los sedimentos en el lecho del río 
(de más está decir, con la enorme variabilidad espacial 
que muestra un río con lecho de grava, no basta con una calicata por río, 
como se hizo en el Estudio de Impacto Ambiental de HidroAysén; 
tendrían que ser cientos de lugares de muestreo, tal vez miles), 
los caudales, la topografía, los ejes hidráulicos reales que ocurrirían, 
el inicio del movimiento de las partículas, 
el potencial engruesamiento del material del lecho 
(debido a la retención del flujo de sedimentos desde aguas arriba) 
con sus efectos sobre la rugosidad, las interacciones con la vegetación ribereña 
(incluyendo entonces un estudio a parte de la ecología de las especies nativas 
que ocupan la planicie de inundación), la posibilidad de que 
el cambio de régimen de caudales favorezca plantas exóticas invasivas 
(como el sauce y el chocho en los ríos de Aysén) 
y éstas invadan el cauce, cambiando sus características, etc, etc. 

En el caso de los organismos, y puesto que no se cuenta a priori 
con esta información para las especies acuáticas nativas, 
ya sea las compañías eléctricas o el Estado deberían invertir 
en investigación básica de modo de obtener, 
para los distintos estadios vitales de las distintas especies, 
sus necesidades de hábitat, sus dietas, sus patrones de movimiento 
(incluyendo migraciones), sus estrategias reproductivas, 
capacidad de nado y de salto, estructuras poblacionales, 
balances bioenergéticos, etc. 

Recién contando con esta información podría uno pensar 
en modelar, por ejemplo, los efectos sobre las poblaciones 
que resulten de cambiar los patrones de caudal, 
la disponibilidad de hábitat o bien los regímenes 
de temperaturas del agua, que es justamente 
lo que debiera contener un Estudio de Impacto Ambiental. 

Por cierto, las compañías privadas argumentarían 
tal vez con algo de razón que no tienen por qué pagar 
investigaciones básicas acerca de nuestra biodiversidad 
y la ecología de las especies nativas. 

Sin embargo, como el Estado en Chile no lo hace tampoco, 
lo menos que podría pedirse es que aquellos que se enriquecerán 
con nuestros ríos y lagos pongan los dineros para estudiarlos a cabalidad. 

En el caso de HidroAysén, por ejemplo, el Estudio de Impacto Ambiental 
encontró, a pesar del bajísimo esfuerzo de muestreo, 
que el Baker contiene especímenes de pejerrey y de un bagre 
del mismo género que el del San Pedro 
(¿qué más se encontraría si el esfuerzo de muestreo fuese adecuado?). 

Estas especies no se encuentran en otras cuencas de la Patagonia, 
y están presentes en el Baker sólo porque este río, 
en el pasado geológico reciente, tuvo su desagüe hacia el Atlántico. 

Además, hay peladillas (o farionelas), que son probablemente 
el género más vulnerable de peces nativos, 
debido a los efectos de los salmónidos introducidos en Chile. 

Algunas de las interrogantes 
que el Estudio de Impacto Ambiental 
debería dilucidar, entre muchísimas otras, son: 
¿cómo afectarán las fluctuaciones diarias de caudal 
a las poblaciones de cada una de estas especies?; 
¿cómo afectarán a las truchas y salmones, 
y tendrá esto a su vez un efecto indirecto en las especies nativas?; 
el cambio en las especies de invertebrados y en su disponibilidad, 
causado por la retención de la materia orgánica particulada en los embalses, 
el aclaramiento de las aguas, y el cambio en sus temperaturas, 
¿cómo afectará a la fauna de peces?; ¿las poblaciones de estos peces 
se verán fragmentadas por la presencia de los muros, al impedirse el flujo génico?; 
en tal caso, ¿es posible diseñar sistemas que aseguren el paso de estos peces?; 
a su vez, ¿conviene aplicar tales sistemas de paso en El Saltón 
(lugar de ubicación de la presa Baker 2), considerando que este salto 
impide la migración de los salmones chinook hacia la parte alta 
de la cuenca del Baker?; ¿para qué seguir, cierto? 

