"El otro modelo", de Fernando Atria et al., comentado por Gonzalo Rojas Sánchez. I.-

26.10.13
"El otro modelo" bajo la lupa.
Una vez terminado el ciclo de columnas sobre el final de la Unidad Popular -textos que serán publicados dentro de poco de forma ampliada en un breve libro de divulgación- dedicaremos unas pocas semanas a comentar uno de los textos más influyentes de los últimos meses en Chile.
Se trata de "El otro modelo", de Fernando Atria, Guillermo Larraín, José Miguel Benavente, Javier Couso y Alfredo Joignant.Escrita sin autorías específicas por capítulos -es decir los cinco profesores se hacen responsables de la totalidad del texto- la obra merece un tratamiento detallado.
Es, después del libro de Sebastián Burr "Hacia un nuevo paradigma sociopolítico", el texto más importante de discusión sobre las coordenadas de la vida pública en Chile. Las diferencias de nivel, de coherencia y de fundamentación, eso sí, son abismantes.Mientras Burr va al fondo, no incurre en contradicción alguna y fundamenta todo, Atria y su equipo concluyen una obra superficial, llena de contradicciones sutiles y flagrantes, carente de sustento en documentos.En esta oportunidad, sólo haremos algunas consideraciones generales, porque durante las próximas semanas iremos desglosando la obra y fundamentando en concreto.
La motivación del libro -afirman los autores- está en las movilizaciones del 2011, pero nunca se discute siquiera su tamaño. Se estima que detrás de ellas hay "intereses y un proyecto", (15) pero no se reconoce su evidente digitación por fuerzas ideologizadas y coordinadas.
Quizás sea ese punto de partida  -entre lo ambiguo y lo engañoso- lo que haga que se usen variadas dicotomías falsas y se opte por lo maquiavélico: "Habiendo llegado al fin, poco importa el camino que se siguió", (29) afirman los autores. Desde las movilizaciones, al cambio de modelo por la vía que sea.
Como el camino importa poco o nada, no es extraño que el libro incurra en variadas contradicciones, que se verán caso a caso en próximas entregas; que prefiera dejar materias en una abierta indefinición y que omita otras. Por ejemplo, no hay una palabra sobre las causas morales y culturales de la situación chilena, aunque la obra llama continuamente a un comportamiento ético a favor del interés general, de la preocupación de unos por otros. Para quedar bien con la neutralidad, los autores afirman que el libro "no es moralista ni menos pretende predicar la virtud", (35) lo que es reiteradamente negado por el mismo texto.
Lo más grave es el recurso a una vieja falacia: inventar un elefante gordo y pesado, al que es fácil dispararle y, obviamente, dejarlo herido de muerte. Se trata de un supuesto Neoliberalismo que, tal como se lo describe en la obra, nunca ha existido en Chile. Los autores inventan una figura modélica basada en El Ladrillo, pero ignoran completamente la Declaración de principios del Gobierno de Chile de 1974, y todos los textos y documentos subsidiaristas que han dado en gran medida desarrollo a las ideas del Gobierno Militar. No sesgan: eso sería poco. Omiten, y groseramente.
Como todos  los males del país los causa el Neoliberalismo originado en el 73 y continuado por la Concertación desde el 90 -aunque atenuadamente- los autores concluyen que en el país la ciudadanía ha sido devaluada.Ya veremos cómo intentan explicar esa historia y el modo en que ellos la reconstruirán.
Gonzalo Rojas Sánchez
II.- 
03.10.13 
El neoliberalismo en El Otro ModeloRecordemos que en El Otro Modelo, se estima que todos los males del país los causa el neoliberalismo, afirman,  originado en el 73 y continuado por la Concertación desde el 90, aunque atenuadamente.
