Diario La Segunda, Martes 17 de Julio de 2012
Rara vez habíamos tenido una discusión en torno a la fijación del salario mínimo tan larga y compleja. La razón es que, a diferencia de años anteriores, “lo político” ha ganado una preponderancia que antes no tenía. A la luz de los eventos de 2011, esto no debiera sorprender. Dados esos eventos, el gobierno debió haber entendido que la tramitación de esta ley iba a ser muy compleja y debió prepararse para ello, cosa que evidentemente no sucedió. Más aún, el gobierno sabía que tiene al frente a una oposición débilmente cohesionada y sin liderazgos claros con quien negociar.
Esto sugiere que: o el gobierno proponía un incremento sustancial de dicho salario como muchos de sus partidarios han propuesto, o presentaba un aumento moderado pero con otros anuncios que se hicieran cargo de los problemas de fondo.
El problema que subyace es la desigualdad. La tolerancia que la sociedad chilena tenía respecto de las múltiples dimensiones de la desigualdad (de ingresos y de oportunidades, asociadas a discriminación o exclusión) se ha reducido. Si esto es así, quiere decir que es posible que cualquier iniciativa que toque este tema directa o indirectamente tendrá que ser manejada en forma mucho más prolija y con más visión de conjunto.
Partamos por una pregunta básica: ¿por qué fijar un salario mínimo? El mercado del trabajo es de los pocos en los cuales el Estado fija un precio, en este caso por los servicios del trabajo. Hay que notar que lo que fija el Estado es un nivel para dicho precio. ¿Por qué fijar este precio y por qué en un nivel y no otro? La razón es que en este mercado hay múltiples distorsiones que se topan con opciones societarias; es decir, con argumentos políticos.
Entre las distorsiones se encuentran asimetrías de negociación entre la empresa y el trabajador que gana este tipo de salario. Normalmente este tipo de trabajador corresponde a uno que tiene muy baja calificación y, por lo tanto, su capacidad negociadora es muy baja.
Hay también opciones societarias. El salario mínimo en cierta forma refleja lo que la sociedad considera que es el valor mínimo justo de los servicios laborales. Sin embargo, como el salario mínimo lo paga la empresa y no el gobierno, este no se pueda fijar en cualquier nivel.
Si es demasiado elevado, algunas empresas no podrán pagarlo y, por lo tanto, pueden despedir trabajadores, en cuyo caso el alto nivel del salario mínimo se notará en desempleo, o pueden no contratar, lo que hará que los efectos sobre el desempleo se noten a través del tiempo.
Desgraciadamente, es difícil saber a priori cuál será el escenario más probable. En la fijación del salario mínimo hay algo de ensayo y error, pero donde “error” significa desempleo de los trabajadores más vulnerables si es muy alto o pobreza si es muy bajo.
Así entonces, las opciones políticas sobre la justicia de un cierto nivel de salario mínimo chocan con la realidad de las empresas, fundamentalmente las pequeñas y microempresas, que pueden no ser suficientemente productivas como para pagar dicho nivel mínimo.
El problema es que el salario mínimo se fija para la economía en su conjunto y en esta economía hay realidades muy diversas. Hay empresas, por ejemplo, una vulcanización o un almacén de barrio, donde probablemente los márgenes no dan para pagar mucho más hoy. Por otro lado, hay otras empresas en las que sí es probable que se pueda pagar más, por ejemplo, empresas de limpieza que prestan servicios a grandes empresas.
La idea de “institucionalizar” la fijación del salario mínimo, usando una comisión que fije parámetros clave —como la inflación esperada y la medición de productividad relevante— es una condición necesaria, pero no suficiente. Desde la perspectiva económica, las variables que juegan un rol crucial son esas dos. Sin embargo, esta fórmula supone que el nivel del salario mínimo, por ejemplo, respecto de los salarios medios de la economía, es el correcto y eso nos lleva a la discusión distributiva que ya mencionamos.
El gobierno debiera armar un paquete de medidas que resuelva todos estos problemas. Algunos elementos de este paquete debieran incluir: (1) un salario mínimo entre $ 193.000 y $ 200.000. Según datos demográficos, esto significa un ingreso en torno a los $ 280.000 para un hogar tipo, lo que no es compatible, dado el tamaño del hogar medio, con que esas personas vivan por sobre la línea de pobreza; (2) un anuncio creíble de mayor supervisión a las empresas que abusan del uso de salario mínimo como forma normal de remuneración, lo que implica supervisar mayormente a las empresas que usan la ley de subcontratación; (3) un fortalecimiento de la negociación colectiva de manera que quienes puedan pagar más lo hagan, lo que implica revisar los abusos asociados a los así llamados multi-ruts; (4) una mejora sustancial de los programas de apoyo al empleo femenino y al empleo joven. En el caso de las mujeres, los subsidios asociados al cuidado infantil son muy bajos como para que tengan el efecto deseado; por ejemplo, los considerados en el programa de ingreso ético.
Como puede verse, la discusión sobre salario mínimo abarca más áreas que las directamente involucradas, pero la estr
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