EL POST Desafíos para la Acreditación Universitaria

Por Ricardo Paredes

La discusión sobre el lucro encubierto y la calidad universitaria parece hoy  irrelevante comparada con la que levanta la naturaleza de las denuncias que pesan sobre el ex Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación y directivos de universidades. Es que las denuncias sobre cohecho, negociación incompatible, lavado de dinero, en fin, corrupción, tienen que ver con un tema mucho más básico y elemental en el que no caben dos opiniones.  Es cierto que un camino posible de análisis es vincular los incentivos a corromper sólo con la existencia de instituciones con fines de lucro. Es esperable que el dueño de una institución que puede obtener enormes ganancias asociadas al engaño, esto es, a señalar que su institución es mejor de lo que realmente es, esté más interesado en corromper para conseguir aquello que la plana directiva de otra institución que no persigue una finalidad de lucro. Pero quedarse ahí es necio y peligroso. La institucionalidad acreditadora se requiere para todo tipo de institución, y ésta debe estar sujeta a chequeos externos, los que, claro está, deben ser especialmente cuidadosos en los casos en los que hay sospechas de que en la acreditación se juegan recursos monetarios.  La decisión de Chile de aumentar la cobertura universitaria con calidad significa complementar la información que pudieran obtener los alumnos y sus familias directamente de su experiencia y de la de cercanos, con la obtenida y difundida por una institución acreditadora, que a través de una categorización universitaria sobre la base de criterios de calidad, da reconocimiento y con ello posibilidades de promoción y desarrollo autónomo. Pero cabe reconocer que disponer de un sistema de acreditación universitaria es por construcción una tarea titánica.  En Chile, con todos los reparos existentes desde hace al menos diez años a la institucionalidad acreditadora, la labor y aporte de distintos académicos y profesionales a lo largo de décadas ha sido importante y no puede menospreciarse por un hecho de corrupción, que pudiendo llegar a abarcar a distintas instituciones, parece acotado en el tiempo y a determinadas personas. Son muchos académicos de prestigio que han destinado tiempo y trabajo para evaluar a sus pares, trabajo en general incomprendido, particularmente por ser el chileno un sistema pequeño lo que es agravado por los egos disciplinares particularmente exacerbados en el mundo académico. Más aún, es posible que no haya dos opiniones expertas que concuerden en una sola métrica para definir calidad de la educación superior.  Así, hace tiempo que está claro el desafío existente para definir calidad universitaria y con ella categorización, como lo ha confirmado el trabajo de las distintas comisiones presidenciales sobre el tema universitario. Sin embargo, el desafío creado por la nueva institucionalidad de financiamiento estudiantil, que requiere la definición de aranceles de referencia, a mi juicio vinculados sólo con la calidad educativa, y el complemento de aportes basales o generados por fondos concursables, a mi juicio sólo vinculados con el aporte a la sociedad distinto de la docencia,  hace que hoy las definiciones de lo que entendemos por calidad universitaria no puedan esperar.  Es que las denuncias sobre corrupción sólo remarcan la necesidad de disponer de métricas razonablemente objetivables para evaluar la calidad.  No podremos dejar de considerar la opinión de pares respecto de factores cualitativos, ni la disposición de información cuantitativa respecto de métricas vinculadas con calidad. Sin embargo, hay buenas noticias que sugieren que se pudiera ir simplificando el trabajo futuro para la acreditación y en conjunto, reducir los riesgos de presiones y corrupción.  En primer lugar, la consolidación y reputación de instituciones acreditadoras internacionales, que se juegan un valioso prestigio en cada una de sus evaluaciones, debiera reducir la carga de una acreditadora chilena. Si una universidad decide, como lo han hecho algunas instituciones en carreras específicas, acreditarse al alero de una institución de prestigio reconocido y lo logra, entonces ello debiera ser suficiente como para que la Comisión Chilena resuelva positivamente la acreditación, con una equivalencia pre definida. Ello no sólo liberará trabajo y esfuerzo, sino que además se alinea con avances hacia una concepción más internacional de lo que se concibe como un profesional o un aporte de calidad en un mundo globalizado.  Pero cabe reconocer que la acreditación internacional en instituciones de calidad estará disponible y será atractiva fundamentalmente para las universidades más prestigiosas o que están confiadas de que efectivamente cumplen con estándares internacionales. Mientras se avanza hacia una mayor equivalencia con los estándares mundiales, se requerirá suplir las necesidades de acreditación a nivel local.  Pero, en segundo lugar, hay también avances hacia la creación de métricas objetivas que, sin necesidad de consensuar una sola, permiten definir criterios gruesos que deben complementar los análisis de orden cualitativo que seguirán necesitándose. En esta línea, un conjunto de rankings internacionales consideran, con distinta importancia, diferentes variables asociadas a inputs (e.g., infraestructura, libros, capacidad de los profesores), y otras a output (e.g., publicaciones, empleabilidad de los egresados). Con ambas, distintas instituciones, algunas universitarias, otras independientes, e incluso, un número de revistas de difusión no científica, han elaborado rankings que permiten formarse una idea del orden en calidad que distingue, en diversos ámbitos, a cada universidad.  La institucionalidad acreditadora en Chile debiera tomar un conjunto de indicadores relevantes y avanzar a que ellos reflejen el sentido de cada indicador, ajustándolos por ejemplo, por auto reportes imprecisos, por diversidad del profesorado, por condición previa del alumnado (debiéramos estar interesados en transformar), etc., y con ello generar una métrica que permita más que rankear, categorizar las instituciones.  Un trabajo reciente en esta línea (R Paredes, C. Valdivia y A. Barrios (2012) “University Quality: Rankings, Categories and Public Policy in a Dynamic Context”, Documentos de Trabajo, Departamento de Ingeniería Industrial, PUC), aborda metodológicamente parte de este desafío. Los resultados del trabajo sugieren tres conclusiones que vale la pena tener presentes en el debate: i) existe una alta correlación de orden entre distintas metodologías empleadas por distintos rankings internacionales  cuando ellas se aplican a las universidades chilenas; ii) una categorización derivada del conjunto de rankings a partir de clusters, indica que sistemáticamente dos universidades son las que por lejos tienen mejor calidad (grupo 1), que un conjunto de 11 pertenecen a un segundo grupo, que les sigue en calidad, que 26 hay en un tercer grupo y que 14 universidades están en el grupo de peor calidad; y iii) si bien hay tendencias, no es posible hacer un corte de calidad universitaria ni por la antigüedad, ni por la propiedad, lo que muestra que el desafío de determinar la calidad y la acreditación futura, tampoco tiene atajos.