Presupuesto y el rol del Estado
En el actual debate presupuestario se enfrentan dos concepciones sobre el rol del Estado: una subsidiaria y otra de bienestar.
por Rolf Lüders - Diario La Tercera, 14/10/2011 - 04:00
LA APROBACION del Presupuesto de la Nación no será fácil. Más allá de declaraciones cruzadas que en parte no tienen otra finalidad que obtener algunas ventajas frente al electorado, se enfrentan acá dos concepciones del rol del Estado en la economía: una subsidiaria y otra de bienestar.
Los presupuestos fiscales deben cumplir idealmente con ciertos requisitos. El beneficio marginal de cada peso gastado por el Fisco en cada ítem presupuestario debe equivaler a la reducción del bienestar que produce, en el margen, la tributación. Además, los gastos fiscales deben ser aproximadamente iguales a los ingresos.
Vulnerar los principios establecidos en el párrafo anterior tiene consecuencias, como lo experimentamos en Chile durante gran parte de nuestra historia y como sucede actualmente en el mundo desarrollado. Un gasto fiscal excesivo, como uno en demasía exiguo, tiene costos en términos de bienestar ciudadano. También, el equilibrio presupuestario es condición necesaria para la estabilidad de precios y para el crecimiento económico.
Chile es hoy modelo de política fiscal. En 2005, el BID y el Banco Mundial sostuvieron que el país logró "un sistema presupuestario bien desarrollado que posibilita un presupuesto realista e integral". Similar expresión tuvo la Ocde en 2004. Pero esta situación no fue siempre así. En general, y desde mediados del siglo XIX, Chile despilfarró muchos recursos y tuvo significativos déficit fiscales, lo que generó diversas iniciativas, sobre todo en 1925 y en 1960, para mejorar el proceso presupuestario. Estas mejoras culminaron con aquella disposición de la actual Constitución que hace recaer inambiguamente la responsabilidad presupuestaria en el Poder Ejecutivo. Es éste el que debe evaluar los beneficios que generan los diversos ítems de gasto y asegurarse que los ingresos fiscales sean suficientes para cubrirlos, so pena de recibir el castigo político correspondiente.
Sin embargo, una alta proporción de los gastos fiscales viene determinada, ya sea por la necesidad de financiar la administración del Estado o por programas de diversa índole aprobados por el Congreso. A este Presupuesto, que se podría denominar de continuidad, se agregarán a partir de 2012 significativos recursos adicionales para la educación. A pesar de lo último, según el Ministerio de Hacienda el presupuesto de gastos se podrá financiar con los ingresos fiscales esperados el próximo año.
En este contexto, no tiene absolutamente ningún sentido plantear la necesidad de nuevos impuestos ahora. Es más, de aprobarse en el Congreso, en la vía hacia la sociedad del bienestar que algunos desean, nuevos programas que requieran financiamiento más allá del aumento de los ingresos fiscales producto del crecimiento económico, debiera considerarse seriamente reducir otros gastos fiscales. Chile ya tiene un nivel de gasto público equivalente aproximadamente al que tuvieron las economías hoy desarrolladas, cuando tenían el mismo PIB per cápita nuestro de hoy en día. Un aumento de la tributación, más aun si va a recaer en las empresas, puede ser contraproducente.
Los presupuestos fiscales deben cumplir idealmente con ciertos requisitos. El beneficio marginal de cada peso gastado por el Fisco en cada ítem presupuestario debe equivaler a la reducción del bienestar que produce, en el margen, la tributación. Además, los gastos fiscales deben ser aproximadamente iguales a los ingresos.
Vulnerar los principios establecidos en el párrafo anterior tiene consecuencias, como lo experimentamos en Chile durante gran parte de nuestra historia y como sucede actualmente en el mundo desarrollado. Un gasto fiscal excesivo, como uno en demasía exiguo, tiene costos en términos de bienestar ciudadano. También, el equilibrio presupuestario es condición necesaria para la estabilidad de precios y para el crecimiento económico.
Chile es hoy modelo de política fiscal. En 2005, el BID y el Banco Mundial sostuvieron que el país logró "un sistema presupuestario bien desarrollado que posibilita un presupuesto realista e integral". Similar expresión tuvo la Ocde en 2004. Pero esta situación no fue siempre así. En general, y desde mediados del siglo XIX, Chile despilfarró muchos recursos y tuvo significativos déficit fiscales, lo que generó diversas iniciativas, sobre todo en 1925 y en 1960, para mejorar el proceso presupuestario. Estas mejoras culminaron con aquella disposición de la actual Constitución que hace recaer inambiguamente la responsabilidad presupuestaria en el Poder Ejecutivo. Es éste el que debe evaluar los beneficios que generan los diversos ítems de gasto y asegurarse que los ingresos fiscales sean suficientes para cubrirlos, so pena de recibir el castigo político correspondiente.
Sin embargo, una alta proporción de los gastos fiscales viene determinada, ya sea por la necesidad de financiar la administración del Estado o por programas de diversa índole aprobados por el Congreso. A este Presupuesto, que se podría denominar de continuidad, se agregarán a partir de 2012 significativos recursos adicionales para la educación. A pesar de lo último, según el Ministerio de Hacienda el presupuesto de gastos se podrá financiar con los ingresos fiscales esperados el próximo año.
En este contexto, no tiene absolutamente ningún sentido plantear la necesidad de nuevos impuestos ahora. Es más, de aprobarse en el Congreso, en la vía hacia la sociedad del bienestar que algunos desean, nuevos programas que requieran financiamiento más allá del aumento de los ingresos fiscales producto del crecimiento económico, debiera considerarse seriamente reducir otros gastos fiscales. Chile ya tiene un nivel de gasto público equivalente aproximadamente al que tuvieron las economías hoy desarrolladas, cuando tenían el mismo PIB per cápita nuestro de hoy en día. Un aumento de la tributación, más aun si va a recaer en las empresas, puede ser contraproducente.
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