"Nuestra izquierda maneja a la perfección el arte del silencio. Ya se trate de Girardi, del comando de Bachelet o de Nelson Pozo, ante ciertas acusaciones incómodas han guardado un estratégico mutismo..."
Entre las estrategias políticas más ingeniosas, hay una que nuestra izquierda maneja casi a la perfección: la de responder con el silencio a ciertas acusaciones. No es un método infalible: en el caso Dávalos quiso emplearla y no le funcionó. Pero, generalmente, le resulta muy eficaz. Un buen exponente de este procedimiento es el senador Girardi, que cuanto mayor sea la acusación que se le hace, más profundo el mutismo en que se sume. Así, con pocas explicaciones y mucho silencio ha sorteado tsunamis que a cualquier otro lo habrían aplastado (boletas falsas en el caso Publicam; 24.648 cartas a los PPD, mandadas con fondos del Congreso, etc.). Pero no es el único: también son famosos los silencios de Bachelet, que revelan su extraordinaria capacidad de controlar los tiempos de la política (recordemos su famoso "¡paso!" ante un emplazamiento del Presidente Piñera).
Veamos dos casos de los últimos meses que nos muestran cómo nuestra izquierda maneja los silencios. El primero tuvo lugar en la misma época del caso Penta. Se trataba de cinco facturas por 174 millones de pesos, emitidas por Aguser Ltda. a favor del comando presidencial de Michelle Bachelet, que presentaban una apariencia particularmente sospechosa. ¿Qué hizo este comando? Simplemente dijo: "¡La derecha está tratando de empatar con el caso Penta!", no dio muchas explicaciones y guardó silencio. Ante una acusación de tamaña profundidad intelectual, la oposición quedó paralizada y no siguió adelante con sus acusaciones.
Por su parte, la fiscalía, que tan celosa se había mostrado a la hora de investigar hasta la última conexión del caso Penta, ni siquiera se tomó la molestia de pedir explicaciones a Sergio Díaz, el dueño de Aguser. Quizá este asunto de las facturas sea de lo más inocente, pero no cabe duda de que la estrategia de la izquierda ha sido muy exitosa, aunque de paso revela que, más allá de empates o desempates, en materias de financiamiento de la política hay que hacer cirugía mayor.
El segundo caso afecta al reemplazante del ministro Hernán Vodanovic en el Tribunal Constitucional, el socialista Nelson Pozo. Como los miembros de este organismo han terminado por ser objeto de cuoteo partidista, y el cupo le correspondía a un militante de esa tienda, el Senado despachó el asunto en pocos minutos. La elección parecía fácil, porque, aunque en la izquierda hay muchos juristas destacados, el candidato en cuestión poseía grandes méritos académicos y sus libros son ampliamente reconocidos.
Lamentablemente, esta hermosa ceremonia republicana fue empañada por una investigación periodística de El Líbero, que mostró que la principal publicación del profesor Pozo recogía textualmente (sin hacer las correspondientes citas) numerosos pasajes de una obra argentina. Ni corto ni perezoso, Pozo empleó el arma del silencio: se limitó a decir que ese texto era de hacía treinta años y que en todo ese tiempo nadie había dicho nada (notable argumento). Después guardó silencio, un silencio tan eficaz que el Senado no tuvo problemas en elegirlo.
Lo notable es que no solo unos juristas argentinos han sido objeto de plagio por parte de nuestro académico y ahora ministro. En estos días se ha descubierto que en otra publicación copia un capítulo entero de la obra de un estudioso español, Perfecto Andrés Ibáñez. Su tendencia a plagiar pareciera obedecer a un trastorno compulsivo.
Las obsesiones son útiles en la judicatura, pues hacen que la gente trabaje mucho y de manera concentrada, pero en este caso no sucede así. Si la razón para elegirlo fueron sus méritos académicos, y resulta que parte significativa de esos merecimientos son de cartón, entonces no hay razón para que ocupe un puesto nada menos que en nuestro TC, una institución que exige un nivel moral muy superior al promedio de los chilenos.
¿Y cuál ha sido su respuesta a la denuncia de esta semana? Nuevamente el silencio.
