Los inesperados giros del caso Tottus

Artículo correspondiente al número 315 (16 al 29 de diciembre de 2011)

La instalación de un supermercado Tottus en Colina, uno de los casos más sonados del último tiempo, enfrenta un final tan abierto y confuso que ahora todo depende de la decisión que en las próximas semanas tome la Corte de Apelaciones. Un cúmulo de detalles judiciales y legales llevaron a que, después de seis años de investigaciones, todo pueda terminar en nada. O en un nuevo largo juicio. Por Fernando Vega.

El caso Tottus-Colina, uno de los escándalos más sonados y que lleva seis años de investigaciones, enfrentaría en las próximas semanas su momento clave: la Corte de Apelaciones deberá definir si acepta o no las reclamaciones sobre las penas que la Fiscalía Centro Norte propuso para los tres acusados de cohecho en este caso: el alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), su ex jefe de gabinete, Domingo Soto, y el agente inmobiliario Nabil Mansour.
El tribunal puede inclinarse por llevar a los tres acusados a un juicio simplificado, que es lo que busca la fiscalía. Pero también tiene facultades para decretar que se sobresea el caso, debido a que los plazos ya se extinguieron. Y un tercer escenario, considerado el más audaz –pero no por eso menos probable– es que ordene empezar todo de nuevo. Sí, todo de nuevo.
Es un final tan abierto que en el ambiente judicial nadie se atreve a vaticinar nada. Sólo se comenta que lo que pase marcará la pauta para varios otros procesos de este tipo que se tramitan.

Gritos en El Establo de Chicureo
Quizá fue un exceso de celo o la mala onda que según dicen en Colina existía entre Carabineros y el alcalde Olavarría. Pero a las 19.09 horas del 15 noviembre de 2007 el teniente Cristián Klapp estampó en la Octava Comisaría de esa comuna una denuncia por la aparente infracción a la ley de alcoholes que habría estado perpetrando el supermercado Tottus de la zona. Eso fue el inicio de todo.

Ubicado en Avenida Inmaculada Concepción 47, donde antes funcionaba la municipalidad, el local vendía licores pese a estar a menos de 100 metros de un recinto de Carabineros –en realidad estaba al lado–, un paradero de colectivos y un hogar de menores, contraviniendo disposiciones que establecen una mayor distancia.

Al día siguiente el caso comenzó a ser investigado. Los primeros en declarar fueron los integrantes del gobierno comunal. La ex concejala DC Alejandra Bravo, una de las más enconadas detractoras de Olavarría, junto con deslindar su responsabilidad en la entrega de la patente de alcoholes, deslizó que corrían rumores en torno a cómo se instaló allí la cadena. Y abrió la caja de los truenos.

Después de ella comenzaron a desfilar por la fiscalía de Colina varios funcionarios municipales. En menos de un mes el concejo entero ya había testificado. Algo olía muy mal en el norte de Santiago.

En su declaración, por ejemplo, el concejal José Suárez dijo haber oído que en el restaurante El Establo de Chicureo el alcalde Olavarría y el concejal Maximiliano Correa se trenzaron en pleno comedor en una estruendosa discusión con un mandamás de D&S. El ejecutivo habría acusado al edil y a su acompañante de haberse “vendido al Tottus”, lo que desató una discusión de la que todos los comensales se enteraron. Y después comentaron. Ese ejecutivo –como después consignó la investigación– era el gerente general del área inmobiliaria de D&S, Sebastián Rozas.

Las declaraciones del gerente general del área inmobiliaria de D&S, Sebastián Rozas, fueron clave para la investigación contra el alcalde Mario Olavarría. Inicialmente Lider quería quedarse con los terrenos.

A principios de 2008 el fiscal Pablo Ortiz consideró que estaba ante un caso de posible corrupción. Pidió a los expertos de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones entrar al caso. Tenía la sospecha de que Tottus pagó para quedarse con el terreno, por el que también había pujado Lider, de D&S.

