Una dosis de racionalidad por Juan Andrés Fontaine

Diario El Mercurio, Domingo 15 de Julio de 2012 

Para muchos es incomprensible que el Gobierno se niegue a elevar el salario mínimo desde los actuales 183 mil pesos a 200 mil por mes. Suena mezquino. Importantes políticos -no todos opositores-, conocedores de ese sentimiento, no trepidan en mostrarse partidarios de ese reajuste o más, aunque en el pasado hayan dado su apoyo a aumentos muy inferiores a los 11 mil pesos que ofrece ahora el Gobierno. Ejercer la generosidad con el dinero ajeno siempre es tentador. Hay que encontrar una manera de hacer más racional la decisión sobre esta sensible materia.

Todos queremos que haya menos pobreza y menos desigualdad de oportunidades. Subir el salario mínimo en 10 por ciento no es una buena forma de lograrlo. Para ello están las transferencias que conforman el ingreso ético familiar, como el subsidio a la contratación de jóvenes y el que ahora anuncia el Gobierno para mujeres mayores de 25. Ambos ofrecen 36 mil pesos por mes, que se suman al salario mínimo.

Insistir en alzar el salario mínimo real por sobre los incrementos de la productividad es especialmente dañino para los más vulnerables, porque empuja a trabajadores no calificados a la cesantía o a empleos informales. Los perceptores del salario mínimo no siempre son jefes de hogar, sino mujeres o jóvenes que aportan al sustento de la familia. Se estiman en cerca de 15 por ciento los asalariados afectos al salario mínimo, fracción que se eleva al 30 por ciento en la pequeña empresa. Hay que considerar además el impacto de las alzas del salario mínimo sobre las gratificaciones y otros beneficios laborales, así como su posible efecto en las restantes negociaciones salariales. Nada menos oportuno, ahora que se cierne la amenazante perspectiva de una recesión mundial, que dictaminar un incremento artificial en los costos laborales.

Han de existir mejores maneras de encarar la determinación del salario mínimo. El actual procedimiento obliga a discutir simultáneamente dos materias diferentes: su nivel apropiado y su tasa de reajuste periódico. Bien podría la ley contemplar para esto último un reajuste automático -por ejemplo anual- sobre la base de parámetros objetivos. Hay acuerdo entre los expertos en que la fórmula adecuada es la suma de las tasas de inflación esperada y de variación de la productividad laboral, ritmo semejante al que crece el promedio de las remuneraciones. Pueden obtenerse los datos necesarios, por ejemplo, del Banco Central o de un panel de expertos. Podrían contemplarse alteraciones excepcionales de la fórmula para precaver casos en que ella arroje alguna anomalía. Naturalmente, ello no impediría -ocasionalmente- introducir por ley ajustes en el nivel del salario, cuando así se estimase conveniente.