El problema es la obsecuencia
GRAN REVUELO despertaron las opiniones vertidas por el contralor general de la República en un seminario académico, en que usando un lenguaje fuerte -la mayoría de las veces en sentido figurado- se refirió a la falta de consistencia jurídica de muchas innovaciones legislativas de los últimos años.
El contralor Mendoza hizo ver que en algunos casos se impulsan cuerpos legales que son un engendro de distintas concepciones del derecho público y, en otros, las normas quedan en poco más que un propósito de buenas intenciones, porque nunca llegan a tener el imperio que les corresponde y que se prometió.
Contrariamente a lo que se ha dicho, el contralor no emitió juicios ideológicos, sino que a partir de su idea del estatuto de lo público emitió ciertos juicios. Pero en lo suyo no hay política partidista, sino una crítica que merecería una respuesta de aula y no una capotera de patio, como está recibiendo.
Que se extralimitó en el lenguaje. Que algunas de sus metáforas no estuvieron a la altura de la “dignidad del cargo”, puede ser. Pero no deja de sorprender que sea la izquierda transgresora, esa que nos llama a dejar de lado los convencionalismos y que frecuentemente nos invita a “chasconearnos”, la que se sienta tan ofendida por el lenguaje y las críticas del contralor. No recuerdo la misma indignación moral cuando al entonces ministro Bulnes algunos dirigentes estudiantiles se le subieron arriba de la mesa y casi lo agreden físicamente.
Pero todo esto no es más que anécdota, el fondo es otro. Los países necesitan instituciones que, enmarcadas en el estado de derecho, ejerzan sus competencias y sean los contrapesos que el poder necesita para ser efectivamente limitado. Los países progresan con sistemas de justicia, contralores y tribunales constitucionales que sean, en todo el sentido de la expresión, irreverentes con el poder político.
En Chile nunca el problema ha sido que hayamos tenido contralores altaneros y que les “falten el respeto” al gobierno o los parlamentarios de turno. Al contrario, por mucho tiempo -salvedad hecha del Sr. Humeres-, la Contraloría fue percibida como un órgano dedicado a un control de juridicidad formal bastante irrelevante; precisamente hasta que llegó Ramiro Mendoza y se atrevió a ejercer el poder constitucional de su cargo. Por Dios que nos hacía falta como país tener un contralor más propenso a excederse en la crítica que a anularse en la obsecuencia.
Ya se empieza a escuchar de una acusación constitucional para destituir a Ramiro Mendoza, por sus supuestos exabruptos en una actividad académica. A pocos meses de que termine su gestión eso sería una señal brutal de parte del mundo político hacia cualquier sucesor en el cargo. Un intento de anular la esencia de la función contralora; como también lo sería, en buena medida, si se nombrara para el cargo a un político oficialista.
En los últimos años, un organismo que se percibía como gris, burocrático y formal se ha transformado, bajo el liderazgo de Ramiro Mendoza, en un órgano central del Estado de Chile, respetado y respetable. Esto compensa con exceso cualquier salida de madre. Pero como dice un amigo mío, en Chile no hay buena acción que quede sin castigo.
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