Ante el recambio en la forma de financiamiento Consorcios tecnológicos en aprietos

por Martina Salvo
Diario El Mercurio, Revista del Campo
Lunes 9 de mayo de 2011http://diario.elmercurio.com/2011/05/09/revista_del_campo/_portada/noticias/F3C41337-0C70-460F-AFB8-402F33A3ED58.htm?id={F3C41337-0C70-460F-AFB8-402F33A3ED58}
 
El Gobierno apuesta por un incentivo tributario para mantener el
financiamiento.
Unidos, los afectados muestran su preocupación.
 
Investigación & Desarrollo ( I + D) en números

* Chile invierte 0,4 por ciento del PIB en I+D,
muy lejos de países como Israel (4,7%)
o el promedio de la OCDE (2,3%).
 
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Un investigador que analiza
por qué las hojas de la parra son geométricas
puede que no sea del interés de una viña.
 
Pero, aún sin importar lo descabellada de una idea,
si una persona obtiene fondos para investigar, lo hace.
 
Independiente de que el interés productivo
y comercial de lo que investiga sea mínimo.
 
Ese fue el modelo y la relación entre empresas,
investigadores y recursos económicos hasta no hace mucho.
 
Y aunque la figura permanece,
el nacimiento de los consorcios tecnológicos,
hace poco más de cinco años,
fue un giro que gustó a la industria.
 
La idea fue generar alianzas
público-privadas
para incentivar la investigación
en sectores del agro como el frutícola,
la industria del vino, los lecheros y ovinos,
pensando en resolver productos transversales
y que afectaran algún aspecto
de la competitividad de un rubro.
 
A partir de ahí se desarrollaron trabajos interesantes
como la creación de nuevas variedades de duraznos
menos harinosos y más resistentes para exportación,
o estudios de mercados acotados al vino en Canadá,
entre otros logros relevantes.
 
"Por primera vez se estaba proyectando
un país con visión y futuro empresarial",
dice Patricio Middleton,
director del Consorcio Tecnológico del Vino.
 
Pero la celebración
tenía fecha de vencimiento:
cinco años de financiamiento.
 
La idea era que, cumplido ese plazo,
se reevaluaría el autofinanciamiento
o una nueva inyección de recursos.
 
Y el plazo llegó, pero no la claridad de lo que venía.
 
Así, los consorcios que partieron primero
y cumplieron los cinco años el 2010, quedaron en la pitilla.
 
En el año del cambio de mando,
del terremoto, del tsunami y de los mineros,
nadie tuvo tiempo de hacer caso a sus pataleos.
 
Ahora, sin las lucas, no pueden
seguir con el trabajo que se venía haciendo.

Para enfrentar el tema,
el Gobierno lanzó recientemente como salvavidas
un proyecto de ley que crea una nueva figura de financiamiento
a través de un incentivo tributario; algo parecido
a lo que había antes con la Ley 20.241, de I+D,
pero con silencios inquietantes
respecto de la continuidad de los consorcios.
 
Por eso la iniciativa no ha sido bien vista
por el sector porque no deja claro
si los consorcios se mantendrán.
 
Con la nueva propuesta,
es como si se hiciera
una inyección de recursos,
pero  sin la claridad de que éstos
serán administrados por los consorcios
o por empresas particulares.
 
Además los consorcios alegan
que este financiamiento tributario llega tarde
(porque algunos ya se quedaron sin recursos),
tiene ítemes poco claros e iría en desmedro de los más chicos
(porque asocia el financiamiento de I+D
como descuento de impuestos, lo que puede ser interesante
para empresas con grandes flujos,
pero casi imposible para los más chicos).
 
Además, aún no ha sido aprobada,
por lo que se mantiene la incógnita
de cómo seguirán adelante los consorcios.
 
Al final, lo único que está claro es que arde Troya.
 
Temas sensibles
 
En los consorcios de vinos están preocupados.
 
Lo mismo ocurre en los de la fruta y el de la leche.
 
El más holgado es el de los ovinos que aún tiene 2,5 años para operar.
 
Una de las piedras en el zapato
es lo breve que fue el plazo
de financiamiento de 5 años.
 
La idea original, replicada
de las experiencias de Nueva Zelandia,
Australia y Reino Unido,
proyectaba un trabajo a mediano y largo plazo.
 
Allá, lo común es desarrollar programas de al menos 10 años.
 
Por eso llamó
la atención de los nacionales
que no se extendiera el beneficio,
lo que podría dejar truncado
el trabajo hecho hasta ahora.

"Nunca se ha supuesto
que un programa de mejoramiento genético,
por ejemplo en frutales, pudiese obtener "productos"
y autofinanciarse en periodos de inversiones menores a 10-15 años.
 
El instrumento consorcio, modelado
bajo un esquema desarrollado en Australia,
supone sucesivas rondas de financiamiento
en las que proyectos exitosos,
que han cumplido los hitos definidos,
son sujetos de una nueva ronda de financiamiento,
y así sucesivamente.
 
Por tanto, no contar con apoyo
del sistema público de innovación
sería una desventaja importante
frente a nuestros competidores",
dicen Ronald Bown,
Jaime Kong y Hugo Lavados,
del Consorcio Tecnológico de la Fruta.
 
La misma visión tienen los lecheros.
 
"Cuando comenzó el tema de los consorcios
no estaba claro que iban a operar sólo 5 años.
 
Se dijo que después habría una revisión.
 
En Australia, por ejemplo, son 10 años.
 
Ojalá que el Gobierno pueda leer la señal
de que estamos unidos, aportando recursos
y con el foco para el desarrollo del sector",
explica Sebastián Ganderats,
gerente general del Consorcio Lechero.
 