Recordemos también que se trata de un supuesto neoliberalismo que, tal como se lo describe en la obra,  nunca ha existido en Chile.Por eso, porque los autores imaginan que esa política y esas políticas neoliberales han sido hegemónicas en el país, es que -desde tan errónea percepción- hacen afirmaciones sorprendentes.Por ejemplo, que el neoliberalismo recomienda en todo orden de cosas privatizar (13); que el modelo entroniza al mercado como "único asignador de los recursos productivos" (23); que "en la esfera económica se da por sentado que la función del Estado se reduce a la creación de reglas imparciales" (26); que el neoliberalismo afirma que "no hay tal cosa como el interés general, salvo que haya una pluralidad de intereses individuales" y que considera todos los impuestos como "una forma de robo" (53); que para el neoliberalismo lo importante es fijar mínimos; lo que pase después "es por definición políticamente indiferente" (55).¿Cree usted que hay alguna referencia, alguna fundamentación, alguna cita, para respaldar estas supuestas imposiciones neoliberales en Chile? Sí, las hay, pero corresponden a actores políticos tan relevantes en el país como M. Thatcher, F. A. Hayek y R. Nozick, que como todos sabemos han sido Presidentes de la República o ministros de Hacienda y de Economía, o parlamentarios importantes en nuestro país.O sea, porque esas tesis pueden haber sido más o menos exactamente expuestas por algunas de esas personas, la implícita conclusión de los autores viene a ser que en Chile obviamente se las ha aplicado así.No extraña entonces, que después de esa trasposición, haya un conjunto de afirmaciones derivadas, de igual radicalidad y de similar sesgo. Por cierto, en algunos casos es tal la volatilidad de lo afirmado, que en otra parte del libro aparece la contradicción.Por ejemplo se estima que "el mercado es la manera en que dos individuos que no tienen intereses comunes entre sí se relacionan, cada uno intentando obtener del otro el mayor provecho posible, es decir privilegiando el interés propio" (62), lo que es un reduccionismo completo; se llama a los mercados organización más o menos artificial, pero se afirma más adelante que son imprescindibles (quizás por eso se considera a este elefante neoliberal una ideología "enteramente utópica" (51) pero "extraordinariamente exitosa" (55). Por cierto, los autores intentarán una explicación a esta contraposición a lo largo de todo el libro. Juzgue el lector si lo lograron).¿Y el análisis de la subsidiariedad? Bueno, sí, existe. Aparece en la página 150, muy brevemente y de modo que se desfigura el principio: como los autores no quieren referirse a los vínculos entre Estado y organizaciones intermedias, prefieren reducir la subsidiariedad a las relaciones entre Estado y mercado. Así cumplen sus objetivos descalificadores.¿Y las acciones solidarias? Sostiene  el libro que están restringidas "a los terremotos y las inundaciones" (27),  desfigurando así también esa dimensión de nuestras relaciones diarias.De nuevo: el monstruo neoliberal inventado por los autores, ¿lo ha visto alguien en Chile?
Gonzalo Rojas Sánchez
III.- 
10.10.13 
Una política egoísta y privatizadaEl libro "El otro modelo", del que venimos hablando en las últimas semanas, entra pronto a hacer consideraciones sobre la situación política contemporánea.Como en todos los temas, los autores hacen afirmaciones conclusivas con escasa o nula aportación de fuentes y datos. Por ejemplo, estiman que en Chile la política ha pasado a entenderse como "interacción de mercado, es decir como negociación de individuos (o partes) que no tienen un interés común"; es lo que llaman "privatización de la política" (47). Estiman que hoy no se da la "argumentación" -en que las dos partes suponen que la otra busca el interés común- sino la "negociación" -en que cada parte supone que la otra maximiza su interés individual.La afirmación es una notable penetración de los autores en los motivos más últimos que tienen todos y cada uno de los partidos y de las ONG. ¿Con qué instrumento pueden medir esa supuesta intencionalidad profunda y común, que en la realidad ha mostrado durante estos 23 años las más variadas densidades argumentativas y las más variadas ideologías de respaldo? ¿Cómo podría probarse que todos -sí, todos, comunistas y ecologistas profundos también- se han privatizado? Estiman también los autores que son las leyes de supermayoría -las de 4/7- las que hacen más probable la negociación y menos probable la deliberación y discusión (90). De paso, afirman que lo único que mueve a la UDI y RN es contar con un terreno favorable en cuanto herederos del Gobierno Militar (114). Ambas afirmaciones implican que los dos partidos de la centro derecha carecen de todo sentido del bien común: sólo negocian para protegerse, nunca deliberan. Con esa descalificación, se siembra así la posibilidad de su exclusión futura: gente tan egoísta no debiera poder participar para impedir la nueva hegemonía de otra gente tan buena como la que debe llegar a gobernar. Bueno, a no ser que cambien por completo y se adapten a los requerimientos de los autores, se entiende.Además, se acusa a la Constitución de contener tres trampas: Las mayorías para las reformas (91); el Tribunal Constitucional, que no debe ejercer control previo (95) y el binominal (92). Es notable que se considere tramposo el mantener instituciones o buscar acuerdos a través de mayorías más amplias (¿serían menos democráticas que las mayorías menos amplias?), el contar con juristas que contrapesen la actividad de políticos que no necesariamente lo son y, finalmente, que se llame bastardo a un sistema que durante 23 años ha premiado a las mayorías (de nuevo, un gran "pecado democrático", aparentemente).Entonces, concluyen los autores, el malestar de los chilenos es por la institucionalidad y está plenamente justificado (68), ya que esas instituciones fueron diseñadas para impedir la representación (74) y fueron diseñadas para neutralizar (77). Significativo resulta que, en tiempos de encuestas, los autores no reconozcan que para esa gente en estado de malestar, ninguna de esas tres cuestiones ocupa ni de lejos sus prioridades.
