Inmigrantes

Diario El Mercurio, Lunes 23 de Julio de 2012 

Señor Director:

El pasado 15 de julio, vuestro medio de comunicación publicó un reportaje relativo a la iniciativa legal del Gobierno que busca reformar la actual legislación migratoria. Como organización celebramos la iniciativa, dado que ella reconoce la necesidad de actualizar una normativa creada en un contexto político muy distinto al vigente, y permite debatir abiertamente sobre uno de los fenómenos más complejos que enfrentan las sociedades globalizadas.

Sin embargo, creemos relevante poner de manifiesto algunos puntos cuestionables del proyecto. Así, no parecen razonables aspectos como la aceleración de los trámites de expulsión, en el caso de extranjeros infractores de leyes internas, la supresión del trámite obligatorio de toma de razón, a cargo de la Contraloría General de la República, y el establecimiento de una obligación para los tribunales de justicia de entregar información relativa a la situación migratoria de extranjeros.

Una reforma de tales características puede constituir una grave transgresión al debido proceso, puesto que la misma autoridad llamada a pronunciarse sobre solicitudes de residencia, o a decretar la expulsión de una persona, sería la facultada para revisar la legalidad de tales actos, tal como indica el citado reportaje.

Con la legislación vigente ya es posible constatar disposiciones que consagran un régimen de indefensión para migrantes. Por ello, esperamos una propuesta que busque reformar en lo sustantivo el estatuto jurídico aplicable a los migrantes, con pleno respeto a las libertades individuales y derechos fundamentales que el derecho internacional y la Constitución Política aseguran a todas las personas.

Finalmente, no podemos dejar de referirnos a las desafortunadas declaraciones del subsecretario del Interior, aparecidas el día 19 de julio en diversos medios, en que, con el objeto de promocionar esta iniciativa, vincula la precariedad de los salarios con la "inmigración irregular". Este tipo de declaraciones lo único que hacen es alimentar el resentimiento y profundizar la precariedad de uno de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, lo que no se condice con el deber de garante de derechos fundamentales que el Estado debe a todos los habitantes de nuestra república, sin distinciones.

Abigail Tapia
Coordinadora Comisión de Inmigrantes Libertades Públicas AG