La separación y preferencia de los aportes según sus características jurídicas puede llevar a que se privilegien fondos del Estado para instituciones que producen pocos bienes públicos...
"Un quiebre profundo de confianzas" al interior del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) denunciaron las máximas autoridades de los planteles privados que lo integran. Esto, como consecuencia de la decisión unilateral de los rectores de universidades estatales de pedir no solo un trato preferente para sus casas de estudios, sino también privilegiar a sus estudiantes en la política de gratuidad definida por la nueva administración. En ese contexto, la reunión de ayer del CRUCh con el ministro de Educación sirvió para disipar algunas incertidumbres. El ministro Eyzaguirre defendió la idea de no discriminación en el otorgamiento de la gratuidad, en línea con el contenido del programa de gobierno. Asimismo, confirmó que se valora la investigación que realizan las universidades privadas con vocación pública y que por ello tendrán acceso a fondos públicos para desarrollarla. Declaraciones previas habían dejado un manto de dudas respecto de esta posibilidad.
El ministro, sin embargo, insistió en que las universidades estatales tendrán un trato preferente, en conformidad con el programa de la Presidenta Bachelet. En este se señala que se creará un aporte basal de desempeño, exclusivo para las universidades estatales. Su creación la justifica Eyzaguirre a partir del hecho de que "son las únicas donde el mandante es el Estado de Chile". Pero ellas tienen autonomía y no es claro cómo se produce la alineación entre los intereses del Estado y los de las universidades. Desde luego, el Estado no tiene mayor representación en estas instituciones y ellas, en la práctica, se autogestionan. Otro argumento habitual para defender el trato preferente es que es la única manera de asegurar que existan instituciones con proyectos pluralistas y no particularistas. Basta mirar la experiencia de varias universidades chilenas y de un sinnúmero de instituciones internacionales para comprobar la debilidad de esta tesis.
Por lo demás, la historia del siglo XX en Chile da cuenta de una creciente igualdad en el tratamiento de las ocho universidades existentes hasta 1981. Es importante tener claro que, en la práctica, ya existe en la actualidad un trato preferente, aunque respecto de las universidades privadas del Consejo de Rectores las diferencias son modestas. En comparación con el resto de universidades privadas, en cambio, resultan evidentes. Y aquí la pregunta de fondo es más bien por qué universidades privadas con vocación pública, creadas con posterioridad a 1981, no tienen acceso a fondos públicos para investigación, y por qué sus estudiantes, a pesar de diversos avances concretados durante el anterior gobierno, siguen siendo tratados de forma desigual respecto de quienes asisten a instituciones del CRUCh.
De seguirse con exactitud el programa de gobierno, el presupuesto de Educación se llenará de distintas modalidades de financiamiento de estudiantes e instituciones, que no serán coherentes entre sí. Como ocurre en los más diversos países, también en Chile la heterogeneidad entre las universidades es elevada. Solo unas pocas son y pueden aspirar a ser complejas. La separación y preferencia de los aportes según sus características jurídicas puede llevar a que se privilegien fondos del Estado para instituciones que producen pocos bienes públicos, en desmedro de otras que convendría potenciar en aras del interés nacional. Así, por ejemplo, no se puede desconocer que muchas universidades estatales son más bien docentes, al tiempo que varias privadas de vocación pública realizan un mayor aporte a la investigación y a la cultura que aquellas.
Esta realidad no está suficientemente comprendida en el programa y la asignación de recursos que se decida puede terminar siendo un retroceso para el desarrollo de la investigación chilena y el mejoramiento del desempeño de nuestras universidades en el concierto internacional. En esta dimensión, el ministro Eyzaguirre y su equipo deben ser capaces de una reflexión más profunda respecto de los desafíos del sistema universitario. Para esos propósitos, la distinción entre universidades estatales y privadas está largamente superada.
El ministro, sin embargo, insistió en que las universidades estatales tendrán un trato preferente, en conformidad con el programa de la Presidenta Bachelet. En este se señala que se creará un aporte basal de desempeño, exclusivo para las universidades estatales. Su creación la justifica Eyzaguirre a partir del hecho de que "son las únicas donde el mandante es el Estado de Chile". Pero ellas tienen autonomía y no es claro cómo se produce la alineación entre los intereses del Estado y los de las universidades. Desde luego, el Estado no tiene mayor representación en estas instituciones y ellas, en la práctica, se autogestionan. Otro argumento habitual para defender el trato preferente es que es la única manera de asegurar que existan instituciones con proyectos pluralistas y no particularistas. Basta mirar la experiencia de varias universidades chilenas y de un sinnúmero de instituciones internacionales para comprobar la debilidad de esta tesis.
Por lo demás, la historia del siglo XX en Chile da cuenta de una creciente igualdad en el tratamiento de las ocho universidades existentes hasta 1981. Es importante tener claro que, en la práctica, ya existe en la actualidad un trato preferente, aunque respecto de las universidades privadas del Consejo de Rectores las diferencias son modestas. En comparación con el resto de universidades privadas, en cambio, resultan evidentes. Y aquí la pregunta de fondo es más bien por qué universidades privadas con vocación pública, creadas con posterioridad a 1981, no tienen acceso a fondos públicos para investigación, y por qué sus estudiantes, a pesar de diversos avances concretados durante el anterior gobierno, siguen siendo tratados de forma desigual respecto de quienes asisten a instituciones del CRUCh.
De seguirse con exactitud el programa de gobierno, el presupuesto de Educación se llenará de distintas modalidades de financiamiento de estudiantes e instituciones, que no serán coherentes entre sí. Como ocurre en los más diversos países, también en Chile la heterogeneidad entre las universidades es elevada. Solo unas pocas son y pueden aspirar a ser complejas. La separación y preferencia de los aportes según sus características jurídicas puede llevar a que se privilegien fondos del Estado para instituciones que producen pocos bienes públicos, en desmedro de otras que convendría potenciar en aras del interés nacional. Así, por ejemplo, no se puede desconocer que muchas universidades estatales son más bien docentes, al tiempo que varias privadas de vocación pública realizan un mayor aporte a la investigación y a la cultura que aquellas.
Esta realidad no está suficientemente comprendida en el programa y la asignación de recursos que se decida puede terminar siendo un retroceso para el desarrollo de la investigación chilena y el mejoramiento del desempeño de nuestras universidades en el concierto internacional. En esta dimensión, el ministro Eyzaguirre y su equipo deben ser capaces de una reflexión más profunda respecto de los desafíos del sistema universitario. Para esos propósitos, la distinción entre universidades estatales y privadas está largamente superada.
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