En 2009, Ciper reveló cómo 80 poblaciones de la capital viven bajo la ley de las bandas de narcotraficantes. Tres años después, se comprueba que la situación sigue igual o peor. Ahora son 83 poblaciones donde el temor aprisiona a sus habitantes.

Por Tábatha Guerra y Juan Pablo Figueroa, CiperRevista Qué Pasa 18/10/2012

El jardín infantil Raúl Silva Henríquez, en el sector San Luis de Quilicura, es como cualquier otro: sillas de colores, balancines y unos 60 niños que corretean. Hasta que suena el primer disparo. Entonces, Daniela Valenzuela, la directora del jardín, corre al patio donde cuelga una campana y enciende la alarma. La parvularia Ivonne Andrade tira de una cuerda de la que se sujetan los niños y los guía hacia la sala al fondo del recinto, al tiempo que otras les cantan para hacerles creer a los pequeños que no es más que un juego. Luego Ivonne los hace tirarse al suelo. Algunos lo hacen entre risas. No saben que, si se quedaran de pie, una bala perdida podría volarles la cabeza.

Afuera del jardín, marcas de balas adornan rejas y muros de los bloques de las cuatro poblaciones del sector: Parinacota, Raúl Silva Henríquez, Pascual Gambino y El Mañío. Al primer disparo, sus habitantes imitan el ritual del jardín infantil: corren al dormitorio más alejado de puertas y ventanas, ¡y al suelo! “Después, no nos queda otra que rezar”, dice Aurora, vecina de la Parinacota.

Los pistoleros que hacen estallar la violencia en estas cuatro poblaciones pertenecen a las dos bandas que se disputan el control del sector para vender pasta base: Los Chubis y Los del Cojo Juan. Ellos manejan parte de un mercado que, según datos oficiales, es ambiguo. Mientras la información del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) indica una baja leve en el consumo de pasta base a nivel nacional -de 0,7 a 0,4 entre 2000 y 2010-, informes de la Policía de Investigaciones (PDI) señalan que en el último año los decomisos han aumentado un 32,5% y las detenciones de menores por delitos de drogas, un 56%.

En 2009, Ciper descubrió que al igual que esos niños de Quilicura, en Santiago vivían más de 660 mil

personas en 80 poblaciones donde el hacinamiento, el abandono de las autoridades y la violencia asociada al narcotráfico son lo cotidiano. Zonas donde carteros, taxistas, microbuses y otros servicios básicos no se atrevían a entrar y los vecinos vivían presos en sus propias casas por balaceras, robos y otros delitos. Llamaban a las policías y no llegaban. Lo mismo con ambulancias y bomberos. Lejos de colegios, consultorios, bancos, supermercados, farmacias y centros de pago, eran zonas abandonadas por el Estado y ocupadas por la ley del narco.

A tres años de esa investigación, Ciper volvió a esas zonas y constató que el escenario es aun peor. Si en 2009 eran 80 poblaciones, hoy hay tres más. En algunos sectores la situación se ha consolidado al punto de configurarse al menos tres macrozonas ocupadas: San Luis, en Quilicura; Santo Tomás, en La Pintana; y Bajos de Mena, en Puente Alto. Juntas albergan a 76 villas, que en total suman más de 220 mil residentes, casi la misma cantidad de habitantes de la Región de Atacama. Allí hay cordones de cuatro y hasta 49 poblaciones, donde las bandas de microtraficantes se han adueñado del territorio, arrasando con las débiles estructuras sociales.

De Bolivia a la población

Los habitantes de la población Parinacota dicen que cada jueves despiertan con el ruido de una moto. En la población San Gregorio de La Granja, los sábados se ven bengalas que lanzan en cuatro puntos de la población. Distintas señales para un mismo acontecimiento: la llegada de un nuevo cargamento de droga.

