Más investigación, menos show

EL POST Por Francisco Cox

El caso del barrista, el caso bombas, el caso Niemeyer y los encapuchados. ¿Qué tienen en común? Unos dirán que el descriterio judicial. Para ellos, estos casos son sintomáticos de una supuesta aberración jurídica por la cual, por meras formalidades, se excluyen pruebas dejando en libertad a personas acusadas de delitos. Quienes opinan así construyen, como insulto, la categoría de jueces garantistas. Desde esa vereda arguyen que, tanto los jueces como el sistema procesal penal, están más preocupados de los derechos de los delincuentes que de las víctimas. En definitiva, sostienen que estos jueces han impuesto su ideología por sobre el derecho lo que provoca una sensación de inseguridad ciudadana, en lugar de sumar a la “lucha” contra la delincuencia. Otros afirmarán que estos casos demuestran la existencia de jueces dispuestos a cumplir con su rol institucional. Quienes, desoyendo los cantos de sirena, e incluso ignorando eventuales consecuencias negativas para sus ascensos profesionales, han decidido resolver sobre la base del mérito de los antecedentes puestos a su disposición. Sostendrán que estos jueces han reafirmado nuestra convicción de que, como sociedad, no estamos dispuestos a tolerar cualquier condena obtenida de cualquier forma, sino que para que el Estado sancione debe hacerlo respetando ciertas garantías mínimas. Recordarán que la opinión pública o la popularidad de las resoluciones debe tener a los magistrados sin cuidado, ya que ellos deben velar por el respeto de los derechos (eso que un editorialista de La Tercera consideraba mera formalidad) y no si gustan o no a la opinión pública. Contestarán a sus detractores que hay pocos sistemas procesales penales a nivel comparado en los que la víctima tenga tantos derechos como el nuestro, que el conflicto penal más que con la víctima es con la sociedad y que quien decide delinquir se ha apartado de los acuerdos adoptados en común y, por consiguiente, se las tiene que ver con el Estado más que con una víctima concreta. Aunque entre estas dos visiones coincido más con la segunda, creo que los casos mencionados tienen otra cosa en común que me parece más importante: evidencian los efectos que han tenido sobre el sistema de investigación de delito las tasas de victimización y la preocupación por la sensación de seguridad. Muestran que las policías son precarias al investigar. Al barrista se le hace un control de identidad fuera de los casos que contempla el Código Procesal Penal. En el caso bombas, se incauta prueba absolutamente irrelevante u obtenida con violación de garantías y se decide formalizar por las presiones política y mediáticas, cuando un fiscal regional con los mismos antecedentes consideraba -al parecer acertadamente- que difícilmente podría condenar a alguien. De igual forma, en el caso Niemeyer se investigó sin respetar derechos constitucionales. Con los encapuchados, la policía fue incapaz de seguirlos, individualizarlos y ponerlos a disposición de los tribunales con pruebas contundentes.  De un tiempo a esta parte -y obviamente que los gobiernos de la Concertación tienen una gran cuota de responsabilidad-, la política criminal del país ha sido diseñada (algunos dirán que soy generoso ya que difícilmente se puede hablar de política criminal) con miras a reducir las cifras de victimización y bajar la sensación de inseguridad. Las investigaciones se hacen teniendo en mente las cámaras de televisión o los noticieros centrales... ¡Cómo olvidar las imágenes del Ministro Hinzpeter dichoso arriba del porsche de un narcotraficante! Los gobiernos se han puesto como criterio de éxito o fracaso de su "lucha" contra la delincuencia la reducción de esa estadística y la opinión pública. De esa forma, las policías son presionadas para bajar un número que el gobierno pueda mostrar como un éxito en distintos foros.  Cualquier persona que haya visto “The Wire” sabrá de qué hablo (si no la ha visto hágalo de inmediato… existen distintas formas para hacerlo); un robo se puede convertir en un hurto (de menor gravedad social) o se desincentiva a que las víctimas denuncien los delitos. En definitiva, al colocar los incentivos en la reducción de la tasa de victimización, en la sensación de seguridad o en los noticieros centrales, la policía comienza a perder su capacidad de investigación de delitos más complejos. Lo que vende ante sus superiores -y ante los ministros del interior- es la detención, la incautación; lo que se puede mostrar ante las cámaras para que la ciudadanía sienta que se está haciendo algo, para que se sienta más segura.  Una investigación compleja tiene poco que mostrar, porque toma mucho tiempo. Es más, muchas veces requiere dejar pasar delitos menores para llegar a las cúpulas de una organización. Implica hacer seguimientos de muchas horas en que poco se avanza. Se necesita escuchar horas de comunicaciones telefónicas irrelevantes buscando patrones de comportamiento, códigos de comunicación, etc. En muchas ocasiones, los policías destinados aparecerán como perdiendo el tiempo. Las habilidades investigativas requieren capacitación y conocimiento acumulado en el trabajo, y eso significa tiempo. Pero si el poder político no respeta esos tiempos difícilmente las policías podrán adquirirlas.  Es necesario centrar la atención en la creación de capacidad investigativa, dejando que puedan ocuparse de investigar y no de las estadísticas. El poder político tiene que exigir el desarrollo de capacidades investigativas, lo que antiguamente se llamaba trabajo policial.