Competencia: libertad para elegir
Diario El Mercurio, Martes 14 de octubre de 2014
"Resulta oportuno pensar en los desafíos que enfrentan las políticas públicas con la misma premisa de la libertad de elección que inspira el funcionamiento de una sociedad libre..."
La competencia es un elemento esencial para el logro de una asignación eficiente de recursos. Más aún, esta conlleva un aspecto inherente a una sociedad libre, cual es la libertad de elección de las personas.
Dado ello, resultó alentador comprobar la convicción y energía con la que un amplio espectro de actores del debate público ha proclamado la necesidad de sancionar duramente a quienes obstruyan el buen funcionamiento de un sistema de economía de mercado, tras la reciente dictación del fallo del Tribunal de la Libre Competencia en el denominado "caso de los pollos". Sin embargo, llama la atención que la misma vehemencia con la que se defiende la competencia en el mercado de los pollos no esté presente cuando se trata de examinar las consecuencias de un conjunto de iniciativas que -en mayor o menor medida- vulneran la competencia y, consecuentemente, la libertad de elección de las personas.
En esta dirección se encuentran las propuestas que se han planteado por parte del Gobierno o sectores cercanos a este, en el plano de la educación, la salud y la previsión, los que apuntan a reducir los espacios de competencia en los correspondientes sectores. Bien sabemos que cuando se inhibe la competencia se llega a los clásicos resultados del monopolio: mayores costos y precios, junto con una peor calidad del servicio o bien en cuestión.
En el caso específico de la educación, se aprecia una estrategia deliberada de fortalecimiento de la educación pública en desmedro de la educación privada. Esta agenda no se sustenta en ninguna evidencia que sugiera que ello conducirá a un mejor desempeño y aprendizaje de los estudiantes, sino que más bien en la convicción de que la búsqueda de un retorno a la inversión por parte de los privados ("lucro") es un obstáculo para el logro de mejoras sustantivas en la calidad de la educación. A ello se añade una renovada fe en la capacidad de los gobiernos para gestionar adecuadamente el sistema educacional.
En una sociedad libre las familias pueden optar entre diferentes proyectos educativos, existiendo un amplio espacio para la creatividad de los privados en el diseño y promoción de estos. Esto es válido tanto en el ámbito de la educación escolar, la técnica-profesional, como para la universitaria.
Desde luego, el mercado de los pollos es diferente al de la educación o el de la salud, lo que hace que en estos últimos se plantee el espacio para la intervención del Gobierno, la que por cierto no tiene por qué ser contradictoria con el derecho a elegir de las familias. Así, en el caso de la educación, esta intervención de las políticas públicas atraviesa por el diseño de acciones que fortalezcan la libertad para elegir de los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad, por medio de una eficiente política de becas y créditos. Se trata, además, de promover una estructura de incentivos que contribuya a lograr una educación de calidad, aspecto que requiere de una activa gestión de entrega de antecedentes sobre las características de los proyectos educativos y sus resultados. Así se optimiza el uso de los recursos disponibles y se facilitan las decisiones que adopte cada familia.
Desde el punto de vista de la inversión del Gobierno en educación, es evidente que esta debe estar enfocada en colocar los recursos donde su impacto social es mayor, lo que supone apoyar la educación preescolar, contribuir al fortalecimiento de las metodologías de enseñanza, el otorgamiento de becas y créditos a los universitarios de menores recursos y otras iniciativas que resultan imposible elaborar en este espacio. Sin embargo, en lo esencial se trata de impulsar la calidad de la educación dentro de un marco más amplio del que puede ofrecer una voluminosa presencia del Gobierno en la oferta educacional. Una línea similar de argumentación se puede plantear en la salud.
En las sociedades líderes en la creación de conocimientos se aprecia un sostenido esfuerzo de los privados por ofrecer programas de estudios atractivos y novedosos, junto con una incansable búsqueda de las metodologías y técnicas que faciliten el aprendizaje. Desde luego, ello supone atraer recursos a la actividad académica. En especial, a personas talentosas y recursos que bien podrían destacar en otros ámbitos. Aquí también intervienen los efectos de la competencia y el diseño de un inteligente conjunto de incentivos como consecuencia de la misma.