Nuevamente, hay muchas dudas y preguntas, y muy pocas respuestas.

Este país necesita tomarse las cosas en serio: 
Es imposible predecir los impactos ambientales 
de un proyecto de desarrollo si nada sabemos 
acerca de la biología de las especies que se verán afectadas, 
ni tampoco estudiamos a fondo la ecología de los sistemas que serán intervenidos. 

Lo que se está pasando hoy como Estudios de Impacto Ambientales 
no son nada más que recopilaciones de datos anecdóticos, 
que no permiten en ningún caso modelar los impactos 
con cierto margen  de credibilidad, y menos aún asegurar 
que se lograrán proyectos amigables con el ambiente.

Por ello, es necesario reformar profundamente los reglamentos 
que rigen la elaboración de Estudios de Impacto Ambientales para proyectos hidroeléctricos. 

Como mínimo, es el Estado que debe elaborar los términos de referencia, 
incluyendo todos los aspectos de interés, y fijar estándares de calidad para estos estudios. 

También debe encontrar mecanismos para financiar las investigaciones básicas 
que permitan conocer la ecología de nuestras especies, 
antes de que éstas desaparezcan sin que las alcancemos a conocer. 

En el caso de proyectos en ubicaciones sin datos previos, 
debe haber un período mínimo de toma de datos 
(hidrológicos, meteorológicos, biológicos, etc.), 
de manera que las series permitan 
representar la línea base adecuadamente. 

También debe haber una revisión exhaustiva de los 
Estudio de Impacto Ambientales, 
financiada por los proponentes pero adjudicada por el Estado.

Por otra parte, es absurdo que los Estudios 
de Impacto Ambientales en Chile no consideren alternativas. 

En efecto, el comparar los impactos ambientales 
de distintas alternativas de un proyecto es un eje central 
del proceso de evaluación de impacto ambiental 
en todos los demás países del mundo 
donde se utiliza este sistema. 

Acá, al no haber tal comparación, no se puede realmente 
visualizar qué tan dañino es un cierto diseño y operación.

En este esquema, lo que pueda hacerse 
para mitigar los impactos de un proyecto, 
aunque se hiciera de buena fe 
y de la mejor manera posible (no es nuestro caso), 
no sirve de nada, puesto que al escoger el lugar, 
el diseño ingenieril, y la operación del proyecto, 
ya se han tomado todas las decisiones importantes, 
y no queda nada que mitigar, que no sean 
impactos marginales, que a nadie le importan. 

Al final de cuentas, en todos los casos se llega 
a una pelea entre empresas y  ambientalistas, 
y el rol del Estado termina siendo el de utilizar 
su ventana de tres meses para decidir 
si tiene que decirle que sí o que no al proyecto...

El sistema no funciona

Espero haber dejado en claro, con suficientes ejemplos, 
que nuestro sistema de evaluación ambiental 
es totalmente inútil en el caso de los proyectos hidroeléctricos. 

En efecto, en él no tienen cabida los aspectos técnicos 
que realmente importan, ni tampoco tiene un papel 
la sociedad civil, para decidir, en una decisión 
que realmente sea “de país”, qué ríos sacrificaremos, 
de la mejor manera posible, y cuáles quedarán 
disponibles para las futuras generaciones de chilenos, 
y para salvar nuestra biodiversidad acuática.

A pesar de todo lo que indico, 
y contrario a los planteamientos de muchos 
que prefieren tapar Chile con cientos o miles de minicentrales, 
estoy a favor de los grandes proyectos hidroeléctricos, 
pero no del travesti de “hidroelectricidad verde” 
que nos han estado imponiendo el Estado 
y las compañías eléctricas en Chile, 
para enriquecer obscenamente a multinacionales 
a las cuales nada les importa nuestra naturaleza ni habitantes. 

