Me rebelo ante la dificultad de sostener un debate como este. Creo que el gobierno de Michelle Bachelet, con su tendencia a simplificar todos los asuntos importantes hasta llevarlos a la consigna, es un muy mal conductor de esta discusión en Chile...
"Me rebelo ante la dificultad de sostener un debate como este. Creo que el gobierno de Michelle Bachelet, con su tendencia a simplificar todos los asuntos importantes hasta llevarlos a la consigna, es un muy mal conductor de esta discusión en Chile..."
¡Qué difícil es sostener una discusión civilizada, respetuosa y conducente acerca del aborto en Chile! Hay, a mi juicio, dos razones principales para que ello sea así. La primera es que el tema es muy complejo y están envueltos valores muy importantes para las personas y en particular, para las mujeres. La segunda es que son muy pocos los que juegan con todas las cartas sobre la mesa en esta discusión.
El proyecto presentado por el gobierno de la Presidenta Bachelet permitiría el aborto en tres situaciones, cada una de ellas muy distinta de las otras dos.
La primera es el riesgo de vida de la madre, la segunda es la inviabilidad fetal y la tercera es que el embarazo sea producto de una violación.
El primer caso, de acuerdo con la opinión generalizada de los médicos, es más simbólico que real. Ello, porque en la práctica cuando está en riesgo la vida de la madre el equipo médico que la trata hace todo lo posible por salvar esa vida, aunque ello resulte en la interrupción del embarazo, que por supuesto no recibe pena alguna.
El segundo caso es, a mi juicio, el más complejo. Es difícil aceptar que la ley obligue a una madre que no tiene intención de hacerlo, ni convicciones que la muevan a ello, a prolongar su embarazo hasta el final, si de ese proceso no resultará una vida y sí, en cambio, la prolongación del duelo por la pérdida. Es el argumento de que los comportamientos heroicos son admirables y por cierto admisibles, pero no necesariamente exigibles. Por cierto, tratándose de una vida, debieran ser extraordinariamente exigentes los protocolos para determinar que efectivamente estamos ante un caso de inviabilidad del feto.
El tercer caso, permitir el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, con todo el dramatismo que puede contener, es muy difícil de sostener para alguien que dice defender el derecho a la vida. ¿Por qué habríamos de sacrificar una vida humana para lograr la reparación del dolor de otra, en este caso el de la madre? Porque de eso se trata: de quitarle la vida a un ser humano que es más débil. ¿Podemos poner los "derechos reproductivos" de la mujer a la par del derecho a la vida de quien está por nacer?
De las tres situaciones planteadas, a mi juicio, y recalco esto porque estamos ante discernimientos que son personales y que enfrentan valores tan importantes como la libertad y la vida, solo se sostiene como causal plausible la del feto inviable, si ha de respetarse la vida humana como primera prioridad.
Desgraciadamente, este proceso de discernimiento se da pocas veces, porque muchas personas tienen posiciones tomadas a partir de prejuicios o de análisis simplistas. Porque muchos otros están de acuerdo con el aborto en toda circunstancia, pero no se atreven a decirlo, porque la mayoría del país no comparte esa posición, que se sustenta en la teoría de que una mujer debe ser libre de disponer de su propio cuerpo (y de otro, habría que agregar); e incluso, que impedírselo atentaría contra los derechos humanos, lo que es una subversión del concepto de derechos humanos, pues ignora los del que está por nacer.
Me rebelo ante la dificultad de sostener un debate como este. Creo que el gobierno de Michelle Bachelet, con su tendencia a simplificar todos los asuntos importantes hasta llevarlos a la consigna, es un muy mal conductor de esta discusión en Chile.
Ya lo adelanta así el ministro Peñailillo, cuando sale inmediatamente a atacar al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por afirmar que en los hospitales de esa universidad no se practicarán abortos. El rector defiende un mínimo derecho a la objeción de conciencia de los médicos que allí trabajan y el derecho de las instituciones a definir los principios de su acción.