En una próxima oportunidad nos referiremos a los antecedentes que invocan los autores para explicar esta supuesta privatización y maldad de las instituciones y, por cierto hablaremos de las fantasiosas y contradictorias soluciones que proponen.
Gonzalo Rojas Sánchez
IV.- 
17.10.13
Falseando los antecedentes
En la columna anterior sobre El Otro Modelo, libro de Fernando Atria y otros autores, anunciábamos que en ésta nos referiríamos a los antecedentes que invocan los autores para explicar la supuesta privatización y maldad de las actuales instituciones.
La culpa de todo la tiene "un tramposo". Esa es la condición en la que queda Jaime Guzmán después de que los autores hablan reiteradamente en esos términos de la Constitución que le adjudican a él y a otros juristas.Se acusa a  Guzmán y a esos otros redactores, de haber estado en contra del sufragio universal y de haber organizado como "punto central" (21) de la Constitución el limitar las opciones para que se la desmontase. Las dos cosas son evidentemente falsas: basta con leer el texto con buena fe para darse cuenta que, por una parte, la Constitución estableció el sufragio universal, y que, por otra, su punto central es la concepción de la persona humana y del bien común (que, por cierto, no tienen nada de neoliberales, como pretenden los autores; quizás por eso mismo, más adelante, llaman "conservadora" a la pretensión de "mantener las cosas como están."(112).¿Por qué no aceptan que todo el sentido que tenía y tiene pedir mayorías amplias para modificar el texto es precisamente la defensa de aquellas concepciones? ¿Alguien puede pensar razonablemente que el punto central de un texto es el mecanismo para proteger y no lo protegido?
Lo notable es que los autores están convencidos de que los juristas cercanos al Presidente Pinochet "no creían en la democracia" (76). Como usted sabe, ellos eran unos creyentes tan fervorosos en cualquier otro sistema que, por eso mismo, establecieron una democracia.Para abundar en su argumentación, los autores sostienen que quienes escribieron el art. 19 querían configurar un régimen neoliberal. Lo fantasioso es que afirman a continuación que "mucho más importante que lo que sus autores pretendían o las palabras que usaron, es la forma en que se lee." (110).Atria y sus adláteres nos quieren convencer de que los autores querían algo que no dijeron, y por eso el lector -Atria- dice con total autoridad lo que en realidad querían escribir los redactores de la Constitución.Esta martingala, por supuesto, no es original de los autores de El Otro Modelo: Ya un Presidente de la Corte Suprema de los EEUU, Brennan, había afirmado años atrás respecto del texto de 1787, que "nadie sabe lo que la Constitución realmente significa, porque las fuentes de información son limitadas; ni siquiera los padres fundadores sabían qué querían decir." Equivocado y todo, por lo menos era el presidente de esa Corte.Hoy, para entender la Constitución, usted tiene que preguntarle  a los autores de El Otro Modelo. Pida hora.
Gonzalo Rojas Sánchez

V.- 
24.10.13 
Soluciones fantasiosas
El libro El Otro Modelo, como lo dice su nombre, pretende ser la hoja de ruta para un eventual gobierno socialista en Chile.
Por eso, después de todas las críticas que formula al supuesto neoliberalismo imperante en el país -que como hemos visto, no existe más que en la mente de los autores del libro- los intelectuales bacheletistas se afanan por proponer soluciones varias para los problemas políticos nacionales.En esta entrega nos haremos cargo de algunas de ellas. En la próxima, de las restantes.
En primer lugar, sostienen que toda ley debe ser aprobada por "la mitad más uno de los senadores y diputados presentes en la sala" (92) Eso significa que, dados los bajos quórums exigidos habitualmente para que la sesión tenga lugar, habría textos aprobados por 20 o 25 representantes del pueblo en el caso de la Cámara, y quizás por unos 10 a 12 en el senado (92). Vaya democracia de las mayorías, vaya democracia de la meritocracia.