Me parece mejor tener unos pocos megaproyectos bien pensados 
que miles de pequeñas centrales de paso, que en un par de décadas 
secarían tramo a tramo todos los ríos intermedios 
y esteros de Chile centro y sur, 
destruyendo por completo nuestra biodiversidad acuática.

Por cierto, apoyo el desarrollo hidroeléctrico 
sólo en la medida que a la par vayamos agotando 
todas las instancias rentables para aplanar 
las curvas de demanda y conservar energía, 
además de desarrollar decididamente 
las energías renovables no convencionales, 
como la eólica, geotérmica, y mareomotriz. 

Una noción fundamental aquí es que 
el desarrollo energético de un país 
conlleva costos económicos, sociales y ambientales 
tan altos, que el Estado debe hacer lo imposible 
para lograr la “mejor” o “menos mala” 
combinación de proyectos. 

Otra forma de ver lo mismo es planteando 
que deben elegirse los proyectos de modo 
de resolver un problema real, 
que la sociedad considere y acepte como propio, 
“maximizando la aceptación”, o “minimizando el arrepentimiento”. 

Respecto de la conservación energética, 
muchos hogares han hecho su tarea aunque sea parcialmente, 
al cambiarse a ampolletas fluorescentes compactas. 

Las industrias, sin embargo, han tardado mucho más. 

Claro está, ¿qué incentivos tienen, si la tarifa que pagan 
depende más de que no sobrepasen una cierta potencia máxima, 
que del total que consumen? 

Es nuevamente tarea del Estado 
encontrar las combinaciones adecuadas de políticas 
que castiguen el mal uso de la electricidad 
y fomenten las prácticas tendientes a aplanar la curva de demanda, 
de modo que no se necesite tanta potencia instalada para satisfacer las puntas.

Todo lo anterior implica que, antes de aprobar HidroAysén, 
Chile debió estar realmente de acuerdo en que necesitamos más energía, 
no sólo para la población y la industria existente, 
sino que además para una serie de nuevos desarrollos mineros 
al norte de Santiago; debió estar de acuerdo en pagar los costos 
de ese modelo de desarrollo; debió estar de acuerdo 
que la mejor manera de lograrlo, al considerar 
una serie de alternativas, era realmente el proyecto HidroAysén; 
y finalmente, debió estar de acuerdo en que este proyecto 
está  diseñado y será operado para minimizar realmente 
los impactos sociales y ambientales. 

De más está decir, el Estado chileno no se ha preocupado 
de averiguar qué piensa Chile respecto a todos estos temas.

Hidroelectricidad realmente sustentable

¿Cómo podríamos lograr tener una hidroelectricidad realmente sustentable, 
que a la vez de generar energía barata y segura minimizara los impactos 
ambientales y sociales, y concitara la mayor aceptación o menor rechazo? 

Si bien los últimos cuatro gobiernos de la nación, 
sin hacer realmente nada para buscar alternativas, 
nos han querido convencer de que sólo HidroAysén sirve, 
la verdad es que lo que debe hacerse no es tan novedoso ni difícil. 

En gran parte, lo que sigue proviene de ideas planteadas 
en dos excelentes artículos publicados en 1997 en los proceedings 
del taller “Large Dams: Learning from the Past, Looking at the Future” 
(Grandes Presas: Aprendiendo del Pasado, Mirando al Futuro). 

Esta fue una instancia de discusión acerca de la sustentabilidad ambiental 
de las grandes presas, organizada por el Banco Mundial 
y la IUCN (International Union for the Conservation of Nature). 

Durante dos días, en la ciudad suiza de Gland, 
se reunieron financistas, diseñadores y constructores de grandes represas, 
con grupos ambientalistas y académicos. 

Como fruto de este taller, se decidió conformar 
la Comisión Mundial de Represas (WCD, World Dam Commission), 
que sesionó entre 1998 y 2000, entregando un muy completo 
informe con el estado del arte en cuanto a los impactos 
de las grandes presas, y como evitarlos.