Resulta oportuno pensar en los desafíos que enfrentan las políticas públicas con la misma premisa de la libertad de elección que inspira el funcionamiento de una sociedad libre y con la humildad para reconocer que este enorme conjunto de personas que toman decisiones independientes -que llamamos "mercado"- habitualmente es más creativa y puede lograr un mejor aprovechamiento de los recursos que la más inspirada de las reparticiones públicas.
Dado ello, resultó alentador comprobar la convicción y energía con la que un amplio espectro de actores del debate público ha proclamado la necesidad de sancionar duramente a quienes obstruyan el buen funcionamiento de un sistema de economía de mercado, tras la reciente dictación del fallo del Tribunal de la Libre Competencia en el denominado "caso de los pollos". Sin embargo, llama la atención que la misma vehemencia con la que se defiende la competencia en el mercado de los pollos no esté presente cuando se trata de examinar las consecuencias de un conjunto de iniciativas que -en mayor o menor medida- vulneran la competencia y, consecuentemente, la libertad de elección de las personas.
En esta dirección se encuentran las propuestas que se han planteado por parte del Gobierno o sectores cercanos a este, en el plano de la educación, la salud y la previsión, los que apuntan a reducir los espacios de competencia en los correspondientes sectores. Bien sabemos que cuando se inhibe la competencia se llega a los clásicos resultados del monopolio: mayores costos y precios, junto con una peor calidad del servicio o bien en cuestión.
En el caso específico de la educación, se aprecia una estrategia deliberada de fortalecimiento de la educación pública en desmedro de la educación privada. Esta agenda no se sustenta en ninguna evidencia que sugiera que ello conducirá a un mejor desempeño y aprendizaje de los estudiantes, sino que más bien en la convicción de que la búsqueda de un retorno a la inversión por parte de los privados ("lucro") es un obstáculo para el logro de mejoras sustantivas en la calidad de la educación. A ello se añade una renovada fe en la capacidad de los gobiernos para gestionar adecuadamente el sistema educacional.
En una sociedad libre las familias pueden optar entre diferentes proyectos educativos, existiendo un amplio espacio para la creatividad de los privados en el diseño y promoción de estos. Esto es válido tanto en el ámbito de la educación escolar, la técnica-profesional, como para la universitaria.
Desde luego, el mercado de los pollos es diferente al de la educación o el de la salud, lo que hace que en estos últimos se plantee el espacio para la intervención del Gobierno, la que por cierto no tiene por qué ser contradictoria con el derecho a elegir de las familias. Así, en el caso de la educación, esta intervención de las políticas públicas atraviesa por el diseño de acciones que fortalezcan la libertad para elegir de los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad, por medio de una eficiente política de becas y créditos. Se trata, además, de promover una estructura de incentivos que contribuya a lograr una educación de calidad, aspecto que requiere de una activa gestión de entrega de antecedentes sobre las características de los proyectos educativos y sus resultados. Así se optimiza el uso de los recursos disponibles y se facilitan las decisiones que adopte cada familia.
Desde el punto de vista de la inversión del Gobierno en educación, es evidente que esta debe estar enfocada en colocar los recursos donde su impacto social es mayor, lo que supone apoyar la educación preescolar, contribuir al fortalecimiento de las metodologías de enseñanza, el otorgamiento de becas y créditos a los universitarios de menores recursos y otras iniciativas que resultan imposible elaborar en este espacio. Sin embargo, en lo esencial se trata de impulsar la calidad de la educación dentro de un marco más amplio del que puede ofrecer una voluminosa presencia del Gobierno en la oferta educacional. Una línea similar de argumentación se puede plantear en la salud.
En las sociedades líderes en la creación de conocimientos se aprecia un sostenido esfuerzo de los privados por ofrecer programas de estudios atractivos y novedosos, junto con una incansable búsqueda de las metodologías y técnicas que faciliten el aprendizaje. Desde luego, ello supone atraer recursos a la actividad académica. En especial, a personas talentosas y recursos que bien podrían destacar en otros ámbitos. Aquí también intervienen los efectos de la competencia y el diseño de un inteligente conjunto de incentivos como consecuencia de la misma.
Resulta oportuno pensar en los desafíos que enfrentan las políticas públicas con la misma premisa de la libertad de elección que inspira el funcionamiento de una sociedad libre y con la humildad para reconocer que este enorme conjunto de personas que toman decisiones independientes -que llamamos "mercado"- habitualmente es más creativa y puede lograr un mejor aprovechamiento de los recursos que la más inspirada de las reparticiones públicas.
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