- Dos puntos de vista (Bucheister & Peña)
AXEL BUCHHEISTER, DIARIO LA TERCERA, DOMINGO 5 DE OCTUBRE DE 2014HTTP://VOCES.LATERCERA.COM/2014/10/05/AXEL-BUCHHEISTER/FORMA-Y-FONDO/
Forma y fondo
LAS DECLARACIONES del contralor en un congreso académico han provocado controversia y, en algunos, escozor y molestia. Y no es para menos, ya que ocupó expresiones que no se condicen con su investidura y emitió opiniones que no corresponden en razón de la imparcialidad que exige el ejercicio de su función. Tanto, que incluso pueden acarrear tensiones con el gobierno argentino, ávido como está de excusas para distraer en el frente interno.
Hay quienes lo defendieron aduciendo que hacía uso de la libertad de cátedra, puesto que se trataba de un evento académico. El se defendió diciendo que había sido sacado de contexto. Estos argumentos son fáciles de despachar. Las altas autoridades públicas lo son las 24 horas del día y no se pueden desdoblar. Sus palabras no fueron sacadas de contexto, porque dijo todas las cosas que fueron publicadas, y fue reiterativo y variado en sus expresiones. Tampoco puede considerarse que un evento académico, al que de hecho puede concurrir cualquiera (asistió un periodista), forme parte del ámbito privado de una persona, como para emitir opiniones libremente.
Otros han sostenido que no hay que quedarse en las formas, sino que ir al fondo: tiene razón en muchas de las cosas que dijo. Esto no es efectivo, porque las formas por sí mismas importan y cumplen una función; de otro modo no existirían. Además, que sean ciertas es una cosa subjetiva, depende de la apreciación política. Que las reformas que ha impulsado el gobierno son malas, personalmente lo comparto, pero otros no; quienes cumplen el rol de árbitro institucional en algún nivel -como el contralor- no pueden asumir una posición pública y deben dar garantías de prescindencia.
Y sobre todo, porque no respetar las formas daña el fondo. En efecto, toda autoridad, no obstante guardar esa debida prescindencia, tiene un margen para hacer críticas de fondo. Por ejemplo, qué duda cabe que podía emitir un pronunciamiento sobre las leyes que se aprueban y que nadie cumple, como el registro de ADN, en que los condenados entregan una muestra si quieren, porque la burocracia no los hace cumplir. Una crítica así, proviniendo del máximo fiscalizador de la esfera pública y dentro del margen estricto de la función, es valiosa y está llamada a tener impacto. Hecha en conjunto con otros juicios poco elegantes y que se exceden, simplemente se pierde.
Peor aún, con sus palabras el contralor ha debido salir a dar explicaciones y ha quedado débil en el cumplimiento de sus funciones, precisamente en la tarea de frenar tanta cosa equivocada, y al límite de la Constitución y la ley que se ha estado haciendo últimamente, que es lo que pareciera a él mismo le preocupa, de acuerdo con sus críticas.
La Nueva Mayoría jugará con la posibilidad de una acusación constitucional -aunque sea muy discutible su procedencia- o lo cuestionará cada vez que pretenda utilizar con firmeza sus atribuciones, lo que lo pondrá a la defensiva en los meses que le quedan en el cargo. En suma, pura pérdida para él y para los chilenos, y eso es algo de fondo, no de forma.
...
Columnista: Carlos Peña
Diario El Mercurio, Domingo 05 de octubre de 2014
Privatizar la razón
"El contralor no tiene prohibido ejercer la crítica respecto de las instituciones que custodia. No hay contradicción, ni abandono de deberes, cuando un funcionario o autoridad cumple las reglas y al mismo tiempo las critica..."
¿Hay razones para quejarse por las opiniones críticas que vertió el contralor Ramiro Mendoza?
Mientras exponía sobre la importancia de las instituciones en la P. Universidad Católica, Ramiro Mendoza, quien es profesor de derecho público, se detuvo al mismo tiempo en analizar cómo los actores políticos, incluido el gobierno, suelen maltratarlas. Aliñó su exposición con exageraciones, ironías y sarcasmos no siempre de buen gusto; pero todas ellas apoyaban un punto de vista razonado y crítico acerca de la forma en que se producen y aplican las reglas en Chile.
