"Retardar el avance económico, prolongar la pobreza, tolerar más cesantía, postergar alzas de remuneraciones. ¿Eso queremos los chilenos?..."
Cuesta creerlo, pero los sondeos sugieren que Chile, a tan solo cuatro años de haber elegido a un gobierno comprometido con apurar nuestro camino al desarrollo, se apresta a volver atrás.
En 25 o 30 años hemos hecho de Chile un caso de desarrollo exitoso. Para nuestros vecinos, somos modelo de democracia y economía libre. De acuerdo con la OCDE, exhibimos un ritmo envidiable de crecimiento económico y creación de empleos. Las políticas macro y microeconómicas aplicadas durante el presente gobierno son celebradas por aprovechar una coyuntura externa favorable para desatar una ola de inversiones, crear empresas e impulsar la competitividad y la innovación. De acuerdo con el Banco Mundial, en los últimos cuatro años escalamos 19 posiciones, y estamos en el puesto 34° en el mundo —por lejos, el mejor del continente— en materia de mejor clima de negocios. La reciente aprobación de la nueva Ley de Quiebras —que ayuda a reemprender— y la plena aplicación de la Ley de Sociedades “en un día” auguran que en las futuras mediciones seguiremos progresando. Pero la candidatura presidencial que encabeza las preferencias por abrumadora mayoría ofrece un futuro muy diferente.
El programa de gobierno presentado por Michelle Bachelet, pese a sus ambigüedades e imprecisiones, no disimula su intención de priorizar la igualdad aun a costa de la prosperidad, de redistribuir el ingreso nacional en lugar de acrecentarlo. En pos de ello, aboga por una nueva Constitución, que instaure “derechos sociales garantizados”, educación gratuita universal en todos sus niveles y un drástico incremento en la carga tributaria que grava a los emprendedores y creadores de empleos. Es probable que la gran popularidad de Bachelet provenga más de sus méritos personales que del contenido del programa, pero es indudable que las circunstancias parecen especialmente propicias para el giro igualitarista que plantea.
Seamos claros. Sin mucho más ahorro, inversión y productividad, Chile no podrá mantener el crecimiento económico de 5% anual ni crear más de 600 mil empleos en el cuatrienio, como explícitamente contempla el programa. Pero sus prioridades y propuestas son incompatibles con ello, ya que causan incertidumbre y dañan los incentivos.
La carrera al desarrollo es ardua. Si la ciudadanía estima oportuno tomarse un descanso, estaría en su derecho. Pero no hay que engañarse: ello significaría retardar el avance económico, prolongar la pobreza, tolerar más cesantía, postergar alzas de remuneraciones. ¿Eso queremos los chilenos?
En 25 o 30 años hemos hecho de Chile un caso de desarrollo exitoso. Para nuestros vecinos, somos modelo de democracia y economía libre. De acuerdo con la OCDE, exhibimos un ritmo envidiable de crecimiento económico y creación de empleos. Las políticas macro y microeconómicas aplicadas durante el presente gobierno son celebradas por aprovechar una coyuntura externa favorable para desatar una ola de inversiones, crear empresas e impulsar la competitividad y la innovación. De acuerdo con el Banco Mundial, en los últimos cuatro años escalamos 19 posiciones, y estamos en el puesto 34° en el mundo —por lejos, el mejor del continente— en materia de mejor clima de negocios. La reciente aprobación de la nueva Ley de Quiebras —que ayuda a reemprender— y la plena aplicación de la Ley de Sociedades “en un día” auguran que en las futuras mediciones seguiremos progresando. Pero la candidatura presidencial que encabeza las preferencias por abrumadora mayoría ofrece un futuro muy diferente.
El programa de gobierno presentado por Michelle Bachelet, pese a sus ambigüedades e imprecisiones, no disimula su intención de priorizar la igualdad aun a costa de la prosperidad, de redistribuir el ingreso nacional en lugar de acrecentarlo. En pos de ello, aboga por una nueva Constitución, que instaure “derechos sociales garantizados”, educación gratuita universal en todos sus niveles y un drástico incremento en la carga tributaria que grava a los emprendedores y creadores de empleos. Es probable que la gran popularidad de Bachelet provenga más de sus méritos personales que del contenido del programa, pero es indudable que las circunstancias parecen especialmente propicias para el giro igualitarista que plantea.
Seamos claros. Sin mucho más ahorro, inversión y productividad, Chile no podrá mantener el crecimiento económico de 5% anual ni crear más de 600 mil empleos en el cuatrienio, como explícitamente contempla el programa. Pero sus prioridades y propuestas son incompatibles con ello, ya que causan incertidumbre y dañan los incentivos.
La carrera al desarrollo es ardua. Si la ciudadanía estima oportuno tomarse un descanso, estaría en su derecho. Pero no hay que engañarse: ello significaría retardar el avance económico, prolongar la pobreza, tolerar más cesantía, postergar alzas de remuneraciones. ¿Eso queremos los chilenos?
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