Según la PDI, la incautación de pasta base aumentó de 3.000 a 3.975 kilos entre 2009 y 2011. Sólo en el norte del país, en lo que va de 2012, lo decomisado se ha quintuplicado respecto del año pasado: de 359 a 1.648 kilos. Son casi 14 millones de dosis más que en 2009. Esas cifras no incluyen lo que sí llegó a las calles, lo que indica que a Chile está llegando más droga.

-Ha empezado a entrar más droga boliviana que peruana al país. Ahora, los burreros por regla general son bolivianos. Lo que también se corrobora con el ingreso de droga por Calama, por su cercanía con Bolivia, y no por Arica e Iquique como antes -explica Héctor Barros, fiscal jefe de Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Zona Sur de Santiago.

El diagnóstico en terreno de fiscales y policías fue ratificado por un informe que emitió a fines de julio la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos: Bolivia desplazó a Colombia entre los mayores productores mundiales de cocaína y hoy ostenta el segundo lugar, sólo superado por Perú. Otro dato: Argentina lidera las estadísticas de consumo de cocaína y sus derivados en América del Sur, de acuerdo al último Informe Mundial de Drogas de la ONU. En este escenario regional, Chile también juega un rol: si antes era usado principalmente como ruta para llegar a Argentina y el Atlántico, hoy es también un mercado en sí mismo. Y las poblaciones son el espacio ideal para acopiar la droga y distribuirla.

Un estudio de septiembre de la PDI señala que en sólo seis meses fueron detenidos 124 menores de 14 años por infracciones a la Ley de Drogas y otros 970 de entre 15 y 18 años: un 56% más que en 2011.

Xiomara Navarrete, profesora de la Escuela María Luisa Sepúlveda, en San Luis de Quilicura, cuenta que en abril expulsaron a un alumno de sexto básico por vender pasta base en el patio del colegio y amenazar con una pistola a un compañero. En marzo, un niño de octavo básico amenazó con un cuchillo a un inspector que lo retó. Cuando hablaron con los padres, tres profesores fueron amedrentados. Hoy ese niño es soldado de Los Chubis.

La defensa armada del territorio

“En todos lados hay sectores malos, pero Bajos de Mena es demasiado peligroso”, cuenta un chofer de Transportes Matta, que realiza despachos para la tienda Paris en el sector sur de la capital. Ciper conversó con varios funcionarios de ésa y otras compañías similares y todos coincidieron en que ese

sector -al igual que otras 29 poblaciones de la lista- es zona vetada en su hoja de ruta. Lo mismo corre para los taxistas de Puente Alto: “Todos hemos sido asaltados más de una vez en Bajos de Mena o Santo Tomás. Es lo más peligroso de Santiago”, dice Abelardo Fredes.

¿Por qué la violencia en estos sectores ha aumentado? En la Fiscalía Sur tienen respuesta: “El traficante, en una primera fase trata de ganarse a la gente con favores, hasta que lo aceptan, pero cuando el negocio crece, tienen que contratar ‘soldados’ que expandan las ventas y protejan el sector de quienes quieran quitárselo. Ahí pasan a una segunda fase: el traficante tiene que abrirse camino por la violencia”, explica el fiscal Barros.

La mayoría de las 83 poblaciones de la lista se encuentran en esa segunda fase: la defensa armada de sus territorios.

Desde hace tres años, dos bandas se enfrentan por controlar la venta de drogas en San Luis de Quilicura. El oriente es de Los Chubis; el poniente de Los del Cojo Juan. Las balaceras duran días enteros y con los primeros nadie se mete: “Hacerlo es firmar tu sentencia”, dice un vecino. Varios cuentan que en la 49ª Comisaría de Quilicura los conocen bien, pero nunca los han sorprendido con grandes cantidades de droga. Su líder, Marco Antonio Meza (el Cojo Marco), de 18 años, no tiene antecedentes por drogas. Sus hermanos -Hugo Orlando (24) y José Manuel (29)- tampoco.

