Sábado 19 de Mayo de 2012
El sistema de fijación de precios de combustibles en Chile ha sufrido constantes cambios en la última década, en busca de aliviar la carga de los consumidores frente a alzas del precio internacional. Cuando aún no se cumple un año de la puesta en marcha del actual Sipco (Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles), nuevamente se enfrenta un cambio. Desde que se aprobó, el precio del petróleo ha subido cerca de 20 por ciento, por lo que es razonable que al menos parte de esta alza sea absorbida por los consumidores, para dar la señal correcta en términos de asignación de recursos. En ese lapso, la gasolina y el diésel a consumidor han subido cerca de 10 por ciento, por lo que a priori no parece inapropiado el funcionamiento del sistema, si ha logrado mitigar cerca de la mitad del alza.
El sistema de fijación de precios de combustibles en Chile ha sufrido constantes cambios en la última década, en busca de aliviar la carga de los consumidores frente a alzas del precio internacional. Cuando aún no se cumple un año de la puesta en marcha del actual Sipco (Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles), nuevamente se enfrenta un cambio. Desde que se aprobó, el precio del petróleo ha subido cerca de 20 por ciento, por lo que es razonable que al menos parte de esta alza sea absorbida por los consumidores, para dar la señal correcta en términos de asignación de recursos. En ese lapso, la gasolina y el diésel a consumidor han subido cerca de 10 por ciento, por lo que a priori no parece inapropiado el funcionamiento del sistema, si ha logrado mitigar cerca de la mitad del alza.
Desde el punto de vista de las políticas públicas es razonable que se busque atenuar a nivel de pequeños consumidores las alzas y bajas transitorias y significativas del precio, pues no hay para ellos mecanismos eficientes de seguros que logren ese objetivo. Pero en los últimos años estos mecanismos de fijación de precios han buscado atenuar alzas permanentes, lo que los convierte en mecanismos de subsidio, más que en estabilizadores de precios. Peor aún es que cuando caen los precios, hay presiones para que estas bajas sean traspasadas a los consumidores, por lo que el efecto fiscal nunca es neutro, como debiera serlo un mecanismo netamente estabilizador. Así en la década pasada el fisco perdió casi dos mil 400 millones de dólares en varios mecanismos de "estabilización" de precios de combustibles, que finalmente terminaron siendo un subsidio ineficiente y mal focalizado. El actual gobierno intentó corregir este problema con la creación del Sipco, que se aproximaba más a la idea de un seguro de precios, pero sólo para aquellos consumidores sin la posibilidad de asegurarse por sí mismos. Este mecanismo se cambiaría luego por el Sepco (Seguro de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico ante Variaciones en los Precios de Combustibles), con seguros de precios propiamente tales, proveídos por aseguradoras internacionales. Esto último ha sido más difícil que lo anticipado, probablemente porque en las circunstancias actuales tal seguro sería de muy alto costo.
En la práctica, el nuevo proyecto de ley que modifica el Sipco, en vez de avanzar hacia un menor rol fiscal en la fijación de precios de combustibles, introduce el riesgo de retornar a mecanismos más discrecionales.
La propuesta dada a conocer nuevamente reduce la banda para que empiece a operar el mecanismo, de 12,5 a 10 por ciento, y entrega un margen más amplio de discrecionalidad para calcular precios de referencia, márgenes de refinación y niveles en que la banda empieza a operar para el cálculo del impuesto.
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