Tribuna
por Leonidas Montes Lira
Diario El Mercurio, Miércoles 06 de Julio de 2011
Decano Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez
A lo largo del siglo XX, así como la relación entre el consumidor y el
productor -transitando del caveat emptor al caveat venditor - puso el
foco en los derechos del consumidor, en materia de legislación laboral
se fueron priorizando los derechos de los trabajadores.
Nuestro primer Código del Trabajo -en realidad, una recopilación de
varias leyes- se promulgó en 1931, tomando forma definitiva en 1937.
Con el ministro José Piñera la legislación laboral tuvo un importante
giro hacia una economía de mercado en 1978. Y durante los gobiernos de
la Concertación se produjeron cambios significativos para garantizar
los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En 1991,
siendo ministro del ramo René Cortázar, se amplió de cinco a 11 años
la indemnización por años de servicio. Y en 2001, bajo el ministerio
de Ricardo Solari, se restringió la negociación con grupos
negociadores, se rebajó la jornada a 45 horas y se estableció, para
quienes constituyen un sindicato, el fuero retroactivo de 10 días
antes de la asamblea.
En el último Informe de Competitividad del World Economic Forum (WEF),
el tema laboral aparece como nuestra mayor preocupación. Hemos
progresado, pero nuestra actual legislación laboral es inadecuada para
los desafíos económicos y sociales que enfrenta Chile. Aunque existen
avances, como el seguro de desempleo, la regulación de la
tercerización y un subsidio al empleo de los jóvenes, aún tenemos
relaciones laborales muy breves y una altísima rotación. Y en cuanto a
la participación femenina, el índice WEF nos muestra en el lugar 110,
de 139 países. Todos nuestros vecinos están mejor que nosotros en este
punto. Naturalmente existen muchas variables que inciden en las
políticas laborales. Si bien se deben proteger los derechos de los
trabajadores, el equilibrio virtuoso debe combinar justicia social con
productividad y crecimiento económico. Ciertamente este equilibrio es
un tema complejo, pero no es un juego de suma cero. Tanto los
trabajadores como los empresarios pueden ganar si existe la voluntad
de una reforma integral.
A la luz de nuestra historia laboral, no es casual que nuestro Código
aún se llame "del Trabajo", y no Código Laboral. Esta nimiedad
semántica refleja el hecho de que nuestro Código del Trabajo debería
ser un Código Laboral acorde a las realidades y desafíos del siglo
XXI. La relación entre empleadores y trabajadores aún está cargada de
cierta desconfianza que posiblemente descansa en una lógica más propia
de la década de 1960. Ya no es atractivo el discurso de la lucha de
clases ni la narrativa de los recursos humanos como un simple factor
de producción. Así como no tenemos proletarios explotados por una
burguesía, la imagen de un mercado laboral en el que se transan horas
hombres es espuria. Desde el certero diagnóstico de la Comisión de
Trabajo y Equidad, liderada por Patricio Meller, existe consenso de
que nuestro actual Código del Trabajo, desde su definición de empresa
hasta su último artículo, no es apropiado para enfrentar los desafíos
de un país que quiere alcanzar el desarrollo. Las cifras hablan por sí
solas.
Un grupo transversal de expertos, liderado por la economista Andrea
Repetto e integrado por Marcelo Albornoz, ex director del Trabajo; el
destacado abogado experto en materias laborales Francisco del Río y el
ex ministro del Trabajo Ricardo Solari, ha hecho público un documento
que pretende reemplazar nuestro Código del Trabajo por un Código
Laboral que nos permita alcanzar el desarrollo con justicia social
("El Mercurio", domingo 26 de junio). El país enfrenta una
encrucijada, ya que necesitamos una agenda de reformas laborales
profunda y ambiciosa. No podemos seguir parchando nuestro obsoleto
Código del Trabajo con modificaciones para complacer a distintos
grupos de interés. El statu quo nos asegura bajos salarios para los
más pobres, baja productividad e inestabilidad laboral. En cambio, si
queremos crecer y alcanzar el desarrollo, es necesario realizar una
reforma laboral integral. Con coraje político y diálogo, tanto el
gobierno como el Congreso tienen una gran oportunidad.
Este grupo transversal que debatió y trabajó silenciosamente durante
más de un año ya tiene una propuesta consensuada. La tarea ahora está
en manos del mundo político. Un gran acuerdo en materias laborales
bien podría marcar el Bicentenario de nuestro Congreso. Y también
podría ser un gran legado para este gobierno.
CLASE DEL 70 SGC
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