Política de desarrollo urbano

Tribuna 
Diario El Mercurio, Jueves 03 de Mayo de 2012 

Antonia Lehmann 
Presidenta Comisión Asesora Presidencial
Política Nacional de Desarrollo Urbano

En la última década, durante distintos gobiernos y con el constante apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, han sido muchos los esfuerzos desplegados por dotar a Chile de una política referente al desarrollo urbano. Desde la convocatoria de 2001 denominada "reforma de la ciudad", hasta el trabajo desarrollado durante los años 2007 y 2008 con colaboración de agencias internacionales.

Entre los especialistas de diversas disciplinas ligadas al quehacer de las ciudades existe un marcado consenso respecto de la necesidad de contar con principios rectores, capaces no solo de guiar la transformación y crecimiento de ellas, sino también de ordenar las acciones públicas y privadas que las afectan. Lo anterior, teniendo presente que una política no es una ley, sino un conjunto de proposiciones cuyo objetivo es guiar dichas acciones. Incluidas, por cierto, futuras iniciativas legales, en caso de que el resultado de la propuesta tenga esa capacidad y represente una visión ampliamente compartida.

Como todo país que recién alcanza ciertos niveles de prosperidad, nos enfrentamos a nuevos problemas que requieren un reordenamiento de nuestras condiciones de desarrollo. La actual legislación sobre urbanismo y planificación de los asentamientos humanos en el territorio es hija de los terremotos y de la urgente necesidad de dar y reponer vivienda, y está orientada a incentivar las construcciones. Esto, que en sí constituyó un logro, ya no es suficiente. Hoy debemos detenernos a definir los aspectos colectivos, la forma en que dichas construcciones deben supeditarse al bien común, al equilibrio entre ellas y con el territorio.

En Chile no existe una política de desarrollo urbano propiamente tal, sino una suma de leyes que buscan diferentes objetivos, generalmente no bien coordinados entre ellos, referentes a la administración del territorio, la distinción entre campo y ciudad, la construcción de los espacios públicos o el derecho a la vivienda para las familias de menos recursos.

Hoy, 29 personas, representantes de distintos sectores políticos, académicos y gremiales del país, hemos sido convocadas por el Presidente de la República para proponer al país dicha política. Es una tarea exigente, que nos interpela y nos desafía a aunar visiones diferentes. Sin embargo, partimos por constatar que hay ya camino recorrido, resultado del trabajo serio y dedicado de muchas personas, de distintas profesiones y posiciones políticas. No pretendemos inventar la rueda, sino tomar el bastón e intentar, esta vez, llegar a puerto con una proposición de principios y lineamientos que sean capaces de guiar el futuro de nuestras ciudades. En palabras del Presidente, tales enunciados debieran conducir a "lograr una ciudad con espacios públicos de calidad, con un desarrollo urbano y una planificación más moderna, con mejor participación ciudadana, mayores niveles de descentralización y capacidad para adaptarse a los cambios". El marco del encargo fue amplio, sin restricciones previas, dentro del cual caben propuestas para "reformular aspectos del ordenamiento institucional, o de la división administrativa del territorio, o incluso aspectos relacionados con disposiciones constitucionales".

En el Chile de hoy, contar con una política para guiar el desarrollo de las ciudades es una necesidad urgente para enfrentar desafíos concretos, tales como revertir los focos de desigualdad urbana generados por grandes áreas de viviendas sociales desvinculadas del resto de la ciudad, sin equipamiento ni áreas verdes, o cómo proteger nuestro patrimonio arquitectónico y la identidad propia de las localidades, o cómo resaltar la importancia del espacio público, que es el alma de las ciudades, por nombrar sólo algunos.

El trabajo de esta Comisión recién está comenzando y considera un proceso amplio de discusión y análisis, con instancias de participación y seminarios a lo largo del país, teniendo presente la rica diversidad de nuestro territorio y su gente.

Estamos conscientes de que la medida del trabajo de la Comisión será la calidad de la propuesta, no la trayectoria o los supuestos pergaminos de sus miembros, por definición insuficientes para la labor encomendada. Será el mérito y consistencia de dichos principios y lineamientos lo que definirá si estaremos frente a una Política de Estado o ante otro ejercicio más de un grupo de personas bajo un gobierno determinado. En otras palabras, será el propio contenido de la política el que definirá su trascendencia o fugacidad, su aceptación o indiferencia por parte de la comunidad y las autoridades actuales y futuras.