El primero de estos artículos, 
“Aspectos Ingenieriles y Económicos en la Planificación, 
Diseño, Construcción, y Operación de Proyectos de Grandes Presas”, 
fue escrito por E. Oud y T.C. Muir, ambos ingenieros de Lahmeyer, 
la mayor compañía consultora de Alemania, 
que ha diseñado presas en todos los continentes. 

En él, describen lo que llaman  “el enfoque a la antigua” 
para la planificación de proyectos hidroeléctricos, 
que corresponde bastante bien a lo que hacemos en Chile, 
si es que nuestro sistema de evaluación ambiental funcionara. 

Cito textualmente de Oud y Muir (1997), traduciendo al español:

“El procedimiento de planificación involucraba 
el desarrollo de soluciones técnicas alternativas, 
la selección de la opción de menor costo, 
y la mitigación de los impactos ambientales 
y sociales del proyecto, al mínimo.  

"Por menor costo" se entendía el menor valor presente 
de los costos de inversión, operación y mantenimiento, 
sobre un período especificado de planificación, 
aplicando tasas de descuento reales del 10 al 12% 
(en países en vías de desarrollo), y muchas veces 
ignorando las externalidades asociadas con el control 
y mitigación de los impactos ambientales y sociales.

En los países industrializados,
se ha asegurado algún tipo de discusión pública 
y retroalimentación respecto del diseño, 
mediante procesos legislativos y regulatorios 
que involucran sesiones públicas. 

En los países en vías de desarrollo, sin embargo, 
las decisiones acerca de las opciones de desarrollo 
se han tomado generalmente en forma aislada 
por los gobiernos y las compañías eléctricas, 
junto con las agencias internacionales de financiamiento, 
siguiendo el enfoque del  "menor costo" antes mencionado.”

Esto corresponde a una buena descripción 
de lo que ocurre en nuestra institucionalidad, 
exceptuando por supuesto eso 
de “mitigar los impactos ambientales y sociales al mínimo.”

Oud y Muir hablan luego de “grandes proyectos 
que se implementaron a pesar de tener una oposición considerable, 
y que resultaron finalmente "no ser la alternativa de menor costo"
debido a costosos retrasos y modificaciones durante su implementación”. 

Mencionan «falta de consideración para los habitantes locales ... 
por parte de aquellos encargados de la toma de decisiones, 
muchas veces una camarilla de familias urbanas 
de clase alta y/o gobernantes militares o autocráticos.»

Por cierto, como dirían las películas, 
“¡cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia!”

Luego, describen lo que ellos llaman el nuevo enfoque 
de planificación para el desarrollo hidroeléctrico:

«La planificación debe evitar gastos y esfuerzos innecesarios 
en proyectos que en fin de cuentas no se llevarán a cabo. 
Por ello, los procedimientos de planificación deben apuntar 
a maximizar la aceptación (o minimizar el arrepentimiento).

Para asegurar una aceptación amplia de los proyectos 
o las alternativas de desarrollo de un sistema [energético], 
es importante presentar y discutir, tan pronto como sea posible 
en la etapa de planificación, todos los pro y los contra 
de los distintos escenarios en competencia, 
con todas las partes interesadas, incluyendo 
a las personas afectadas directamente 
con el proyecto y a las ONGs, 
tomando en consideración los factores técnicos, económicos, 
financieros, ambientales, sociales, 
institucionales, políticos, y de riesgo. 

La parte interesada debiera formular 
una cantidad limitada de planes alternativos 
(digamos entre cinco y ocho) para cubrir la demanda futura. 

Estos planes deben ser diversos en cuanto a sus impactos, 
y debieran incluir alternativas 
que involucren gestión de la demanda 
( por ejemplo, conservación de energía), 
así como la opción de no hacer proyecto.