La nueva propuesta
 
En marzo se propuso, desde el Gobierno,
un nuevo proyecto de ley de incentivo tributario.
 
Aunque ambos modelos
(la anterior norma de I+D, ley 20.241,
aún vigente, y la nueva propuesta)
dividen el aporte entre privados y el Estado,
lo cierto es que tienen diferencias significativas.
 
La nueva propuesta permitiría pasar
de 5 mil UTM a 15 mil UTM por RUT,
y flexibilizaría las formas de I+D.
 
Así, si antes era obligatorio
subcontratar a un tercero registrado en Corfo,
con el nuevo modelo se podría trabajar
con alguien de la empresa
o subcontratar desde el extranjero,
además de liberar el tema de hacerlo con entidades.
 
"Eventualmente, una empresa
podría hacer uso de hasta
1,2 millones de dólares... no es menor.
 
El incentivo tributario sería proporcional al monto invertido.
 
Además, mientras antes estaba limitado
al 15% de las ventas, ahora no hay límites.
 
Los beneficios también
se pueden arrastrar por 10 años
para que las pymes los puedan ocupar;
se aplicarían a gastos corrientes,
de propiedad intelectual y capital;
se simplificarían los trámites de certificación;
y el beneficio se extendería hasta el 2025",
explica Conrad von Igel,
jefe de la división de innovación
del Ministerio de Economía.

Pero no todos lo ven con buenos ojos.
 
"La iniciativa deja fuera
a las pequeñas y medianas empresas
que  generan utilidades
que no les permiten aprovechar
el aumento de límites.
 
Podría haber sido interesante
considerar un porcentaje diferenciado.
 
Por otra parte el beneficio supone que,
a diferencia por ejemplo
de los instrumentos de apoyo a la innovación,
los fondos invertidos se recuperan
después de realizado el gasto
y sujeto a una aprobación del SII.
 
Nuevamente para las pymes,
con bajo acceso al crédito
y con cajas propias limitadas,
esto supone una barrera",
explican desde
el Consorcio Tecnológico de la Fruta.
 
Otro tema que complica
es la poca claridad
de la situación en el corto plazo.
 
Por ejemplo en el caso de los vinos,
la cosa se ha complicado
porque sus fondos terminaron
formalmente el año pasado,
pero por ahora no pueden hacer más
que esperar a ver qué pasa
con la tramitación y el nuevo proyecto.

"Falta un año para que la ley
de incentivos tributarios entre en vigor.
 
Primero debe pasar por el Senado.
 
Lo que se está haciendo
no es llevar una política de Estado
a largo plazo, sino al revés.
 
La respuesta del Ministerio de Economía
llega un año tarde", explica Elena Carretero,
gerenta general de los dos consorcios del Vino.
 
Ante esto, el Gobierno entró a poner paños fríos.
 
"Reconocemos que algunos consorcios,
por la naturaleza de los estudios y la situación actual,
podrían necesitar un grado de ayuda más directa
en la transición de modelos de financiamiento,
pero no tenemos decidido, para no perder lo avanzado,
a quiénes beneficiaría", sostiene von Igel.
 
Otro de los grandes temores es que,
la nueva figura termine transformándose
en un retroceso a la pega realizada.

"No me vendan la pomada.
Hemos recorrido un camino
de aprendizaje en estos años.
Ahora nos cortan las alas.
 
Si los consorcios mueren,
las empresas grandes
van a seguir investigando
y las chicas no podrán subirse al carro.
 
Es un chiste que en un momento
se haya hablado de los consorcios 2.0
y ahora hagan esto", señala Patricio Middleton,
director del Consorcio Tecnológico del Vino.
 
Tras bambalinas
 
Entre las razones que se discuten tras bambalinas
del porqué los fondos a los consorcios no fueron prorrogados
con la misma figura por más años, se habla de temas políticos,
de la disminución en el presupuesto por el terremoto
y porque el Gobierno quiere evaluar cómo ha utilizado cada entidad sus fondos.

Y es que no todos,
por el nivel de organización gremial,
han utilizado las platas para I+D.
 
Para muchos el instrumento
ha servido para desarrollar
su fiato como industria.
 
"Los consorcios financiados
por distintas fuentes de gasto:
por el presupuesto regular,
por negociación anual de la FIA
y el Ministerio de Agricultura,
con recursos del Ministerio de Economía
y con fondos del royalty,
para algunos sirvieron
como subsidio de coordinación gremial,
mientras para otros resuelve el tema de I+D",
puntualiza Conrad von Igel.
 
Los ovinos lo reconocen.
 
"Nosotros llevamos 2,5 años funcionando
a diferencia del resto de los Consorcios
con una evaluación de impacto
e indicadores a los 2 años, la cual superamos.
 
Ya hemos creado tres unidades de negocio
que mantienen flujos de ingresos,
pero que aún son insuficientes
para la mantención del consorcio a la fecha.
 
Pero aun quedan 2,5 años
donde se espera potenciar las unidades
y desarrollar nuevas.
 
Ha sido muy difícil poner
todo nuestro potencial
solo en investigación que era la idea original,
pues la empresa privada necesita también
que se le solucionen necesidades primarias,
por tanto una parte importante
de nuestros recursos
han ido a solucionar estas brechas",
remata Juan Carol García,
gerente general del Consorcio Ovino.
 
I+D en números

* Chile invierte 0,4 por ciento del PIB en I+D,
muy lejos de países como Israel (4,7%)
o el promedio de la OCDE (2,3%).

* La meta del Gobierno es duplicar las inversiones hasta el 2014.

* Del 2008 al 2011,
se acogieron 38 proyectos al beneficio de I+D.
De estos 13 fueron del sector agropecuario.