La situación de numerosos despidos en diferentes niveles y áreas del sector público, inmediatamente asumido el nuevo gobierno, ha generado variadas opiniones en los distintos sectores políticos. Algunos han pretendido atribuir las causas a un revanchismo, cuyo origen estaría en las palabras de la hoy ministra Ximena Rincón en noviembre de 2013, en las que señaló que “aquellos que se quedaron en el Gobierno, aduciendo que eran técnicos y renunciaron a sus convicciones, esa gente no le hace bien a la política, y espero que no estén en este gobierno”. Otros han preferido atribuir los despidos a un acto tradicional de toda administración entrante. Pero lo más grave es que la misma Presidenta de la República ha hecho vista gorda de esta situación. De hecho, la respuesta de Bachelet ante la pregunta de un periodista sobre estos despidos –en un gesto irónico- fue: “No sé de qué despidos habla usted. Durante el gobierno anterior sabemos de un número de 11 mil a 12 mil personas que fueron exoneradas ¿se refiere a eso?”.
Lo cierto es que ninguna de estas respuestas señaladas está a la altura del problema que implica los despidos, pues no se hacen cargo de la pregunta de fondo que envuelve este dilema político ¿Se justifican todas estas desvinculaciones masivas en el Estado, sin previa evaluación de los desempeños individuales?
En tanto que esta discusión persigue la justificación de decisiones de un gobierno, y afectan a la cosa pública, se convierte entonces en un tema político del cual la Presidenta debiese dar cuenta. Y es que los despidos masivos en el sector público (salvo aquellos en que se justifica plenamente el criterio de confianza exclusiva) más allá de la administración que los ejecute, responden a un tema de justicia, y no se agotan en una cuestión de costumbres. ¿O alguien podría apoyar el despido de un garzón sin previa evaluación, o de funcionarios que fueron contratados por la misma administración anterior de Bachelet, y que precisamente por su buen desempeño siguieron en sus cargos hasta la semana pasada en que la mandataria volvió a La moneda?
En esa misma dirección, ¿cómo se podría justificar que las precipitadas desvinculaciones de los integrantes de la alta dirección pública -quienes no son sino ejecutores idóneos de políticas públicas (por eso es que pasan una rigurosa selección técnica)- responden a razones de mal desempeño o falta de confianza? Si el sistema ADP fue creado precisamente para evitar los arreglos políticos que llevaron al Estado a una profunda crisis provocada por la práctica de operadores y cuoteos políticos, entonces el camino que está tomado el nuevo gobierno en materia de despidos es arriesgado, en tanto puede dejar una señal contraria al espíritu que guió la creación de la institución de la ADP.
Enviar una reforma al congreso para perfeccionar la ley de ADP en lo referido a la figura provisional sería una señal potente de transparencia de Bachelet, cuyo poder dentro de la ex concertación es hoy indudable, de modo que es sólo cuestión de voluntad. Si la mandataria sigue mirando para el lado, corre el riesgo de abrir flancos de fantasmas que podrían volver a atormentar a su coalición en materia de transparencia.
El regreso al poder de Michelle Bachelet fue producto de un triunfo amplio y claro, que restituyó (al menos en parte) la imagen de sus aliados ante la opinión pública. Si hay algo que en su salida de La Moneda el próximo 11 de marzo de 2018 no puede volver a ocurrir, es que surja un nuevo Andrés Velasco como denunciante de malas prácticas. En esto, los presidentes de la CUT y de la ANEF podrían ayudar preventivamente a su Presidenta
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTE SIN RESTRICCIONES PERO ATÉNGASE A SUS CONSECUENCIAS