Delincuencia en Chile

Klaus Schmidt-Hebbel
Doctor en Economía del MIT y 
profesor titular de la UC

América Latina y África tienen las mayores tasas de delincuencia entre las regiones del mundo. Chile aún tiene bajas tasas de homicidio pero una altísima incidencia de robos y hurtos. La tasa de robos en Chile casi duplica la del resto de América Latina y es ¡127 veces la de Japón! (Cuadro 1). En el 39% de los hogares chilenos algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo y un 54% de la población ha denunciado haber sido víctima de un delito en los últimos seis meses. No sorprende que un 80% de los chilenos sufrimos de niveles medios o altos de temor a la delincuencia. Peor aún, estas cifras del año 2011 son parte de una tendencia creciente de delitos y sus secuelas en los últimos doce años (Gráfico 1).

En el mundo y en Chile se ha perdido la guerra contra las drogas hoy ilegales, así como EE.UU. perdió la guerra contra el tráfico y consumo del alcohol durante la prohibición del mismo (1920-33). Somos campeones mundiales en consumo de cocaína: un 8% de los jóvenes chilenos la ha probado alguna vez (Cuadro 2). Pero el consumo de drogas y alcohol en la población total está cayendo (Gráfico 2). En cambio, las detenciones por tráfico o consumo de drogas se han multiplicado por siete.

¿Qué determina la delincuencia en el mundo y en Chile? La evidencia científica muestra que la delincuencia disminuye con el crecimiento, la prevención social, la persecución penal eficaz y la confianza social. En cambio, la delincuencia aumenta con las drogas ilegales, los hogares con mujeres jefas de hogar, el porcentaje de jóvenes, el desempleo, la concentración del ingreso y el tamaño de las ciudades.

La delincuencia tiene costos directos: aquellos impuestos a las víctimas (por pérdidas de vidas, salud, días laborales y propiedad), el coste público (en prevención, investigación, persecución y penalización de la delincuencia) y el gasto privado en prevención (alarmas, guardias privados, rejas, primas de seguros). Libertad y Desarrollo estima que los costos directos de la delincuencia equivalen al 2,2% del PIB de Chile.

Pero la delincuencia impone dos costos indirectos adicionales. Primero, están los daños terribles que infligen los criminales a sus víctimas, lacerando sus mentes y sus almas. Segundo, están los costos indirectos pagados por toda la población. La delincuencia destruye la confianza interpersonal y es un impuesto al trabajo, al ahorro, al emprendimiento y a la recreación fuera del hogar, reduciendo la calidad de vida y el crecimiento económico.

Frente al aumento de este mal en las últimas décadas, Chile ha respondido reformando leyes e instituciones y destinando más recursos al combate de la delincuencia. Un hito importante fue la reforma del sistema procesal penal, con mejoras sustanciales en efectividad y transparencia. Las detenciones y condenas han aumentado en los últimos decenios así como los recursos destinados a su control, llevando a una explosión de la población carcelaria, con excesivo hacinamiento y una baja exposición a programas de rehabilitación.

El Plan Cuadrante de Carabineros ha reducido algo la delincuencia. El gobierno actual ha impulsado el inicio de la esencial Subsecretaría de Prevención del Delito y la promulgación de leyes de penas alternativas, registro de pedófilos y prófugos de la justicia. Están por promulgarse leyes de aumentos de penas al abigeato y al robo de autos. La implementación del sistema táctico de análisis delictual en Carabineros y del programa de desarticulación de mercados de venta de bienes robados en la PDI son iniciativas promisorias.

¿Cuáles son los cinco grandes retos que aún enfrentamos?

1) Reformar el Código Penal para modernizar la tipificación de delitos y sus penas, tal que las penas más severas se asignen a delitos de mayor gravedad y existan penas alternativas (servicio comunitario, pagos) para delitos menores.

2) Mejorar los programas y el financiamiento de la prevención social y situacional, con monitoreo de poblaciones en riesgo delictual.

3) Lograr una mayor efectividad de policías y fiscalías en la investigación de delitos y persecución de delincuentes, incluyendo la persecución de delitos menores (robos y hurtos) que hoy se archivan.

4) Establecer mejores programas de rehabilitación y reinserción de condenados, particularmente para menores y primerizos.

5) Reconociendo la derrota local e internacional en la guerra contra las drogas, y considerando que la ilegalidad de éstas contribuye al crimen en general, legalizarlas parcialmente a la vez que controlar con estrictez la producción y el consumo de algunas, para así proceder en el largo plazo al logro de acuerdos internacionales de despenalización y control de las drogas en sentido amplio.

Columna dedicada a la memoria de mi amado hijo Diego, quien dio su vida para salvar a una familia del asesinato colectivo.