Propuesta para mejorar el sistema de capacitación laboral

El proyecto que impulsará el gobierno parece bien orientado en resolver una falencia que constituye un obstáculo para el aumento de la productividad.

LA MINISTRA del Trabajo anunció que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso un proyecto de ley para reformular el sistema de capacitación que existe en el país. De esta forma, el gobierno vuelve a dar prioridad a un tema cuya discusión es de larga data, pero que requiere de prontas definiciones si es que se pretende enfrentar con éxito los desafíos que el país se ha impuesto en términos de continuar con un crecimiento económico expansivo y lograr el desarrollo de aquí al 2020. Fue la propia titular de esa cartera la que a mediados de 2011 puso de relieve las deficiencias en este ámbito, al señalar que “en el Sence se están gastando US$ 300 millones (anuales) que tienen cero impacto en las remuneraciones y en la empleabilidad de los trabajadores más pobres”.  Para proponer soluciones a los problemas que venía arrastrando el sistema, se creó ese mismo año una comisión de expertos y posteriormente se planteó la tramitación de una ley corta para corregir parte de esas falencias, iniciativa legal que finalmente no prosperó.

Uno de los ejes de la reforma que se plantea ahora está orientado a levantar perfiles ocupacionales para determinar cuáles son las áreas y especialidades donde el mercado demanda mano de obra y con qué características. Para cumplir esa  labor, se contempla crear consejos de competencias sectoriales, entidades que deberán definir a través de estudios los requerimientos de las distintas industrias. Una medida de este tipo podría significar una contribución para identificar correctamente las necesidades de los sectores productivos, y a partir de las mismas, capacitar personal para que cubra esas demandas. Esto permitiría focalizar la especialización, haciendo eficiente el destino de los recursos asignados a esos fines, y ampliaría las opciones de empleabilidad a quienes reciben dichas competencias laborales. Un ejemplo de esas mayores oportunidades que se podrían dar es lo que ha ocurrido en el último tiempo en áreas como la minería, agricultura y construcción, las que debido al pleno empleo que registra el país, han experimentado escasez de mano de obra calificada.

Según cifras del Ministerio de Educación, un 45% de los adultos mayores de 20 años no ha terminado su enseñanza escolar. Debido a ello, contar con un sistema de capacitación adecuado es de la máxima importancia, ya que puede proveer un mecanismo para acceder al mercado laboral en mejores condiciones de calidad y salariales. En este sentido, resulta valorable que la propuesta promueva una capacitación continua de los beneficiarios, de manera que éstos puedan adquirir progresivamente nuevos conocimientos y habilidades y adaptarse a los vertiginosos cambios tecnológicos. Un sistema de capacitación que rinda frutos efectivos debería ayudar también a mejorar la productividad del país, indicador en el que Chile, si bien registró un incremento de 4,24% en 2012, continúa siendo el más bajo entre las naciones pertenecientes a la Ocde.

Un aspecto central para el éxito de cualquier reforma en este ámbito es que la formación que entregan las entidades destinadas a capacitar a los trabajadores sea de calidad y útil, de manera que los certificados que otorgan sean validados por las empresas. En general hoy no ocurre eso, lo cual no sólo resulta frustrante para quienes toman los cursos, sino que implica un despilfarro de recursos públicos. La reforma propuesta pretende hacerse cargo de este problema y la creación de un consejo asesor de capacitación independiente parece ser una instancia que aporte en la concreción de los objetivos que se buscan a través de este proyecto de ley.