Empresas estatales:
por Rafael Aldunate
Diario La Segunda, jueves 2 de octubre de 2014
“Si Codelco fuera efectivamente
de todos los chilenos,
reflejaríamos nuestra opinión
a través del valor de sus acciones”.
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Existen innumerables evidencias
internacionales y nacionales
de que las empresas estatales
comparadas con las análogas privadas
quedan en una muy desmejorada posición,
tanto en gestión, calidad de sus productos
y en el veredicto final del mercado.
Esto se expresa a través
del premio de las utilidades,
que es la última línea de un balance,
después de pagar todos los costos operacionales
y las deudas en que incurre
todo empresario ante un riesgo no menor.
Y esas utilidades, además,
las “comparte” con el Estado vía impuestos.
Aún así, si uno realizara
un plebiscito sobre privatizar
o nacionalizar una determinada empresa,
en amplias regiones del mundo
es muy probable que los votantes
se inclinaran no en un despreciable porcentaje
por la estatización y, lo más paradójico,
es que ese veredicto se produciría
pese a una mala gestión integral
de las empresas públicas.
En Chile hay claras evidencias
de que la mayoría de las empresas públicas
crónicamente han estado mal administradas,
pese al enorme esfuerzo de gestión
y conducción realizado
por la administración Piñera.
No obstante, reflejaron magras utilidades,
a excepción de Codelco y BancoEstado,
por tener ventajas competitivas.
Pero el Congreso,
con el beneplácito de la Nueva Mayoría,
no permite, por una anquilosada doctrina,
ningún espacio a privatizar,
pese que hay poderosas superintendencias
para controlar cualquier exceso
o falta a la calidad de los servicios
que se ofrecen.
En los gobiernos anteriores,
las pérdidas de algunas empresas
han sido inconmensurables,
por estar ajenas a la demanda real
de la sociedad y por inspirarse
en un sentido de imponer
una planificación sin sustento de mercado,
similar a las políticas socialistas
que han fracasado una y otra vez en el mundo.
Y como vemos en Codelco en estos días,
donde es imposible sacudirse
del partidismo político
con miembros de su directorio
que no cumplen con los requisitos
que exige su ley de gobiernos corporativos,
por mucho que la Contraloría
lo haya aprobado como partícipe activo
en la articulación de esta modernizadora ley,
junto a los ex ministros Velasco y Larroulet.
Las desavenencias en criterios básicos
exigen ser resueltos en el seno del directorio,
hasta agotar las instancias.
Si Codelco fuera efectivamente
de todos los chilenos,
reflejaríamos nuestra opinión
a través del valor de sus acciones.
Caso concreto: EFE.
Un proyecto de tren al sur
voluntarioso de la administración Lagos
que, sumado a claros rasgos de corrupción,
se le olvidó un gran detalle:
estudiar la demanda efectiva del tráfico
y evaluar la competencia de buses y aviones.
Resultado: pérdidas por US$.1.800 millones.
Frente a esta realidad,
paradójicamente se ha alejado
el impulso privatizador de la sociedad.
La eficiencia reconocida
a escala mundial de las AFP privadas
en lo que les atañe: hacer crecer los fondos,
que se ha logrado con rentabilidades históricas
del 6% anual. Y una AFP estatal,
¿será mas eficiente con la misma normativa?
¡Otra improvisación!
Esto prueba un sesgado dogmatismo
ausente de realismo
que se ha pregonado por décadas,
donde la solidaridad mal inducida
y conducida es extremadamente onerosa.
Nada más sano, sustentador y cautelador
que compitieran empresas abiertamente.
Y en servicios como salud y educación,
que compitan públicos y privados
por el veredicto de las personas
plenamente informadas.
Pareciera que prefieren
a ciudadanos no informados o sesgados
donde se imponga el riesgoso slogan
de que la empresa pública “sea de todos”
(y de nadie a la vez) a la opción
de que tenga un dueño
que al ser próspero y exitoso
esté cumpliendo
con un cúmulo de regulaciones
y satisfaciendo al consumidor final.
Y soslayando
que la empresa estatal
de mayor envergadura e incidencia,
el propio Fisco, que por medio
del presupuesto nacional
asigna y gasta más de
62 mil millones de dólares anuales,
un 23% del PIB.
Y bajo el aura
de la respetable protección social
no constatamos cuántas ineficiencias
y filtraciones se han acumulado
en el tiempo a nombre de los pobres.
Se requiere, por tanto,
mayor evaluación e instrumental
de responsabilidad fiscal…
Conspira contra el buen resultado
de las empresas públicas
que al ser de todos,
genérica o colectivamente
se alejan del sentido de pertenencia.
Reiteramos, pasan a no ser de nadie
o tienen una responsabilidad muy diluida,
donde han primado réditos políticos,
como es el caso de Enap,
que en gobiernos anteriores
acumuló una deuda que supera
los cuatro mil millones de dólares
(más de 4 veces la reforma tributaria de Piñera).
En las empresas públicas
prevalece una dicotomía o visión híbrida,
donde quieren simultáneamente
cumplir su rol social y ser rentables.
Ahí se pierde el norte
y las justificaciones políticas priman.
Por lo tanto,
se diluye una estrategia definida.
Su accountability,
por cuanto he participado
en la administración de ellas
vía el holding estatal,
ciertamente ha progresado.
Todo este mix de circunstancias
políticas y económicas entrelazadas
afecta de una u otra forma
la conducción de las empresas.
Por ello, hay que continuar avanzando
en que estas empresas públicas
se trasformen en sociedades anónimas abiertas,
con todo el rigor en sus prácticas
de información y gestión.
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