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El desafío de la prudencia fiscal por Jorge Marshall


Doctor en Economía de Harvard   Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Nacional Andrés Bello
Diario El Mercurio, Martes 10 de Julio de 2012  



La complejidad del escenario internacional exige observar con atención los riesgos -internos y externos- que enfrenta la economía chilena, así como las capacidades de las políticas monetaria, fiscal y financiera para corregir los eventuales desequilibrios y atenuar cualquier impacto que amenace el funcionamiento de la actividad económica en el país.
Para esto resulta fundamental revisar los recientes planteamientos del Banco Central e inspeccionar las cuentas del Gobierno. La principal conclusión es que en las condiciones actuales es necesaria una mayor prudencia fiscal: toda la mejora en las cuentas del sector público se debe al mayor precio del cobre, sin que exista un esfuerzo fiscal adicional. Esto se puede justificar en una perspectiva cortoplacista, pero difícilmente puede ser considerado como una estrategia prudente en el mediano plazo.
Los últimos informes del Banco Central exponen su visión de los riesgos financieros internos y externos. Los primeros están acotados, el balance de los bancos es sólido y sólo se advierte un alza en el precio de las propiedades y un mayor endeudamiento de los hogares, lo que requeriría de una vigilancia que los mismos bancos han señalado que ya están realizando.
Respecto a la posición financiera internacional y a la capacidad de la economía para enfrentar situaciones adversas, el panorama actual es menos favorable que en la crisis de 2008-09. Este hecho sería relevante en eventos como una prolongación de la crisis en la Eurozona, un deterioro en los mercados financieros externos, una desaceleración mundial, o una caída en los términos de intercambio.
Desde un cómodo superávit en la cuenta corriente entre 2006 y 2010 pasamos a un déficit creciente, que se encamina a exceder el 3% del PIB este año. El ahorro del Gobierno, que se mantuvo en torno al 10% del PIB hasta la crisis financiera, se redujo a la mitad en la actualidad. El superávit fiscal en los cuatro años previos a la crisis internacional alcanzó un promedio cercano al 6% del PIB y en los últimos dos años ha oscilado en torno al 1,3% del PIB. Este panorama se da en un contexto en que los términos de intercambio se mantienen elevados, con un precio del cobre que en los últimos dos años ha sido casi un 30% más alto que antes de la crisis.
Si bien existe un compromiso de converger a un déficit estructural de 1% del PIB por la vía de retirar el estímulo fiscal, el avance se ha producido sólo por el aumento en el precio de referencia del cobre y no por el esfuerzo fiscal. De hecho, si se aplica el mismo precio de referencia que se utilizó en el presupuesto de 2007 (que es similar al precio efectivo de fines de 2008 y comienzos de 2009) el actual déficit fiscal estructural estaría por encima del 5% del PIB.
Para el balance estructural se utiliza un precio de referencia del cobre que se obtiene de la estimación media que hacen 16 analistas, excluyendo las dos observaciones extremas. Esta metodología supone que el costo de los errores es simétrico: el beneficio de un precio mayor en US$ 1 es equivalente al costo que se produce si el precio fuese US$ 1 menor. Este es un criterio equivocado, porque no refleja el deseo de la población de evitar situaciones adversas, especialmente ahora que la volatilidad de las variables financieras y de los precios de los productos básicos se ha multiplicado varias veces. En estas condiciones, es un deber del Gobierno asumir una perspectiva más conservadora. Lamentablemente, este tema no fue considerado por el Comité Asesor que revisó la metodología del balance estructural.
Las holguras que tiene la economía chilena han permitido diferir este análisis y prestar mayor atención a los planes de corto plazo. El Banco Central, por su parte, ha cumplido plenamente su misión y tiene el espacio para reaccionar con fuerza ante cualquier necesidad. El sistema financiero tiene fortalezas por una gestión y supervisión razonable. Sin embargo, la política fiscal debe tornarse más prudente si quiere aportar a la gestión de los riesgos de mediano plazo.

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