En un reciente editorial, este medio afirma que no se justifica otorgar el estatuto de derecho a las ayudas que otorga el Estado porque esto sólo fomentaría un “Estado paternalista”, o dicho de otra forma, que las mismas personas dejen de tener que postular a los subsidios vía Ficha de Protección Social (FPS) sólo aumentaría el asistencialismo y el uso discrecional de los fondos estatales. En esta misma lógica, se podría ir más allá y plantear que modificar los medios de estratificación social sería atentar contra la base del modelo chileno y sus éxitos en el combate a la pobreza.
Desde mi perspectiva, nada más lejos de la verdad. La discusión que se ha abierto sobre el método de focalización vigente no es fruto de un ejercicio antojadizo, es fruto de la evidencia práctica sobre los dañinos efectos subjetivos y relacionales que estos mecanismos de focalización como la FPS han generado y siguen generando en la población afectada por la pobreza.
Es importante recordar de donde proviene esta lógica y cuál fue su sentido. Los ochenta, dictadura militar y su plan de reformas que tuvo que enfrentar a una difícil prueba: mantener sus postulados en el marco de una de las peores crisis económicas que se recuerde. Frente a las cada vez mayores necesidades de una población empobrecida por la cesantía, el gobierno mantuvo su plan de desfinanciamiento de la política social en educación, salud y vivienda pública. Parte del gasto en educación, salud, vivienda se transformó en un escuálido presupuesto de beneficios monetarios, auxilios que debían ser entregados sobre la base de un orden de prioridad. En ese marco de carestía, surge la primera Ficha CAS, que buscó ordenar “la fila” a partir de un puñado de dimensiones y variables susceptibles de ser medidas, pero que en ningún caso lograban reconstruir la compleja realidad de la pobreza.
Hoy sabemos -gracias a estudios longitudinales y cualitativos- que si bien el bienestar material se ha incrementado producto de la histórica tradición de políticas sociales, el capital humano acumulado y el crecimiento económico de los noventa, las políticas sociales y sus mecanismos de focalización asociados, tienen efectos muy adversos en la inclusión y la equidad.
Hoy, nuestro sistema de hiperfocalización resulta humillante y no responde a ningún estándar mínimo de respeto por las personas. Este tipo de Estado, y no otro, es el que ha generado dependencia y paternalismo, toda vez que la gente se ve obligada a demostrarse y relatarse desde la invalidez y la inhabilidad social para recibir apoyos compensatorios producto de que estructuralmente no recibieron una educación de calidad, habitan barrios peligrosos, trabajan en empleos precarios y reciben una atención de salud mucho menos oportuna e integral que el resto de la sociedad.
Por ello, debe pensarse en un sistema de selección o focalización que respete los derechos básicos de las personas y que integre más variables que el ingreso. No nos confundamos: tener acceso a educación y salud de calidad, o habitar en barrios e integrados, no es fomentar paternalismo, es hacer justicia.
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