Según consta en el proceso, en agosto de 2005 la ex firma de los Ibáñez ofreció quedarse con el paño, mediante un arriendo a 30 años. Pero en enero de 2006 decidió poner fin a las negociaciones porque el alcalde y su asesor Domingo Soto les habrían exigido operar con el gestor inmobiliario Nabil Mansour Lelesdakis, pagando una comisión de seis mil unidades de fomento. El procedimiento y la cifra fueron considerados anormales.

Como el negocio se cayó con Lider, entró Tottus. Ese mismo mes, el vicepresidente ejecutivo de esa cadena, Francisco Leyton, se reunió con el alcalde Olavarría y, según acusa la Fiscalía, el edil y Soto reincidieron en su exigencia de que el trato se hiciera con Mansour y se pagaran las seis mil UF de comisión.

La solicitud habría sido aceptada y el 13 de septiembre de 2006 se firmó el contrato. Hubo un pago anticipado –legal– de 850 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio de la municipalidad y el miércoles 31 de octubre de 2007 se inauguró el Tottus Colina, sin que ninguno de los presentes en la inauguración se imaginara la tormenta que se desataría.

La cadena de pagosEl 27 de junio de 2008 a las 10.10 de la mañana, Leyton fue citado a declarar ante la Bridec. Estaba tranquilo y respondió una a una las preguntas. Aseguró que recibió en 2005 una invitación del municipio para invertir en Colina, que no pagó comisión alguna y que sabía de la existencia de Mansour porque éste era un corredor de propiedades bien conocido en la V Región.

En forma paralela, pero en otra oficina, Juan Benavides, gerente general corporativo de Falabella, decía que todo estuvo en manos del fundador de los supermercados San Francisco, en su rol de hombre encargado del área supermercadista del grupo.

Pero tres días después Francisco Leyton volvió al cuartel de Investigaciones para decir que había hecho consultas y que sí, efectivamente, se le habían pagado a Nabil Mansour seis mil UF en comisiones. Pero por tres anteproyectos. Entre medio, una ejecutiva cercana a Leyton, la jefa de proyectos Adriana Bráncoli, había asegurado a los policías que Mansour incluso se apersonó en la oficina para cobrar y que se le pagó con platas de otras sociedades, lo cual a ella “le llamó poderosamente la atención”.

Finalmente, en enero de 2009, Leyton reconoció que había pagado. Ante la fiscalía de Colina sostuvo que llevaba muchos años tratando de instalarse en la comuna, porque su especialidad eran los pueblos chicos y que nunca reveló al directorio de la cadena haber realizado esos pagos. Aseveró que aceptó realizar el desembolso porque estaba seguro de que recuperaría la plata. Añadió que le fue imposible conseguir una rebaja de parte de Mansour.

El ejecutivo también reconoció que el pago lo hizo a través de una de sus sociedades personales, porque en ese entonces los supermercados no estaban cumpliendo con las metas de ventas..

Ese día, Leyton incluso proporcionó al fiscal una tabla con las ventas del supermercado. Adjuntada a la causa, se puede leer que en su primer mes de operaciones, el Tottus Colina vendió 54 millones de pesos, pero a diciembre de 2008 la facturación ya se empinaba en los 1.327 millones de pesos. Lejos, mucho más que lo proyectado.

Según la acusación, la comisión fue pagada en diciembre de 2006. La transacción se hizo con dos cheques de la Empresa Inmobiliaria Montes Asis Ltda., –de propiedad de Leyton– por montos totales equivalentes a las seis mil UF. Mansour los depositó en su banco y posteriormente –acusa la Fiscalía– habría transferido parte de dichos dineros a Soto, quien a su vez y de manera fraccionada se los habría reenviado a Olavarría.

Un alcalde en apuros
El 20 de abril de 2009 el alcalde Olavarría declaró ante el fiscal. Las preguntas se centraron sobre todo en su situación económica. Durante los meses anteriores, la Bridec había analizado sus cuentas, todos los cheques que firmó y los depósitos que recibió, cruzó información de sus sociedades y el resultado fue que su declaración de ingresos no cuadraba. Ni con su tren de vida, ni con los saldos que mantenía en los bancos. Hasta hubo diligencias en instituciones financieras argentinas buscando recursos a su nombre.