Luego, deben llevarse a cabo los estudios necesarios 
para cuantificar y evaluar las alternativas con suficiente detalle, 
para ser capaz de resaltar las consecuencias de cada plan. 

Debiera entonces organizarse talleres, 
en que todas las partes interesadas 
puedan discutir estos resultados 
y tratar de llegar a un consenso acerca 
de cual es la mejor alternativa a implementar. 
......

Este enfoque sería muy democrático, 
pero puede ser considerado demasiado novedoso 
o incluso inaceptable en algunos países, 
donde la toma de decisiones se lleva a cabo 
en un nivel político autocrático, 
sin consultar a la gente afectada.”

Resumiendo, Oud y Muir (1997) 
preconizan que los proyectos sean identificados 
en el marco de un estudio integrado de cuenca, 
llevando a cabo un análisis multi-atributo 
de las diferentes alternativas por un equipo interdisciplinario, 
incluyendo una evaluación preliminar de los impactos. 

Una vez que se han evaluado las consecuencias de las distintas 
opciones de proyecto, se lleva a cabo el proceso de consulta pública, 
para identificar la alternativa preferida. 

Recién aquí se puede iniciar el diseño del proyecto, 
por un equipo técnico interdisciplinario, 
el cual debe incorporar desde la partida las medidas 
necesarias para minimizar el impacto ambiental y social. 

Luego, se lleva a cabo el Estudio de Impacto Ambiental 
para el proyecto, así como el plan de acción ambiental y social, 
para pasar finalmente a la implementación de la obra.

El segundo artículo, 
“Sustentabilidad Ambiental en la Industria Hidroeléctrica: 
Desagregando el Debate”, fue escrito por Robert Goodland, 
en aquel tiempo Economista Jefe 
en el Departamento Ambiental del Banco Mundial. 

Cito textual, traduciendo:

«Este artículo examina los debates que han surgido 
en torno a las centrales hidroeléctricas, 
especificando formas de lograr la sustentabilidad ambiental 
de la hidroelectricidad. 

La manera central de lograr sustentabilidad 
es mediante la selección de los sitios: 
escoger los mejores sitios en primer lugar. 

Esto implica integrar criterios ambientales y sociales 
en los análisis económicos tradicionales de «menor costo»
en el marco de una Evaluación Ambiental Sectorial (EAS). 

Cuando se ha identificado un buen lugar 
[para llevar a cabo un proyecto hidroeléctrico], 
entonces debe efectuarse un Estudio de Impacto Ambiental normal, 
para el proyecto, de manera de mitigar impactos residuales, 
por ejemplo rebajando la altura de la presa 
o bien moviéndola hacia aguas arriba 
[notar que nuestros Estudios de Impacto Ambientales 
ni siquiera permiten proponer esto]. 

Si bien el Estudio de Impacto Ambiental 
a la escala del proyecto es esencial, y debe fortalecerse, 
el usar Evaluación Ambiental Sectorial 
para escoger los mejores proyectos 
es mucho más poderoso. 

Además, la industria hidroeléctrica 
necesita fomentar la transparencia 
y la participación, así como mostrar 
que se han tomado medidas buenas 
de conservación de la energía 
y que el precio de la electricidad es el adecuado, 
antes de contemplar la instalación de más capacidad.

.....

Finalmente, el sector eléctrico 
debe jugar con las mismas reglas económicas 
que los demás; todos los proyectos energéticos 
deben internalizar los costos externos de daño ambiental, 
incluyendo aquellos relacionados con la fase de abandono 
y desmantelamiento y con la emisión de gases invernadero 
[notar que esto último no es aspecto relevante en el sur de Chile, 
por las bajas temperaturas]. 

El hacer menos que esto implica que la cancha no está pareja, 
lo cual promueve la generación con carbón y penaliza 
a la hidroelectricidad, un curso de acción ambientalmente regresivo.”