Cabe, por último, rechazar el argumento de que quien recibe fondos públicos debe dejar de lado sus principios y obligatoriamente practicar abortos. Los fondos públicos, que un gobierno administra transitoriamente, no pueden servir para que este imponga sus particulares creencias a los ciudadanos. El Gobierno tiene mucho poder en nuestra sociedad, pero no un poder comprador de conciencias.
El proyecto presentado por el gobierno de la Presidenta Bachelet permitiría el aborto en tres situaciones, cada una de ellas muy distinta de las otras dos.
La primera es el riesgo de vida de la madre, la segunda es la inviabilidad fetal y la tercera es que el embarazo sea producto de una violación.
El primer caso, de acuerdo con la opinión generalizada de los médicos, es más simbólico que real. Ello, porque en la práctica cuando está en riesgo la vida de la madre el equipo médico que la trata hace todo lo posible por salvar esa vida, aunque ello resulte en la interrupción del embarazo, que por supuesto no recibe pena alguna.
El segundo caso es, a mi juicio, el más complejo. Es difícil aceptar que la ley obligue a una madre que no tiene intención de hacerlo, ni convicciones que la muevan a ello, a prolongar su embarazo hasta el final, si de ese proceso no resultará una vida y sí, en cambio, la prolongación del duelo por la pérdida. Es el argumento de que los comportamientos heroicos son admirables y por cierto admisibles, pero no necesariamente exigibles. Por cierto, tratándose de una vida, debieran ser extraordinariamente exigentes los protocolos para determinar que efectivamente estamos ante un caso de inviabilidad del feto.
El tercer caso, permitir el aborto cuando el embarazo es producto de una violación, con todo el dramatismo que puede contener, es muy difícil de sostener para alguien que dice defender el derecho a la vida. ¿Por qué habríamos de sacrificar una vida humana para lograr la reparación del dolor de otra, en este caso el de la madre? Porque de eso se trata: de quitarle la vida a un ser humano que es más débil. ¿Podemos poner los "derechos reproductivos" de la mujer a la par del derecho a la vida de quien está por nacer?
De las tres situaciones planteadas, a mi juicio, y recalco esto porque estamos ante discernimientos que son personales y que enfrentan valores tan importantes como la libertad y la vida, solo se sostiene como causal plausible la del feto inviable, si ha de respetarse la vida humana como primera prioridad.
Desgraciadamente, este proceso de discernimiento se da pocas veces, porque muchas personas tienen posiciones tomadas a partir de prejuicios o de análisis simplistas. Porque muchos otros están de acuerdo con el aborto en toda circunstancia, pero no se atreven a decirlo, porque la mayoría del país no comparte esa posición, que se sustenta en la teoría de que una mujer debe ser libre de disponer de su propio cuerpo (y de otro, habría que agregar); e incluso, que impedírselo atentaría contra los derechos humanos, lo que es una subversión del concepto de derechos humanos, pues ignora los del que está por nacer.
Me rebelo ante la dificultad de sostener un debate como este. Creo que el gobierno de Michelle Bachelet, con su tendencia a simplificar todos los asuntos importantes hasta llevarlos a la consigna, es un muy mal conductor de esta discusión en Chile.
Ya lo adelanta así el ministro Peñailillo, cuando sale inmediatamente a atacar al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por afirmar que en los hospitales de esa universidad no se practicarán abortos. El rector defiende un mínimo derecho a la objeción de conciencia de los médicos que allí trabajan y el derecho de las instituciones a definir los principios de su acción.
Cabe, por último, rechazar el argumento de que quien recibe fondos públicos debe dejar de lado sus principios y obligatoriamente practicar abortos. Los fondos públicos, que un gobierno administra transitoriamente, no pueden servir para que este imponga sus particulares creencias a los ciudadanos. El Gobierno tiene mucho poder en nuestra sociedad, pero no un poder comprador de conciencias.
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