En su defensa, el edil afirmó que tenía cómo justificar todo. Recibía platas de su oficina de abogados. Explicó que allí atendía a varias empresas como el Banco de Chile, porque sus ingresos como alcalde eran insuficientes. También afirmó que hasta 2005 recibió honorarios de la UDI y que los depósitos que le hizo Soto se debían a asesorías. Justificó los depósitos mensuales que éste le realizaba como ayuda para superar los problemas económicos generados por su separación matrimonial. En total, le debía a su subalterno 60 millones de pesos.

Sobre sus gastos explicó que pagaba dos créditos hipotecarios con el Scotiabank por 800 mil pesos mensuales y que Mansour llegó a la municipalidad con la oferta de Lider en forma individual. Que a él no se le había ocurrido echar mano a los terrenos de la discordia y que la oferta le pareció atractiva, porque aseguraba el dinero suficiente para levantar un nuevo edificio para el gobierno comunal.

Ya enfrentado a las acusaciones que hicieron los ejecutivos de Lider, el edil sostuvo que Sebastián Rozas fue una vez a su oficina a insinuarle que le estaban cobrando comisiones muy altas y raras y que él se indignó ante ello e hizo entrar a su oficina a Soto para que lo oyera. “En esto quiero ser claro. A Mansour nunca lo he visto más de cuatro veces en mi vida”, puntualizó, recalcando que el promotor inmobiliario se apareció por Colina de la mano de la gente de D&S primero y de Tottus, después.

La jornada fue tensa. Como en las novelas, el fiscal buscó sorprender a su interrogado y llevarlo a contradicciones. La última pregunta que le hizo fue por qué manejaba una Hyundai Santa Fe inscrita a nombre de una empresa de Mansour. La respuesta del edil fue que los contratos de arriendo los hacía la Corporación Municipal y no él y que por lo demás ese auto lo estaba usando hacía dos años.

Entre tanto, la causa llegó a sumar once tomos, repartidos en casi ocho mil páginas, y se acumularon 227 pruebas finales. Desde declaraciones hasta mails, cartas, planos, fotos, conversaciones telefónicas y balances financieros, entre otras.

Nuevas investigaciones 
Así se llegó a la acusación y el 28 de abril de este año la Fiscalía Centro Norte llegó a un acuerdo con los tres principales acusados y Francisco Leyton para suspender el caso. No había más antecedentes y por las buenas conductas anteriores –que rebajaban formalmente toda pena–, se acordó que Olavarría debería firmar durante 13 meses y restituir un monto cercano a los 56 millones de pesos a la Contraloría General de la República. Pero el Consejo de Defensa del Estado alegó.

El 6 de junio la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones le dio la razón a ese organismo y ordenó reactivar las investigaciones por considerar que los hechos eran “graves y reiterados”, por lo que una salida alternativa no correspondía.

La Fiscalía propuso para Olavarría, Mansour y Soto dos penas de 51 días de prisión, más dos multas de seis mil UF e inhabilitación especial para cargos y oficios públicos. Pero el acuerdo fue rechazado. Ahora la Corte de Apelaciones tiene la llave para definir el futuro del caso.

Tras ese revés, la fiscalía siguió investigando. Entre esa fecha y el 8 de noviembre pidió un nuevo informe pericial a la Bridec, volvió a interrogar a doce testigos; entre éstos y otros, a Rozas de D&S y los concejales de Colina.

Con las nuevas pruebas y confiando en su estrategia, la fiscalía optó por seguir su guión. Propuso al Tribunal de Garantía un procedimiento simplificado; es decir cerrar el caso mediante un acuerdo que incluye penas menores y evita llevar a los inculpados a un juicio público.

Para Olavarría, Mansour y Soto propuso dos penas de 51 días de prisión, más dos multas de seis mil UF e inhabilitación especial para cargos y oficios públicos mientras cumplan esa condena. Con ello, dejó abierta la puerta para que el popular alcalde se presente nuevamente a elecciones.

Además, al alcalde le aplicó una multa de 15 unidades tributarias mensuales por el otorgamiento indebido de la patente de alcoholes a Tottus.

