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Suprema: Esto no es intromisión por Héctor Soto



 Publicado en La Tercera, 12 de septeimbre del 2012
La reacción del pleno de la Corte Suprema a las palabras de la ministra María Ignacia Benítez respecto del fallo que terminó echando por tierra la central Castilla dan cuenta de una enorme descolocación. El Poder Judicial chileno no está acostumbrado a que sus decisiones sean debatidas ni comentadas. Incluso, los disparates judiciales deben pasar a ser dogmas una vez que se convierten en cosa juzgada. A los jueces les gusta hablar ex cathedra y sienten no tener más interlocutores que su propia conciencia o que Dios.

En una sociedad democrática, semejante pretensión es descabellada y absurda. Obviamente, las sentencias judiciales deben ser acatadas y cumplidas. Eso no está en entredicho. Pero otra cosa es el libre derecho a la crítica. Todas las autoridades de hecho están sometidas al juicio público y no hay razón alguna para que los ministros o los parlamentarios, por el solo hecho de ser tales, tengan que inhibirse de comentar las actuaciones de la justicia. Consideraciones elementales de sensatez y prudencia obligan, claro, a reconocer que no es igual la crítica que pueda realizar un ciudadano de a pie a la de alguien que ocupa algún cargo en la estructura del Estado. Por cierto que no es lo mismo. La doctrina de la división de poderes obliga a extremar los resguardos para prevenir intromisiones. Un ciudadano, por ejemplo, es enteramente libre de opinar de causas que estén pendientes de fallos de la justicia, pero no sería prudente que un ministro o un senador lo hiciera, porque podría parecer o estaría derechamente presionando a otro poder del Estado en decisiones y prerrogativas que son de su exclusiva incumbencia.

Lo que hizo la ministra Benítez, sin embargo, fue correcto tanto en la forma como en el fondo. Sus palabras fueron respetuosas. Contra la sentencia que comentó ya no proceden otros recursos. En consecuencia, podía y debía hablar. En sus planteamientos hay ideas, no ataques, y mucho menos descalificaciones personales. Hay puntualizaciones para corregir errores manifiestos. Por cierto que era necesario que ella hablara como autoridad máxima de la actual institucionalidad ambiental, luego que la Corte Suprema advirtiera faltas e inobservancias cometidas por los servicios del área durante la tramitación del proyecto. Lo que ella dice es que no hubo tales errores ni faltas y que en las reparticiones de su área las cosas se hicieron con arreglo a las normas vigentes. Y lo que ella hace, entonces, es entregar su testimonio y salvar su responsabilidad.

Ayer supimos que a la mayoría de los ministros de la Corte Suprema eso no les gusta. Perfecto, hemos sido notificados. Tampoco le gustó al gobierno el fallo de Castilla. También fuimos notificados. Todo bien: la Constitución obliga a los poderes del Estado a respetarse entre sí, no a reprimirse ni a tener percepciones coincidentes respecto de las materias que cada cual debe conocer.

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