Al hacerlo ejercitó, en su estilo, lo que podría llamarse el uso público de la razón.
Como todo el mundo sabe, Kant, en su famoso opúsculo ¿Qué es la Ilustración? sugirió distinguir entre lo que él llamó el uso privado y el uso público de la razón. Un sujeto hacía un uso privado de la razón, dijo, cuando la ejercitaba en calidad de funcionario. Si, en cambio, agregó, ese mismo sujeto esgrimía su saber en calidad de docto ante el público de lectores, ante una potencial audiencia racional, entonces estaba haciendo un uso público de la razón. Un cura que habla en el púlpito, ante los fieles, lo hace en calidad de funcionario, ejemplifica Kant. Aunque hable ante mucha gente hace un uso privado de la razón porque lo hace en tanto clérigo. Pero si se encierra en su gabinete y escribe un tratado de teología donde reflexiona críticamente acerca de las mismas cosas que proclama ante los fieles, entonces, aunque lo haga en soledad, está haciendo un uso público de la razón.
La conclusión que obtiene Kant es que en una época que alienta a las personas a servirse de su racionalidad, un clérigo tiene derecho a la vez a hacer un uso privado y un uso público de la razón, a predicar la doctrina el domingo y a criticarla en un libro de teología. A hablar a veces como un funcionario y en otras como un docto.
Lo que vale para el clérigo de Kant, vale también para el contralor.
Cuando el contralor exponía ante la audiencia de la P. Universidad Católica, lo hacía en calidad de profesor y no de funcionario. Estaba, pues, haciendo el uso público de la razón a que los ciudadanos tienen derecho y que la ley, al permitir al contralor enseñar, le reconoce. ¿Significa eso entonces que quienes desempeñan funciones estatales están condenados a la doblez y a la hipocresía, a aceptar cosas que su discernimiento racional podría considerar equivocadas? Hasta cierto punto sí. Suele ocurrirle al juez, por ejemplo, que debe aplicar una ley que, a la luz de su conciencia moral, considera injusta. Oliver Wendell Holmes, el gran jurista americano, a quien se deben algunas de las mejores páginas de la historia legal americana, lo expresó de un modo inmejorable: “Ha sido un gran placer para mí —dijo alguna vez— sostener la constitucionalidad de leyes que considero malas por completo, porque de esa manera he ayudado a marcar la diferencia entre lo que yo prohibiría y lo que permite la Constitución”. Holmes fue un espléndido funcionario estatal; pero fue también un gran crítico de los deberes que servía.
Parece doblez, es cierto; pero cuando se lo mira más de cerca, no. Que un sujeto actúe fielmente en calidad de funcionario del Estado y, al mismo tiempo, ejercite críticamente su razón “ante el gran público de lectores”, tiene además una justificación utilitaria que el propio Kant insinúa. Ayuda a que las instituciones funcionen y que, al mismo tiempo, no se pierda el ánimo crítico para intentar cambiarlas. Ser un funcionario estatal obliga a cumplir con el deber impuesto por la ley, sin duda; pero no obliga a entontecerse y a mandar la razón de vacaciones.
Quizá en este malentendido radique parte de la crisis del ámbito público en Chile: en creer que el funcionario estatal no debe reflexionar críticamente respecto de su propia función; que los partidarios deben enmudecer a la hora de advertir errores; que los adherentes al gobierno deben simplemente obedecer; que quienes apoyan a la Presidenta no deben dejar caer siquiera una gota de duda sobre lo que ella dice o hace.
Kant diría que eso equivale a privatizar la razón. A transformar todo discurso en un discurso de funcionario o de clérigo.
No deja de ser paradójico que en estos tiempos donde todos esgrimen lo público como la fuente de todas las virtudes, sean, simultáneamente, tiempos en los que se pretenda privatizar a la racionalidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTE SIN RESTRICCIONES PERO ATÉNGASE A SUS CONSECUENCIAS