El sistema público, en principio,
funciona con el predicamento
de que sólo se puede hacer
lo que está permitido.
El sistema privado,
funciona con el principio
de que se puede hacer todo
lo que no está prohibido.
Ambos tienen sus limitaciones.
El primero puede resultar
demasiado rígido
para contemplar circunstancias
que no están estipuladas
en el manual, entrabando
procesos por falta de criterio
y por normas de procedimiento
muy estrictas y burocráticas.
El segundo deja espacio
para que personas inescrupulosas
o descriteriadas, ejecuten acciones
nocivas para la comunidad
o para el medio ambiente,
sólo porque la institucionalidad
no lo prohibe, y aprovechándose
de dicha circunstancia para
obtener beneficio de condiciones
mal o no reguladas, sin importarle
los costos irreversibles para la sociedad,
de los cuales ellos no se harán responsables.
La verdadera responsabilidad empresarial,
consiste en la formación perentoria
de empresarios y emprendedores
que incluya el cultivo de criterios
que contemple el análisis
de posibles consecuencias de sus acciones
a fin de prever las potencialmente nocivas,
de manera de poder consultarlas
con los organismos técnicos competentes,
o recurrir a la autoridad respectiva
a fin de buscar caminos conjuntos
que faciliten maximizar el bien común,
sin que por ello necesariamente
se obstaculice la capacidad de iniciativa
o de correr riesgos calculados,
que forma parte esencial
de una cultura que se desarrolla
bajo el alero de la libertad con responsabilidad.
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