Santiago necesita una autoridad de transporte metropolitana autónoma que aplicando el principio de soluciones privadas para problemas públicos, se responsabilice de entregar a los santiaguinos un buen sistema de transporte público‏

ROLF LÜDERS, 

El Metro

Hace una semana el Metro de Santiago tuvo una falla mayor, después de sufrir otro importante defecto unos meses atrás. De inmediato se buscaron los responsables y el presidente de la compañía -una empresa estatal- tuvo que renunciar. Además, se anunció que se implementarían las recomendaciones de una comisión chileno-francesa que se nombró a raíz de las fallas de agosto. Ni dicha comisión, ni otros expertos, destacaron que existe una inadecuada institucionalidad que subyace a lo sucedido y que si ella no se corrige, todo lo demás será paliativo.

Siempre es posible encontrar explicaciones mecánicas para problemas puntuales, independiente del área -en el caso de empresas- en que éstos se manifiesten. Pero si los problemas se repiten o no desaparecen, como sucede con el Metro, es necesario preguntarse por la causa última que los origina, que normalmente está asociada a la existencia de incentivos inadecuados.

La teoría del agente-principal (Robert Gibbons, 1998) estudia precisamente el efecto que tienen los incentivos sobre la eficiencia con que operan las organizaciones. Esta teoría ha descubierto que el esfuerzo que realizan los administradores de una empresa varía con la participación que tienen en los resultados de la misma o con el tipo de contrato que tienen y su monitoreo. En general, este esfuerzo será óptimo si el administrador de una empresa competitiva es también el dueño. Lo será también, pero en algún grado menor que dependerá del tipo de contrato, si el monitoreo de la labor del administrador resulta ser costo-eficiente para los socios o accionistas.

En cambio, si se da la situación contraria, como sucede con las empresas públicas, el esfuerzo de la administración no será óptimo y puede ser bajo.

El menor esfuerzo de la administración en una organización pública es principalmente consecuencia de que a ningún ciudadano le vale la pena invertir tiempo en monitorearla detalladamente, por los escasos beneficios que él puede percibir por tal acción. Esta falta de monitoreo incentiva entonces -entre otras cosas, y por motivos políticos partidarios- el exceso de empleo, la contratación de personas con calificaciones inadecuadas, y/o la compra de bienes y servicios subóptimos. Este parece haber sido el problema del Metro.

El Estado juega un importante rol en toda economía, pero su acción es menos eficaz de lo posible por el problema de agencia. La forma de minimizar esta ineficiencia es aplicar soluciones privadas a los problemas públicos. En las últimas décadas Chile avanzó -con grandes beneficios para la ciudadanía- en esa dirección y debe, en vez de deshacer el camino recorrido como algunos pretenden, perfeccionarlo donde corresponda. Santiago necesita una autoridad de transporte metropolitana autónoma que aplicando el principio de soluciones privadas para problemas públicos, se responsabilice de entregar a los santiaguinos un buen sistema de transporte público, incluyendo un Metro que opere bajo estándares internacionales de seguridad, confiabilidad y calidad de servicio.