Tal vez el aspecto más importante que resalta Goodland (1997) 
en su artículo, desde la  perspectiva chilena, sea el siguiente:

«El punto importante aquí es que el enfoque a la antigua 
de hacer mitigación impacto individual 
por impacto individual es inherentemente débil. 

Los Estudios de Impacto Ambientales a nivel de proyecto individual 
están siendo complementados con el enfoque sectorial, 
que es mucho más poderoso. 

La evaluación y mitigación ambiental detallada, 
para un proyecto específico, 
no puede influir en la selección del proyecto. 

Es precisamente durante la etapa de selección del proyecto 
que la mayoría de los impactos pueden prevenirse o evitarse. 

Una vez que se ha escogido un proyecto, 
aún debe aplicarse el Estudio de Impacto Ambiental tradicional, 
más débil, pero éste se verá severamente restringido 
en lo que pueda mitigar. 

La mejor práctica internacional 
está convergiendo en la noción 
de que la mayoría de los impactos 
se reducen mejor 
durante el proceso de selección de proyectos 
de bajo impacto, esto es, al escoger el sitio, 
en vez de mitigar los impactos de proyectos 
que fueron escogidos previamente. 

Este enfoque sectorial para hacer 
evaluación de impactos ambientales 
corresponde esencialmente a integrar 
el bien conocido análisis económico 
de «menor costo» con criterios ambientales y sociales. 

Al incorporar criterios ambientales en la elección de los proyectos, 
entonces se escogerán sólo proyectos que tengan los menores impactos. 

Esto es mucho más eficiente y efectivo que cualquier 
Estudio de Impacto Ambiental tradicional, a la escala del proyecto.

Además del enfoque basado 
en Evaluación Ambiental Sectorial (EAS), 
otras maneras poderosas para reducir 
el impacto ambiental de proyectos hidroeléctricos son:

• El fomentar la transparencia y la participación

• El lograr en la mayor medida posible gestión de la demanda 
(“demand-side management”), eficiencia y conservación 
en el sistema existente, antes de construir más capacidad instalada

• Balancear la oferta de electricidad rural y urbana

• Balancear centrales de tamaño grande y mediano

Tanto los proponentes como los detractores de la hidroelectricidad 
están de acuerdo en que se reducen mejor los impactos ambientales 
enfocándose en estas oportunidades sectoriales, 
en vez de usar el enfoque antiguo de iniciar 
el trabajo ambiental cuando ya se ha escogido el proyecto.” 

Resumiendo, podemos ver que 
existen variadas maneras de planificar el desarrollo 
hidroeléctrico, de modo de lograr centrales hidroeléctricas 
que sean realmente amigables desde el punto de vista ambiental.

¿Qué podemos hacer en Chile?

Según lo que he hemos discutido, 
el esquema de planificación (o de ausencia de planificación) 
que usamos en Chile para desarrollar proyectos hidroeléctricos, 
al igual que los procedimientos de evaluación ambiental de tales proyectos, 
no redundan en ninguna contribución real para lograr 
hidroelectricidad ambientalmente sustentable: se represan ríos 
considerando únicamente aspectos técnico-económicos, 
los estudios son absolutamente insuficientes, 
y el proceso de evaluación ambiental es una mera formalidad. 

En fin de cuentas, no hay ninguna retroalimentación 
que afecte a las tres variables más importantes 
a la hora de explicar los impactos ambientales relevantes 
causados por una central hidroeléctrica: 
la elección del sitio, del diseño ingenieril, y de la operación. 

Consecuentemente, y como es de esperarse, 
los proyectos resultantes no presentan 
ninguna característica que los haga distintos, 
desde el punto de vista de sus impactos ambientales, 
respecto de las grandes presas 
que se construían hace 80 años en el Hemisferio Norte.

Esta situación es a la vez intolerable e insustentable. 

