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Un error profundo es pensar que limitar el mercado es la mejor manera de combatir las malas prácticas‏

Francisco Javier Covarrubias
Diario El Mercurio, Sábado 11 de octubre de 2014

Malos empresarios, malos políticos






No han soplado buenos vientos para la actividad empresarial en el último tiempo. Hace seis años nos sorprendimos con la colusión de las farmacias. Hace cuatro años nos impactamos con el caso La Polar. Y hace dos años nos escandalizamos con las triangulaciones de dinero de la Universidad del Mar. En medio de ellos la palabra "abuso" fue haciéndose cada vez más común y la palabra "lucro" comenzó a resumir todos los males de la sociedad. Surgió así "la calle", surgió así la "Nueva Mayoría", surgieron así las "reformas estructurales".

Cuando todavía no nos recuperábamos de la resaca de aquellos episodios apareció el escándalo del "caso Pollos", en niveles tan grotescos como los anteriores. Y quien tenga dudas todavía, puede leer un par de mails de los que están en el fallo para ver cómo se portaron "los niños", como cariñosamente los llamaba el presidente de la asociación que los reunía. Y por si todo fuera poco, apareció ahora el "caso Penta", que si bien todavía no está juzgado -por lo que no es posible referirse a él con claridad-, como dijo Hamlet, "algo huele mal en Dinamarca".

La arista del financiamiento político del caso Penta ha mezclado los problemas de la actividad económica y de la política. Y hasta ahora los perjudicados claramente están a un lado, aunque los culpables puedan estar en todas partes. ¿Cuántos mini casos Penta existen actualmente en Chile? ¿Quiénes participan de ellos?

Pero ahora existe una "cabeza de turco". Y si son culpables, lo lógico es sancionarlos. Pero antes de la sanción ya existen dañados: La UDI con sus débiles explicaciones y, en menor medida, Velasco con sus 10 días de demora.

El Gobierno públicamente ha sido prudente, aunque tiene opción de darse un festín. Absurdamente, eso sí, se ha escudado en la "autonomía" del Servicio de Impuestos Internos -que de acuerdo a la propia ley no existe- para mantener una cierta distancia formal con el caso.

Serán muchos los que a partir del caso Pollos y del caso Penta encuentren una razón más para torpedear la actividad empresarial. Los ejemplos son demasiado claros y no hay duda: una vez identificados los malos de la película hay que ponerles freno de algún modo, nos dirán.

La mayor parte de la izquierda cree que la forma de afrontar los males de los empresarios es limitando fuertemente el mercado. Ello es un error profundo. Es equivalente a justificar limitar la democracia por los males de sus políticos. Mercado y democracia son dos piezas esenciales a cuidar, y tienen que partir de la base que ni todos los empresarios ni todos los políticos son honestos. Es más, es posible que la mayoría de ambos no lo sea y, pese a eso, siempre será preferible que existan.

Las recetas para restringir son muchas. Afortunadamente el menú lo podemos ver claramente en Latinoamérica. En su versión más suave se les regula fuertemente, como lo hace Brasil. La segunda etapa es la extorsión, como lo hace Argentina. Si se quiere ser más duro, se les debe expropiar o amenazar con ello, como lo hace Venezuela. Y la solución más radical es derechamente prohibirlos, como lo hace Cuba. Cuatro formas de "afrontar el problema". Cuatro alternativas. Cuatro grados. Todos fracasados.

Y la fórmula chilena que se ha propuesto (para la educación y para las isapres) -que existan, pero "sin fines de lucro"- es completamente ingenua. Es como pedirles a los políticos que sean políticos, pero que renuncien a tener poder. Absurdo.

Adam Smith, mal llamado "padre del capitalismo", lo tenía claro hace 250 años: nunca se juntan dos empresarios -aunque se encuentren en un matrimonio o un bautizo- sin que al poco rato se empiecen a poner de acuerdo en los precios o a conspirar contra los consumidores. ¿Y cuál fue su solución?: más empresarios y más competencia.

En política la receta debiera ser la misma: más política y más democracia.

Para prevenir se debe mejorar la regulación y fortalecer la institucionalidad. Y al que se pilla fuera de la ley se le debe sancionar legal y socialmente.

Es de esperar que a raíz de los casos conocidos -y de los que nos quedan por conocer- prime la racionalidad y sigamos el camino por el que hemos transitado, sin dejarse tentar por los atajos a la brasileña, a la argentina, a la venezolana o a la cubana. Unos son peores que otros, pero todos llegan a un mal destino.

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