Dos esperanzas nos quedan a los chilenos ante los casos vistos. En el primero, que la fiscalía tenga el tiempo y la energía suficientes para investigar también el asunto de las facturas al comando de Bachelet de un modo que nos deje tranquilos. En el segundo, que el ministro Nelson Pozo recapacite (por un plagio semejante terminó en 2011 la carrera de Karl Th. zu Guttenberg, la estrella de la política alemana). En suma, ya que hizo algo que no se condice con su actual dignidad, corresponde que nos muestre lo que hacen las personas correctas cuando resultan moralmente inhabilitadas para ocupar un cargo público: renunciar. Perderá un cargo, pero recuperará algo más valioso y duradero: su honra.
Veamos dos casos de los últimos meses que nos muestran cómo nuestra izquierda maneja los silencios. El primero tuvo lugar en la misma época del caso Penta. Se trataba de cinco facturas por 174 millones de pesos, emitidas por Aguser Ltda. a favor del comando presidencial de Michelle Bachelet, que presentaban una apariencia particularmente sospechosa. ¿Qué hizo este comando? Simplemente dijo: "¡La derecha está tratando de empatar con el caso Penta!", no dio muchas explicaciones y guardó silencio. Ante una acusación de tamaña profundidad intelectual, la oposición quedó paralizada y no siguió adelante con sus acusaciones.
Por su parte, la fiscalía, que tan celosa se había mostrado a la hora de investigar hasta la última conexión del caso Penta, ni siquiera se tomó la molestia de pedir explicaciones a Sergio Díaz, el dueño de Aguser. Quizá este asunto de las facturas sea de lo más inocente, pero no cabe duda de que la estrategia de la izquierda ha sido muy exitosa, aunque de paso revela que, más allá de empates o desempates, en materias de financiamiento de la política hay que hacer cirugía mayor.
El segundo caso afecta al reemplazante del ministro Hernán Vodanovic en el Tribunal Constitucional, el socialista Nelson Pozo. Como los miembros de este organismo han terminado por ser objeto de cuoteo partidista, y el cupo le correspondía a un militante de esa tienda, el Senado despachó el asunto en pocos minutos. La elección parecía fácil, porque, aunque en la izquierda hay muchos juristas destacados, el candidato en cuestión poseía grandes méritos académicos y sus libros son ampliamente reconocidos.
Lamentablemente, esta hermosa ceremonia republicana fue empañada por una investigación periodística de El Líbero, que mostró que la principal publicación del profesor Pozo recogía textualmente (sin hacer las correspondientes citas) numerosos pasajes de una obra argentina. Ni corto ni perezoso, Pozo empleó el arma del silencio: se limitó a decir que ese texto era de hacía treinta años y que en todo ese tiempo nadie había dicho nada (notable argumento). Después guardó silencio, un silencio tan eficaz que el Senado no tuvo problemas en elegirlo.
Lo notable es que no solo unos juristas argentinos han sido objeto de plagio por parte de nuestro académico y ahora ministro. En estos días se ha descubierto que en otra publicación copia un capítulo entero de la obra de un estudioso español, Perfecto Andrés Ibáñez. Su tendencia a plagiar pareciera obedecer a un trastorno compulsivo.
Las obsesiones son útiles en la judicatura, pues hacen que la gente trabaje mucho y de manera concentrada, pero en este caso no sucede así. Si la razón para elegirlo fueron sus méritos académicos, y resulta que parte significativa de esos merecimientos son de cartón, entonces no hay razón para que ocupe un puesto nada menos que en nuestro TC, una institución que exige un nivel moral muy superior al promedio de los chilenos.
¿Y cuál ha sido su respuesta a la denuncia de esta semana? Nuevamente el silencio.
Dos esperanzas nos quedan a los chilenos ante los casos vistos. En el primero, que la fiscalía tenga el tiempo y la energía suficientes para investigar también el asunto de las facturas al comando de Bachelet de un modo que nos deje tranquilos. En el segundo, que el ministro Nelson Pozo recapacite (por un plagio semejante terminó en 2011 la carrera de Karl Th. zu Guttenberg, la estrella de la política alemana). En suma, ya que hizo algo que no se condice con su actual dignidad, corresponde que nos muestre lo que hacen las personas correctas cuando resultan moralmente inhabilitadas para ocupar un cargo público: renunciar. Perderá un cargo, pero recuperará algo más valioso y duradero: su honra.
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