DESIGUALDADES

ohn Stuart Mill señalaba, tratando de justificar las razones de la democracia, que uno de los dos, el más inteligente o el mejor, tienen razones para invocar una autoridad superior; la dificultad radica en determinar cuál de los dos es. Ese es precisamente el dilema en el cual nos encontramos en la actualidad, tras el rompimiento de la mesa de diálogo entre estudiantes y el Gobierno.

Mientras los primeros sostienen que es indispensable discutir sobre algunas cuestiones esenciales como educación gratuita para todos, los segundos sostienen que dicha pretensión es imposible pues no hay como justificar que los más pobres subsidien a los más ricos. Aunque detrás de cada una de esas demandas hay mucho de slogan que busca reflejar lo que se pretende, lo cierto es que durante estos meses de movilización estudiantil hay una cuestión que se ha revelado como evidente: la demanda por igualdad.

Lo que al parecer tratan de sostener los estudiantes es que resulta fundamental homogeneizar la provisión de servicios educacionales, considerando especialmente la educación escolar, en la medida que no resulta tolerable o creíble una supuesta sociedad de oportunidad -basada en la competencia- cuando para acceder a ella existen diferencias en la posición inicial de la cual participan las personas.

Lo que trata de explicar el Gobierno, participando de la necesidad de mejorar la educación, es que ésta promueva oportunidades, para que sea posible que cada uno desarrolle sus proyectos de vida de conformidad a sus objetivos.

Lo cierto es que estudiantes y Gobierno invocan la igualdad como fundamento de sus posiciones. Pero pareciera que lo más revelador de todo éste conflicto es como espontáneamente las personas se han pronunciado en contra de lo que pareciera ser una injusta desigualdad, y de ahí su apoyo al movimiento estudiantil.

En efecto, el pacto fundacional de la educación escolar gratuita, del año 1971 -expresado en la reforma constitucional de ese año- pareciera no haber tenido modificación formal, pues la propia Constitución de 1980 la mantuvo como una de sus pretensiones. Sin embargo, tal pacto fundacional fracasó por diferentes motivos -varios explicados por los expertos en educación- pero uno que no se suele citar con habitualidad, es que le exigimos a la educación una pretensión adicional a la expresada en la dignidad del derecho que representa, por lo cual hicimos de ella el lugar donde expresamos nuestras diferencias y jerarquización, cuya manifestación más evidente la constituye la demanda “por diplomas” o reconocimientos formales. Esa es una sociedad donde, en función del mercado laboral, pusimos en evidencia una cierta “inflación de títulos”, por lo cual resultaba admisible y deseable acceder a ellos. Entonces construimos la igualdad desde el acceso a la oferta educativa: ahí parecía estar la justicia.

Tal sistema implicó que familias completas buscaran su reivindicación de igualdad hacia un modelo de esas características, funcional a un discurso meritocrático, donde no hay otra oportunidad que educación. Sin embargo, tal forma de funcionamiento implicó el desarrollo de profundas inequidades. La oferta educativa, representaba al final del día las desigualdades del origen.

Lo anterior no es trivial, si el modelo educativo se terminó construyendo para un mercado laboral donde importan las diferencias y los vencedores tienen todo el interés en acentuarlas, pues el origen educativo y no el acceso, es el que explica el éxito y las ventajas en remuneraciones.

Esto implicó reproducir una cultura de vencedores y vencidos. Los segundos llevan a cuestas el fracaso, que termina siendo imputado a otros factores que no sean ellos mismos, pues al final del día resulta intolerable para ellos y sus familias la pretendida esperanza meritocrática y, por lo tanto, ya no existe ningún interés de participar en ningún proyecto colectivo. La rabia es contra todos, lo que quizá explica la violencia en las calles. Muchos de ellos no sólo protestan contra un sistema que al parecer los engañó, sino que también contra los propios estudiantes que marchan por mejor educación, precisamente porque ellos no crean que sea posible.

Lo que demuestra todo este conflicto, no es sólo la ausencia de reglas adecuadas para resolver los problemas en nuestra democracia, sino que fundamentalmente que las desigualdades hacen mal y no sólo a las personas, que finalmente son las víctimas, si no que también a la sociedad.

Como señala Dubet, en una sociedad democrática las desigualdades incrementan las frustraciones de los que no pueden alcanzar los modos de vida y consumo de lo que se considera adecuado. Los más ricos son tan ricos que no se sienten ligados a la sociedad en la que viven, mientras que los más pobres se sienten rechazados por esa misma sociedad que “culpabiliza a las víctimas” y las acusa de ser responsables de su propia miseria.

Lo que pareciera adecuado no pasar por alto, es que la persistente desigualdad termina afectando la democracia, porque no hay lealtad posible a ella cuando se es condenado a la miseria o la exclusión, y de eso sobran ejemplos.

Por tal motivo, los privilegiados de hoy tienen todos los incentivos para corregir las desigualdades. Por más que se afirme que educación gratuita para todos es regresiva, dicha afirmación no considera que los beneficios que acceden los privilegiados en el sistema educacional -como son las becas de postgrado al extranjero o la reputación de sus títulos- son todavía más regresivos, precisamente porque a ellos no podrán acceder jamás la mayoría de las personas.

Detrás de las discusiones de estos meses, pareciera sensato detenerse en la necesidad de corregir las desigualdades estructurales de nuestra sociedad, y de ese modo hacer creíble la existencia de una sociedad de oportunidades que muchos ofrecen.

Esta no es una lucha entre inteligentes y mejores, es sencillamente la demanda por una sociedad justa.