Leyton quedó libre, debiendo pagar una multa.

El tribunal de Colina en un principio aceptó esta fórmula. Pero luego echó pie atrás y endureció su postura, avalado por un fallo de la Corte de Apelaciones que declaró inadmisible que todo acabara así.

Final abierto
Tras ello, la Fiscalía Norte apeló de nuevo el 23 de noviembre pasado para volver a intentar un juicio simplificado, pero sin resultados positivos. Entonces acudió a la Corte de Apelaciones. Incluso presentó un caso fallado por el mismo tribunal de Colina en marzo de 2009, en que éste aceptó un procedimiento de esa característica por delitos de cohecho (un intento de soborno a un policía).

Debido a que la norma da 10 días para apelar o en caso contrario obliga a cerrar el proceso, se abrió un escenario inesperado: ahora es posible que todo quede en nada.

¿Cómo se llegó a eso? Algunos culpan a la fiscalía. Dicen que le faltó pericia. Otros, que careció de audacia. Pero lo cierto es que formalmente la institución no tenía muchos más caminos que intentar. La investigación terminó el 8 de noviembre y la fiscalía recién solicitó realizar un juicio simplificado el día 17, que no fue aceptado, de modo que los abogados interpretan que se vencieron todos los plazos.

Aún así, la fiscalía apeló nuevamente. Y en estos momentos la llave la tiene la Corte de Apelaciones. Si el tribunal desestima este recurso, deberá abrirse a discutir el sobreseimiento definitivo del caso.

El otro escenario es que la Corte obligue a realizar un juicio oral y que el CDE siga insistiendo hasta lograr que todo comience de nuevo.

El abogado de Olavarría, Matías Balmaceda, asegura que “a estas alturas, después de 6 años no existe ninguna prueba para poder acreditar un cohecho e incluso nunca el Servicio de Impuestos Internos encontró que Mario Olavarría haya cometido algún delito tributario”. Añade que si hubiera un juicio oral, esta causa ya no tendría sentido, porque hasta el presunto pagador del cohecho; es decir Francisco Leyton, ni siquiera va a poder sentarse a declarar como testigo, porque fue sobreseído.

¿Todo de nuevo?
Y es por eso que el CDE tendría sus esperanzas puestas en la Corte. El organismo esperaría que en un caso de tanta publicidad y controversia los magistrados opten por una salida alternativa y decreten investigar todo de nuevo. Como sea, otros abogados estiman esa movida como altamente improbable.

A eso se suma el renovado interés de la oposición en el caso. Como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha sido tan duro con el Ministerio Público acusándolo de “mano blanda”, ahora todos quieren saber si sus críticas serán tan ácidas tratándose de un alcalde de gobierno.

La causa llegó a sumar once tomos, repartidos en casi ocho mil páginas. Se acumularon 227 pruebas finales, desde declaraciones, hasta mails, cartas, planos, fotos, conversaciones telefónicas y balances financieros, entre otras.

También se habla de un “gallito” entre la fiscalía y el CDE, que además tiene ingresado otro recurso en el que busca que declare el último de los directores de Falabella que no lo ha hecho, el actual canciller. También pide que se interrogue a los funcionarios del SII que analizaron las cuentas de los imputados y expliquen cómo se justifican sus ingresos.

El ex concejal Nicolás Pavez, querellante particular en la causa, sostiene que Olavarría es un muy buen alcalde, pero que su gestión ha estado salpicada de irregularidades. “Si lleva todos estos años haciendo alarde de su inocencia, lo lógico sería que aceptara ir a un juicio oral en que ésta se demuestre. Bajo ninguna circunstancia creo que se puede construir un acuerdo en la medida que sólo haya reparación económica”, puntualiza.

Mientras se resuelve todo, como sonido de fondo hay quienes sostienen que detrás hay un intento de parar el ascenso político de Olavarría. El edil es un caudillo que con su peculiar estilo parece imbatible en el norte de la capital. “Él está bien, tranquilo, súper al tanto de lo que está ocurriendo. Va ir a la reelección, no hay cómo vincularlo con ninguna de esas platas”, advierte Balmaceda.