Diario El Mercurio, Sábado 17 de Noviembre de 2012
Las campañas presidenciales son la mejor oportunidad que brinda la democracia para abordar los grandes problemas que afectan al país.
Durante esta semana he manifestado mi posición respecto del desafío energético que afronta Chile. Frente a una pregunta concreta sobre HidroAysén respondí -constatando lo expuesto públicamente por los directivos de dicha empresa- que no existían hoy las condiciones normativas ni políticas para hacerlo viable.
Y usé la expresión "está muerto" para ilustrar sin eufemismos la realidad de muchos proyectos de distintos tamaños, tecnologías y ubicación.
Además de los proyectos hidroeléctricos de la Región de Aysén, mencioné un proyecto eólico en la Isla de Chiloé; un proyecto hidroeléctrico de pasada en la provincia de Linares, y diversos proyectos termoeléctricos en el norte.
Hoy, si bien existe una cartera de proyectos de generación de más de 20.070 MW, sólo 1.940 MW se están efectivamente desarrollando, en circunstancias de que una estimación razonable indica que Chile requerirá 20.000 MW adicionales en las próximas dos décadas. ¿Cuántos proyectos están aprobados ambientalmente y sin embargo no inician su ejecución?: totalizan 13.442 MW (www.centralenergia.cl).
No tapemos el sol con un dedo. No basta con decir que el Estado debe velar por el cumplimiento de la institucionalidad y esperar que los privados ejecuten los proyectos.
Chile tiene en sus instituciones un gran capital, y la ambiental no es una excepción. Pero la mayor fortaleza institucional proviene, precisamente, de su capacidad para evolucionar al compás de los nuevos contextos sociales y políticos evitando ser sobrepasada, entre otras vías, por una creciente judicialización. Hoy, la institucionalidad ambiental no tiene buena respuesta para a lo menos tres aspectos clave: zonificación territorial; compensaciones sociales a las comunidades (los proyectos energéticos tienen impactos locales y beneficios nacionales), y participación ciudadana temprana.
En Chile, la energía hoy es cara, sucia y altamente dependiente del exterior. Y debemos transitar precisamente a la orilla opuesta: hacia energía competitiva, limpia y autónoma. ¿Cómo recorrer ese camino? Sólo será posible hacerlo a través de un acuerdo político amplio, que se haga cargo del problema y que termine con el espejismo -a estas alturas, irresponsabilidad- de seguir postergando definiciones.
Ya no hay espacio para ilusiones ni para demagogia. Es cierto que la eficiencia energética puede aliviar el problema, pero está lejos de poder solucionarlo. Tampoco las llamadas ERNC son la panacea: en ningún país del mundo logran resolver, por sí solas, la demanda. Tampoco Chile puede darse el lujo de prescindir de la hidroelectricidad, en circunstancias de que los recursos hídricos del país tienen objetivamente ventajas apreciables.
Nueva Zelandia ha logrado compatibilizar generación hidroeléctrica, cuidado del medio ambiente y un intensivo turismo de intereses especiales vinculado a la naturaleza. ¿Por qué en Chile no podemos hacer algo similar?
El problema no se agota con lo someramente expuesto: se requiere aumentar la competencia, y ello implica más y no menos actores en el sistema. Y un mayor rol del Estado también es indispensable. A través de la carretera eléctrica, el Estado asume la determinación de una franja territorial para los sistemas de transmisión, considerando criterios ambientales, sociales y de interés público y no sólo económicos y de índole técnico.
A la larga e injustificada demora en la implementación de los tribunales ambientales, que mantiene congeladas las funciones de la superintendencia respectiva, debe anticiparse una dificultad mayor. ¿Cómo "convivirán" tales tribunales con el recurso de protección y el rol que la Corte Suprema ha asumido en los conflictos ambientales?
Hasta ahora, el debate público sobre estas materias, habitualmente se queda en la polémica sobre proyectos específicos, no tiene una visión global y es funcional a evitar definiciones que acarrean costos políticos. El resultado no puede ser peor: el país está cada vez más entrampado en la solución del problema; las holguras se hacen cada vez más estrechas, y el tiempo -los proyectos energéticos son de larga maduración- es cada vez más corto.
El lanzamiento de la Estrategia Nacional de Energía, por parte del Gobierno, fue un paso muy importante para avanzar en la dirección correcta. La campaña presidencial que se inicia es el espacio público para llevar adelante el debate que debe conducir al acuerdo político que es indispensable materializar.
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