La Araucanía, orden público y desarrollo

Diario El Mercurio, Editorial, Viernes 27 de Julio de 2012

En respuesta al recrudecimiento de la violencia en La Araucanía, el Presidente de la República encabezó una "cumbre de seguridad", en la que participaron el ministro y el subsecretario del Interior, las máximas autoridades de las policías y del Ministerio Público, el intendente de la IX Región y autoridades locales. La reunión culminó con el envío de un equipo multidisciplinario para asistir a las víctimas de los atentados y la agilización de medidas de apoyo al desarrollo productivo para la zona en conflicto. El plan de seguridad incluye un apreciable aumento de las dotaciones y tecnologías policiales, y una instancia de coordinación de las informaciones y operaciones de las policías, que se añaden a la reciente designación de un coronel al mando de una unidad especializada para operación en terreno.

La violencia en La Araucanía experimenta un nuevo incremento en ciertas localidades de las provincias de Malleco y Biobío. Sectores radicalizados continúan perpetrando tomas ilegales de predios e incendios en perjuicio de comuneros, medianos propietarios y empresas forestales, mientras se multiplican las agresiones a Carabineros. Los violentistas constituyen grupos reducidos, pero los daños causados a la propiedad y las transgresiones al orden público son significativos. Según la encuesta Casen, en el territorio nacional habitan cerca de un millón de mapuches y sólo la cuarta parte reside en La Araucanía, en su gran mayoría integrados a la sociedad y respetuosos de la institucionalidad.

La conflictividad en La Araucanía se arrastra por décadas y surgió de promesas oficiales incumplidas, desamparo, falta de oportunidades y reclamos por ocupación de determinadas tierras que no siempre respetaron los derechos de los pueblos originarios. Confirman el agraviante rezago respecto del resto del país los magros indicadores de pobreza, ingresos, participación laboral y acceso a la educación. También han contribuido a esa postergación políticas erróneas y excluyentes, centradas en la compra y entrega de tierras, transferidas discrecionalmente, muchas veces bajo presiones, con preferencias para los colectivos más radicalizados, y programas de apoyo disfuncionales.

El Gobierno afirma estar impulsando algunas rectificaciones mediante la objetividad en la entrega de tierras pendientes, con exclusión de los violentistas de estos beneficios. A la vez, en los últimos dos años se incrementó la cobertura asistencial de dos mil 500 a 16 mil familias, mediante el Programa de Desarrollo Territorial Indígena de Indap, y se aumentó sustancialmente el presupuesto de caminos indígenas del Ministerio de OO.PP. Ya se observan algunos progresos en las políticas de reconocimiento cultural, en el proceso de diálogo del cerro Ñielol, que significó más de 60 mesas de trabajo y dos nuevas áreas de desarrollo indígena, en las comunas de Collipulli y Ercilla, y en la provincia de Arauco. En materia educacional, se han puesto en vigor programas especiales de lectoría, de apoyo compartido a los estudiantes más vulnerables y la instalación de cinco liceos de excelencia y uno de carácter intercultural en Purén. A resultas de estas acciones ya se perciben mejorías en la educación, según el Simce, y avances en la reducción de la pobreza, según la última encuesta Casen.

La Araucanía sigue siendo la región más pobre de Chile, con un desempleo mayor que la media nacional. De allí la necesidad de agilizar y profundizar políticas que promuevan el desarrollo del pueblo mapuche, especialmente en cuanto a empleo, capital humano y emprendimientos con apoyo del sector público y alianzas con el sector privado. Para que prosperen los planes de desarrollo social y económico se requiere actuar con decisión y, a la vez, aislar y perseguir con energía las responsabilidades de los violentistas que amagan el progreso regional, impiden la vigencia del orden público y atentan contra el Estado de Derecho en esa región.