En segundo lugar, es constante su insistencia por ir hacia formas de semipresidencialismo y de democracia directa (97-8). Estas últimas, nos dicen, no deben sustituir sino complementar las de la democracia representativa. Si se lee bien, debiera haber menos poder para el presidente, menos poder para el parlamento, y más poder para las organizaciones informales que hablarán a nombre del pueblo y forzarán los plebiscitos, las iniciativas populares de ley y las revocaciones de mandatos que los mismos autores sugieren.Más activismo, menos representación, menos reflexión.
En tercer lugar, como se busca privar al Tribunal Constitucional de parte importante de sus actuales funciones, los autores sostienen que es a través de la acción política que el contenido de la Constitución se desarrollará en el tiempo (95). De nuevo: unos pocos grupos bien organizados de lobbistas políticos, muchas veces con financiamiento extranjero, nos dirán qué es la Constitución. Afirman que el pueblo se podría ir apropiando de la nueva Constitución mediante la acción política, como supuestamente lo hizo con la de 1925. (118). Ya se entiende qué significa esa apropiación: la Constitución dirá lo que estos intelectuales quieran que se lea, porque, recordemos, para ellos lo importante no son los textos, sino como son leídos.
Todo esto, ¿le cabe alguna duda? debe ser promovido a través de una Asamblea Constituyente, mediante la cual nos animan a creer que se logrará el objetivo de contar con una Constitución genuinamente democrática (113). Estiman que los temores de venezolanización son absurdos, porque Chile tiene una trayectoria republicana más sólida que la de los estados bolivarianos (115), pero los mismos autores sostienen a cada rato que las instituciones chilenas son deficientes y además, ignoran la crisis institucional de la UP y la composición de las fuerzas rupturistas que hoy promueven aquella Asamblea.
En todo caso, los redactores no vacilan en contradecirse al afirmar que si no hay una salida constitucional como la que ellos quieren, podría aparecer un caudillo que aproveche el descontento para sus propios fines (118). O sea, un caudillo distinto del caudillismo pseudo intelectual que ellos mismos ofrecen hoy.
Claro, eso no les convendría.
Gonzalo Rojas Sánchez

VI.-
07.11.13
El estado privatizado
Continuamos el análisis de El Otro Modelo,  a pocos días de la definición presidencial, recordando que el conocimiento de las líneas matrices de este libro resulta imprescindible para imaginar  las coordenadas de un eventual gobierno de la Concertación más el PC.
En su segunda parte, el texto se centra en lo que los autores llaman El Régimen de lo público. ¿Cómo explicar su necesidad?
Proponiendo un cambio completo de terminología  -lo que implicará ciertamente una mutación radical en los aterrizajes prácticos- asumen que el Estado no debe ser el garante o gestor del bien común, sino el representante del "interés general" (126).
Hoy, estiman los autores, el Estado privatizado -ponen el ejemplo en concreto del Ministerio de Educación, al que consideran "un individuo privado" (132) -enfrenta sus relaciones con los solicitantes de autorizaciones varias suponiendo que "no hay un interés distinto del interés del solicitante" (129) y por eso, insisten, el Estado no se preocupa realmente de quienes lo necesitan. Lo que subyace a esta mirada de los autores es que los solicitantes son siempre unos individualistas egoístas y hoy el Ministerio un erróneo servidor negligente de esos intereses. Jamás consideran al solicitante como un tercero al que hay que servir, sino como un apitutado ante el que hoy se inclina el Estado privatizado (133).
Una señal clara de esa concepción es la queja de Atria y sus adláteres respecto de los plazos o condiciones que existen para que el Estado emita ciertas resoluciones (135). Ciertamente, eso les incomoda.  Olvidan así que la tarea estatal debe ser ejercida con la probidad del servicio público, es decir, que su obligación es servir, no molestar.
Pero si el Estado realmente es hoy un agente privado (134), ¿porqué no está en competencia con otros? ¿Porqué no es factible eludir sus reglas para contratar con quién más le convenga a cada particular?
Lo que subyace a esa supuesta privatización, sostienen los autores, es que el Estado chileno desde el Presidente Pinochet ha querido tener una tarea mínima, rechazando toda función mayor (138). Pero, ¿no experimentan acaso los chilenos hoy justamente lo contrario, es decir, señales de una creciente y a veces avasallante entrada del Estado en todos los ámbitos de la vida?
Más al fondo todavía, los autores revelan una falsa concepción de la relación entre dos principios básicos. Afirman que si no hay igualdad no hay libertad: cuando no es igual para todos, la libertad no es libertad, es privilegio, nos dicen (139). Eso es falso por completo. Si fuera posible igualar por un instante todas las opciones, se produciría en el momento siguiente la desigualdad de resultados, justamente como fruto de la libertad. ¿Habría que eliminar esos resultados para volver a fojas cero a cada instante como homenaje a la igualdad?  Quizás sea ésta justamente la tarea que le corresponda al Estado en el Modelo que los autores nos proponen.