La droga la esconden en cinco departamentos que se han tomado en los bloques del pasaje Coposa. La madre tiene un local de máquinas de juego y “sanguchería” donde vende “chacareros”, “completos” y “barros luco”. No son sándwiches, sino códigos: minutos después, uno de Los Chubis entrega pasta base, cocaína o marihuana, respectivamente.

En el extremo poniente de la Parinacota, Juan Manuel Torres Escobar (el Cojo Juan) defendió su nicho a balazos hasta diciembre de 2011, cuando cayó por tráfico menor. Pero la guerra no paró. Su lugar lo ocupó su hijo, Diego Torres Santibáñez (21), que con cinco detenciones por tráfico y otras por robo con intimidación y porte de arma de fuego, quedó como jefe del negocio y de la banda.

Tampoco a ellos los denuncian. “Con préstamos de dinero nos mantienen ciegos, sordos y mudos”, dice un vecino. Y si alguien se atreve, probablemente deba abandonar la población al día siguiente. Así ha ocurrido con algunos de la Santo Tomás, en La Pintana: sus viviendas abandonadas son tomadas por las pandillas como nuevas sedes del negocio.

“Si denuncio, me matan”

En Santo Tomás ven a diario cómo las bandas de Los Phillips y Los Guarenes (supuestamente desmanteladas por la PDI en 2007) operan como si fueran dueñas del territorio. Lideradas por el Rucio Loco, las dos bandas rivales se unen cada 11 de septiembre y 29 de marzo para saquear el supermercado y las dos farmacias del sector. El resto de los días, se enfrentan. En la cancha del club deportivo Inter de Jamaica, Los Guarenes se drogan y muestran sus pistolas. Los fines de semana, sus fiestas terminan en balacera. Los vecinos dicen que el club es una fachada: “Vai a la sede del Jamaica y te ofrecen lo que querái”, cuenta uno de ellos.

Las estadísticas policiales grafican el temor a denunciar. Si bien en La Chimba los vecinos identificaron una gran cantidad de casas donde trafican, durante 2011 la PDI no recibió allí ninguna denuncia por drogas. En el mismo año, en la Francisco Coloane se recibió sólo una. En las 81 poblaciones restantes, el panorama es igual.

En la mayoría de las 83 poblaciones investigadas por Ciper, los vecinos acusan que hay policías coludidos con los narcos. “Si los denuncio, me matan”, dice una pobladora de la San Gregorio. Algunos fiscales explican que muchos de los policías destinados a comunas periféricas llegan ahí por castigo, lo que hace muy fácil que sucumban a coimas de traficantes. La ex asesora de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Catalina Mertz (dejó su cargo en abril), reconoce que muchos vecinos desconfían de las policías. Por ello, en 2010 su cartera implementó el programa “Denuncia Seguro”, que recibe información anónima. “Cuando llamas a Carabineros te piden todos tus datos. Un canal de denuncia anónima facilita la labor investigativa”, cuenta Mertz.

A un año de su puesta en marcha, el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, informó que el programa aumentó en más de 13 mil las denuncias telefónicas. Más del 40% de ellas fue información fidedigna.

El sacerdote inglés John Boles, de la Santo Tomás, conoce la pasividad policial. Los días previos a cada 11 de septiembre y Día del Joven Combatiente va a la 41ª Comisaría de La Pintana a solicitar refuerzos para su parroquia: “Dicen que tienen pocos efectivos y que tratarán de hacer lo posible”. Como alambres de púa, alarma y cámaras no bastan para evitar asaltos y saqueos, no descarta rodear el templo con un cerco eléctrico. Pero rendirse es lo único que no hará: “Aquí los delincuentes y traficantes son una minoría. He conocido gente tremendamente valiosa que no tiene la culpa de las circunstancias que le tocó vivir y por ellos me quedo: éste es el lugar que más necesita mi ayuda”.