Muestra que todo el discurso que rodea 
a la autorización ambiental 
de grandes proyectos hidroeléctricos en Chile 
corresponde sólo a palabras al viento, 
para legitimar ambientalmente tales proyectos 
ante el público, los financistas, tal vez los países vecinos, etc. 

Todo el proceso de evaluación ambiental, 
la creación de “centros ambientales”, 
el cumplimiento de normas ISO ambientales, 
las frases pomposas de los ministros de estado 
y políticos apoyando a los proyectos 
(del tipo “debe cumplirse estrictamente 
con las normativas ambientales”), 
la impresión de catálogos en papel couché brillante, etc., 
son sólo estrategias comunicacionales del Estado 
y de las compañías, que buscan justificar lo injustificable, 
pintando de verde (“greenwashing”) proyectos 
que no tienen ninguna característica 
favorable desde el punto de vista ambiental.

¿Cómo podemos remediar esta situación? 
¿Qué debe hacerse en Chile para que podamos tener 
la hidroelectricidad realmente sustentable que nos merecemos? 

Propongo que las siguientes ideas pueden contribuir 
a un debate nacional informado, que involucre 
a toda la sociedad civil (políticos, gobierno, 
ONGs, académicos, compañías eléctricas, etc.), 
de modo de incrementar decididamente 
el papel de la hidroelectricidad dentro de la matriz energética, 
pero con los menores impactos y la mayor aceptación posible:

1. El Estado coordina y financia una evaluación estratégica 
o Evaluación Ambiental Sectorial de todos los posibles sitios 
para construir proyectos hidroeléctricos en Chile, 
considerando aspectos técnicos 
(factibilidad, geología, riesgos naturales), 
económicos (rentabilidad, distancia a la población), 
sociales (población desplazada, etnias), 
ambientales (biodiversidad, impactos preliminares, 
qué tan único es cada lugar, si ya fue alterado 
por otros proyectos, etc.), y de otros tipos.

Con esto, podría decidirse qué ríos (y lugares) 
se sacrificarán a la generación de energía, 
y también cuáles deberían ser nombrados 
“ríos nacionales”, que conservaremos para la posteridad. 

Notar que el decidir sacrificar un río, 
o protegerlo para siempre, 
TIENE QUE SER UNA DECISIÓN DE PAÍS, 
tomada por algún tipo de consenso; 
no puede seguir dependiendo de un privado 
que se basa sólo en su rentabilidad. 

El resultado de esta evaluación 
sería un listado ranqueado de los mejores sitios del país 
para construir centrales hidroeléctricas, 
pero desde una perspectiva integrada, 
considerando todos los beneficios y costos a la vez. 

Así se evitarían los impactos ambientales 
más severos desde la partida, 
en vez de tratar de mitigar lo inmitigable, 
como supuestamente hacemos ahora.

El costo de tal estudio sería alto, 
pero se justifica plenamente si consideramos 
las ganancias involucradas en el negocio eléctrico, 
y también las externalidades que éste causa.

2. En paralelo, el Estado debe incentivar 
ya, con mucha más fuerza, las medidas 
de gestión de la demanda, 
de manera de aplanar la curva de demanda, 
conservar mejor la energía, etc. 

Estos incentivos deben cubrir 
tanto el ámbito doméstico como industrial.

3. Debe reformularse la institucionalidad ambiental, 
de manera que el Estado pueda establecer 
los términos de referencia de los estudios ambientales 
que sustentan a los Estudios de Impacto Ambiental 
a la escala del proyecto, y tener más 
y mejores herramientas para revisarlos.

4. Compañías privadas pueden ahora proponer 
centrales para los mejores sitios del listado, 
elegidos por consenso, pero tomando en cuenta 
todo lo que se ha avanzado, ambientalmente, 
en los 75 años transcurridos desde Hoover: 
múltiples bocatomas a distintas profundidades, 
para no cambiar la calidad del agua; 
paso de sedimentos a través del embalse; 
contraembalses para eliminar 
los pulsos causados por generación de punta; 
centrales de paso en vez de embalse 
(si es que vale la pena);
centrales en valles laterales (“offline”) 
en vez de represar planicies de inundación de alto valor;
centrales de bombeo para satisfacer la demanda de punta; 
sistemas adecuados de paso para peces nativos, etc, etc. 