En la columna final de la semana próxima, mostraremos qué régimen de lo público quieren para Chile.
Gonzalo Rojas Sánchez

VII Y FINAL. - 
14.11.13. 
El régimen de lo público
Este domingo electoral seguirá jugándose un largo partido: el que enfrenta a quienes piensan primero en la persona y después se preguntan cómo ayudarla a ser lo que le corresponde en sociedad, con quienes construyen un mundo ideal en el papel y después buscan meter dentro al pobre bicho humano. Si la teoría no calza con los hechos, peor para los hechos, se escribió hace ya un siglo.Cuando los autores de El Otro Modelo, libro cuyo análisis terminamos hoy, tienen que escoger una posición, ciertamente prefieren la segunda. Y ésa es la postura que acompaña a la candidata Bachelet, la que ilumina (oscurece) su proposición constitucional y todo su programa.Lo público, no lo humano: ese el foco principal de los autores.Por eso, se quedan siempre cortos en la mirada sobre lo público, porque quieren ajustar todo lo humano ahí; pero como saben que la persona se les escapa por todos lados, divinizan lo público, a ver si quedamos todos deslumbrados por su enorme virtualidad y dejamos de pensar en otras dimensiones.En concreto, los autores afirman que las funciones públicas no lo son por el hecho que las desempeñe una repartición estatal: lo son, dicen, porque el régimen a que someten su ejercicio reconoce su dimensión pública (140). Como los autores evitan caracterizar a las funciones públicas, éstas quedan en el aire, dejadas a la voluntad determinativa del legislador. ¿Porqué proveer de alimentación no pasaría a ser una función pública? ¿O qué motivo hay para que asegurarle el trabajo a todos no sea una función pública? Esa carencia de definición permite poner el ojo en el régimen. Por eso los autores sostienen que si la función es pública, el régimen debe ser público, sea privado o estatal el agente que desempeñe la función (151), aunque no sepamos nada sobre qué define a la función como pública.Todo el énfasis queda entonces puesto en el régimen, que es donde el ideólogo puede manipular para inducir al legislador.Por eso, afirman, debe establecerse el régimen de lo público: "dime cuál es el régimen bajo el cual operas y te diré cuál es la función que desempeñas" (157). Pero esta afirmación es insólita: ahora resulta que debe tener prioridad el régimen y eso determina la función, exactamente al contrario de lo afirmado antes (151). "Lógica contradicción", perdonando la expresión.Por momentos, hay intentos de los autores por asimilar las funciones públicas a la provisión de los llamados "derechos sociales." Eso los lleva a afirmar que distribuir con la lógica del mercado los servicios correspondientes a los derechos sociales en una proporción relevante los desnaturaliza (153). Tres objeciones: ¿Cuáles son los derechos sociales y quién los ha determinado así? ¿Porqué no están entre ellos la alimentación, el vestuario y la vivienda? ¿Cómo puede asegurarse que el acuerdo en los campos de la salud o de la educación -por ejemplo- entre un cuerpo intermedio sin fines de lucro y los ciudadanos está en la lógica de los mercados?El problema es la pre concepción del Estado que subyace a esa supuesta provisión de derechos, a esa supuesta función pública. Los autores  estiman que el Estado futuro perseguirá los intereses de todos (o sea es el Estado ideal, sin interferencia de ningún tipo partidista o de corrupción) y suponen que los individuos, y en particular los empresarios, por el contrario, persiguen sus propios intereses y el fin de lucro (141 y 146); o sea, los individuos son lo peor, ya que nunca tienen en vista el bien común.
No extraña que afirmen: "El hecho de que además del Estado haya particulares que estén dispuestos a desempeñar esa función sujetos a ese régimen, no implica que el Estado deba retirarse; eso es una cuestión que deberá ser evaluada caso a caso, tomando todo en cuenta" (154). Esto es socialismo duro y puro: el Estado evalúa si se prefiere a sí mismo, cosa que habitualmente hará.Toda la dicotomía entre interés general e interés individual (155) que los autores ven como sólo solucionable mediante el régimen de lo público, queda perfectamente desvirtuada si se tiene en cuenta la adecuada definición de bien común, a la que nunca los autores se deciden a enfrentarse.
Es la disyuntiva de este domingo [17 de noviembre de 2013]. 
Gonzalo Rojas Sánchez
http://columnasdegonzalorojas.blogspot.com/2013/09/el-otro-modelo-bajo-la-lupa.html