Tribuna 

Política de desarrollo urbano

por Mathias Klotz

Decano Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Universidad Diego Portales

Diario El Mercurio, Domingo 29 de Abril de 2012    http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/04/29/politica-de-desarrollo-urbano.asp

En las últimas semanas ha aparecido varias veces en la prensa la noticia de que el Presidente Piñera ha convocado, a través de la señora Antonia Lehmann y el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez Mackenna, a una serie de personas para elaborar una política de desarrollo urbano que regule y oriente el futuro de nuestras ciudades.

Esta convocatoria, amplia aunque incompleta, carece no sólo de representantes de la ciudadanía, sino especialmente de representantes de regiones, tema particularmente grave por tratarse de una política nacional, la que además se pretende promulgar antes de que termine el año.

Como integrante de la comisión, me preocupa especialmente la celeridad con que se pretende abordar los temas, así como la falta de una discusión previa, amplia y fundamentada respecto de qué tipos de ciudades son las que queremos proyectar, por qué y para qué.

No imagino un momento más importante en la historia de nuestro país respecto de cómo y dónde es que queremos vivir.

En los 200 años de historia, el tema sólo fue discutido a puerta cerrada durante los gobiernos autoritarios de Ibáñez y Pinochet. Es por lo mismo que en lugar de funcionalizar la conversación, debemos enaltecerla de modo que no tengamos que saltar de política en política en las décadas sucesivas. Esto debe ser una política de Estado, no una iniciativa apresurada de un gobierno.

Entiendo la urgencia en resolver el tema, pero no entiendo la liviandad y rapidez con que se nos pide que trabajemos.

Estamos hablando del futuro de las ciudades de nuestro país, no de un mero “problema práctico” como dijo el ministro Rodrigo Pérez.

Pienso en que, para comenzar:

—Habrá que justificar cómo es que una política de desarrollo urbano nacional deba promulgarse sin tener en cuenta los datos del Censo en curso, los que estarán recién el primer semestre del 2013. Esto significa que el diagnóstico presentado por el Minvu para su elaboración está obsoleto e incompleto antes de partir el debate.

—Habrá que debatir si es razonable o no que Santiago llegue a los ocho o nueve millones de habitantes como se pretende con la aprobación del PRMS 100, o si no sería más sensato fomentar el desarrollo de Valparaíso, San Antonio y Viña del Mar como zona metropolitana ampliada, y crecer en torno a los corredores de autopistas.

—Habrá que debatir cuándo es que finalmente se va a fomentar el crecimiento de las ciudades en regiones, de modo de poblar el país de manera equilibrada, coherente y sustentable, o si vamos a seguir permitiendo y subsidiando el crecimiento de una única ciudad que, por su topografía, jamás resolverá los problemas de ventilación que padece.

—Habrá que estudiar las realidades de sociedades que se urbanizaron o están haciéndolo en forma acelerada como la nuestra. (Seguramente habrá cosas buenas que imitar y errores posibles de evitar.)

—Habrá que determinar cuáles son los tamaños adecuados que debieran tener como mínimo o máximo nuestras ciudades, de modo de garantizar oportunidades con calidad de vida y resguardo de nuestros recursos naturales.

—Habrá que pensar en que seguramente el paradigma del modo de trabajo cambie sustancial y progresivamente; más gente lo hará desde sus hogares, por lo que alterará la configuración y posición de los centros.

—Habrá que asumir que una política nacional de desarrollo urbano no puede hacerse a espaldas de una política nacional de desarrollo del territorio en su conjunto. Etcétera.

Si es verdad que estamos convocados por la más alta autoridad a pensar, discutir y elaborar una política de desarrollo urbano, es inconcebible que se pretenda realizar el trabajo de manera seria en ocho reuniones.

Si (por citar un ejemplo) para enfrentar el problema de la reconstrucción el Gobierno, pese a sus buenas intenciones, ha pasado por un calvario de imprevistos, inexperiencias y contradicciones, me es difícil entender que para delinear el futuro de nuestras ciudades se nos separe en comisiones que abordan el problema por temas desagregados, para unirlos finalmente en lo que será sin duda una especie de “Frankenstein”.

De no modificarse sustancialmente el calendario y abrir un debate de ideas en torno a los distintos modelos de ciudad a los que podemos aspirar, así como la incorporación de algunos nombres que representen a las provincias, esta convocatoria fracasará o no será otra cosa que el blanqueo de un documento previamente elaborado entre cuatro paredes al alero de intereses corporativos privados, seguramente ajenos, en algunos casos, al bien público.