En otras palabras, las centrales que se construyan deben 
seguir las mejores prácticas ambientales conocidas.

5. Una vez escogido el diseño y su operación, 
debe aún llevarse a cabo 
un Estudio de Impacto Ambiental tradicional, 
de manera de mitigar los impactos remanentes. 

Los impactos más severos ya se han 
evitado anteriormente, durante el proceso 
de Evaluación Ambiental Sectorial EAS.

6. El análisis a la escala del proyecto debe considerar también 
los impactos y costos que ocurrirán al desmantelar la central.

7. Ahora se puede construir y operar estas centrales, 
eligiendo a las compañías que ofrezcan hacerlo 
logrando el menor precio de la electricidad, 
en un marco justo para las compañías y para los consumidores 
(hoy pagamos por la luz como cualquier país europeo, 
pero por electricidad barata, producida 
con impactos ambientales enormes; 
¿la diferencia adónde va?)

Al seguir este esquema, 
que es el usado en países civilizados, 
no nos preocuparíamos sólo 
por el precio de la electricidad, 
como hacemos hoy, 
sino que por sus costos reales. 

Así, haríamos los mejores proyectos, en los mejores lugares. 

Además, conservaríamos ríos para las generaciones futuras. 

Esto sería hidroelectricidad verdaderamente sustentable, 
fruto de una decisión como país. 

Los proyectos que nos están vendiendo hoy 
son una verdadera obscenidad, ambiental, social, y económica. 

Si alguien cree que el proceso de evaluación ambiental de HidroAysén 
sirvió para realmente mitigar impactos, lo invito a re-leer este documento, 
y a considerar lo siguiente:

En primer lugar, evaluar separadamente las presas de la línea 
no se admitiría en ningún país civilizado. 

Segundo, por la necesidad de juntar suficiente energía 
para justificar la enorme inversión en la línea, 
se propone construir centrales como Baker 2, 
que nunca se aprobarían por sí solas, 
ni siquiera con el «enfoque al antigua», 
de optimización técnica-económica 
centrado en el «menor costo»

Tercero, hay riesgos naturales críticos (GLOFs) mal evaluados. 

Cuarto, los impactos ambientales de la línea 
(desforestación, fragmentación de ecosistemas, etc.) serán severos.

Quinto, como los ríos Baker y Pascua tienen caudales muy regulares, 
al desaguar lagos muy grandes, las fluctuaciones diarias 
por generación de punta equivaldrán a tener caudales mínimos 
históricos cada mañana, y luego caudales 
del orden de las máximas crecidas anuales, cada tarde. Et caetera.

Estoy convencido que una sociedad civil informada 
puede lograr estos cambios, que me parecen fundamentales 
para el bienestar de nuestros ríos y lagos, 
y de las generaciones futuras. 

Mal que mal, no podemos olvidar 
que un concepto fundamental en la definición 
de “sustentabilidad” es la equidad intergeneracional: 
el dejarle oportunidades a los que vendrán después que nosotros. 

Al ritmo que vamos, si no logramos cambiar 
el sistema de planificación energética 
y de evaluación ambiental en Chile, 
no quedará ningún río sin represar en unas pocas décadas. 

Habremos logrado imitar en un plazo mucho menor 
los errores en que incurrieron los  países desarrollados, 
de los cuales se han arrepentido amargamente.

Les agradezco haber leído este documento hasta el final, 
y los invito a criticarlo con argumentos (cmeier@udec.cl), 
y también, si les pareció interesante, a difundirlo entre 
sus conocidos, colegas, políticos por los cuales votaron, redes sociales, etc. 

Muchas gracias de antemano.

Claudio Meier Vargas

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