La Constitución tramposa

por Fernando Atria - 

EN 2007, durante la discusión de lo que eventualmente sería aprobado como Ley General de Educación, un diputado de Renovación Nacional sostuvo que de no haber acuerdo, los proyectos debían volver a su trámite legislativo y ahí “las normas de quórum orgánico las ganamos nosotros y las que no lo requieran las ganan ellos”.

En esta afirmación “nosotros” tenía el significado preciso de “la minoría”, y “ellos” de “la mayoría”. Es decir, si no hay acuerdo en la negociación, las cuestiones importantes las gana la minoría y las cuestiones de segunda importancia las gana la mayoría.

Buscando algún argumento para defender lo indefendible, los comentaristas de derecha apelan a que esto es necesario para que las leyes importantes den cuenta de “grandes consensos”. Pero esto es absurdo y contradictorio: como lo sugiere la expresión del diputado, el hecho de que la minoría tenga veto significa precisamente que una ley puede mantenerse en vigor aún cuando haya una mayoría dispuesta a derogarla. Es un hecho en sí mismo interesante que una institución que permite que leyes defendidas sólo por la minoría se mantengan en vigor, se justifique apelando a la necesidad de que las leyes den cuenta de un “amplio consenso”. Si se trata de garantizar que las leyes den cuenta del acuerdo más amplio, la única solución es que sean modificables o derogables por mayoría simple.

Pero para la derecha estar en igualdad de condiciones que el resto, es decir, tener que convencer a los ciudadanos de la justicia o propiedad de sus ideas si es que quiere que todos vivamos conforme a ellas, es una exigencia desmesurada. Ellos quieren mantener instituciones en las que todo lo que necesitan hacer es perder para ganar, como lo dejó en claro el presidente de la UDI cuando explicó por qué no se presentaría al Senado: se trata de “defender los 4/7”, es decir, de ir a las elecciones con la finalidad de perder obteniendo al menos 3/7 + 1 para poder vetar las iniciativas de reforma que la mayoría presente. Y sabemos que si de obtener 3/7 de los diputados se trata, el sistema binominal lo hace harto fácil.

Bajo estas reglas constitucionales, cuando la derecha pierde, gana. ¿Cómo negar que eso quiere decir que se trata de una trampa, de reglas tramposas? Hay algo más que se ha hecho público y notorio en los últimos días: las trampas no pueden ser eliminadas mediante reformas constitucionales conforme al artículo 127 de la Constitución. La derecha sabe que sin trampas no puede ganar, por lo que no renunciará a éstas.

Es claro: con estas reglas constitucionales, cuando la derecha pierde, gana. ¿Cómo negar que eso quiere decir que se trata de una trampa, de reglas tramposas?

El sistema binominal cumple la función de facilitarle al diputado Melero su defensa de los 4/7. Las reglas sobre aprobación de la ley cumplen la función de que si no hay acuerdo, las leyes se mantengan como le gusta a la derecha. Y por último, si a pesar de lo anterior alguna reforma pudiera pasar, ahí estará el Tribunal Constitucional para asegurar que si la derecha llega a perder, pese a las trampas, entonces ganará. Esto es lo que el senador Escalona, cuando entendía como pocos el problema de la Constitución, quería decir con eso de que el Tribunal Constitucional no era sino “un poder fáctico”.

Todo lo anterior es público y notorio. Hay algo más que se ha hecho público y notorio en los últimos días: las trampas no pueden ser eliminadas mediante reformas constitucionales conforme al artículo 127 de la Constitución. La derecha sabe que sin trampas no puede ganar, por lo que no renunciará a éstas. Lo dijo Patricio Walker al referirse al reciente acuerdo para modificar el binominal: “que 38 senadores se mantengan con el binominal no me gusta, pero si nos poníamos maximalistas no había acuerdo”. Y si no hay acuerdo, no hay reforma.

En todo caso, Walker también dio, sin saberlo, la salida al problema: él explicaba que la derecha se “había abierto” a la reforma al binominal como consecuencia del  “creciente apoyo en la ciudadanía a una asamblea constituyente”. Por eso es importante seguir hablando sobre nueva Constitución. Hay que hacer que el apoyo ciudadano a la nueva Constitución siga creciendo, para que llegue el momento en que sea irresistible. Para eso, lo primero que hay que hacer es no apresurarse a llegar a acuerdos con la derecha: hay que conversar sobre “el mecanismo” no ahora, sino cuando ese apoyo haya crecido lo suficiente. Sólo entonces los cambios constitucionales que hoy nos parecen “maximalistas” pasarán a ser  cambios realistas.

Si en vez de esto lo que se intenta hacer es responder lo más rápido posible a la demanda de nueva Constitución mediante un “gran acuerdo”, no ocurrirá otra cosa que una reedición del fracaso del 2005: se dictará una reforma constitucional que se presentará como si fuera la solución al problema constitucional (el Presidente Lagos dijo al promulgarla, que con esa reforma la Constitución pasaba a ser “un piso institucional compartido”), sólo para observar pocos años después que todo quedó igual.  En la elección presidencial de 2010 todas las candidaturas presidenciales, salvo la de la derecha (era que no), reclamaban la necesidad de una nueva Constitución. ¿Qué explica este fracaso de la reforma de 2005? La respuesta es clara: esa reforma pagó en contenido el precio de tramitarse como una ley más, conforme al artículo 127 de la Constitución. Ese precio no es ni imaginario ni simbólico. Significó que la reforma de 2005 dejó en pie todas las trampas que estaban vivas y eliminó sólo las que el tiempo ya había gastado, como los senadores designados.

Hoy existen voces que nos llaman a reeditar el fracaso del 2005. Ignorando la existencia de las otras trampas, buscan un “gran acuerdo” para eliminar el sistema binominal... parcialmente, y sólo de la Cámara de Diputados en el mejor de los casos. Supongo que si eso llegara a aprobarse, el senador Patricio Walker dirá en el acto de promulgación que la Constitución ahora sí es un piso institucional compartido.