Diario El Mercurio, Martes 20 de agosto de 2013
"El recuerdo del valor de una adecuada institucionalidad para la asignación de los recursos públicos me parece oportuno en el contexto actual, donde el escenario electoral ha levantado diferentes iniciativas de gasto público..."
Por varias décadas, la economía chilena ha observado un satisfactorio desempeño, el que sobresale nítidamente en el contexto regional. Los progresos alcanzados en materia de crecimiento, reducción de la pobreza y estabilidad macroeconómica, entre otros, han sido posibles gracias al logro de un importante grado de coincidencia entre los diferentes sectores -especialmente a nivel técnico- en los beneficios que acarrean una amplia apertura al exterior, la mantención de un cuadro de fortaleza de las cuentas fiscales y una inflación baja. Todo ello, dentro de un contexto donde es el sector privado el motor esencial en el proceso de creación de iniciativas empresariales, en tanto les corresponde a las políticas públicas el desarrollo de acciones dirigidas a apoyar a los grupos más pobres y promover la igualdad de oportunidades para los diferentes sectores de la sociedad.
Cuando se enumeran los pilares del diseño institucional que ha permitido avanzar en los diferentes planos mencionados, es habitual que se destaque el bajo nivel de los aranceles al comercio exterior, un sistema tributario eficiente, la ley que consagra la autonomía del Banco Central y, más recientemente, el establecimiento de una regla fiscal.
Si bien el reconocimiento de los aspectos mencionados es incuestionable, a menudo se omite un protagonista esencial dentro del diseño de políticas públicas que ha predominado en las últimas décadas y los logros conseguidos por éste, cual es la aplicación sistemática de la metodología de evaluación social de los proyectos públicos.
En efecto, desde el inicio del proceso de reformas económicas se estableció en Odeplan -oficina que antecedió al actual Ministerio de Desarrollo Social- una estructura para lograr una cuidadosa evaluación de los costos y beneficios de las diferentes iniciativas de gasto público de cada ministerio. Este era -y sigue siendo- un requisito fundamental para el logro de los objetivos de aliviar la pobreza, crecimiento y equilibrio macroeconómico.
De hecho, la historia de las economías en desarrollo está plagada de numerosas iniciativas -con frecuencia muy bien inspiradas- que terminaron siendo sólo "elefantes blancos", en tanto dieron forma a llamativos proyectos que sólo representaron un desperdicio de los habitualmente escasos recursos fiscales.
La labor iniciada hace varias décadas por Roberto Kelly y Miguel Kast en Odeplan, con el invaluable apoyo del profesor Arnold Harberger y del programa Ciapep, que lideró el profesor Ernesto Fontaine, fue una pieza esencial dentro de un diseño eficiente de la gestión de las finanzas públicas, el que en líneas generales se ha conservado en el tiempo.
El recuerdo del valor de una adecuada institucionalidad para la asignación de los recursos públicos me parece oportuno en el contexto actual, donde el escenario electoral ha levantado diferentes iniciativas de gasto público, las que con frecuencia involucran un alza considerable del gasto fiscal. Así, la identificación de los efectos que podría esperarse de los proyectos planteados y, a partir de ello, de la rentabilidad social de estos es un requisito importante para definir cuáles deben ser las prioridades dentro del conjunto de proyectos públicos que se plantean a la autoridad.
Por ejemplo, si se trata de impulsar un mejoramiento de la calidad de la educación, es importante "ponerle números" a la discusión de proyectos concretos de gasto, dentro de los cuales se incluyen iniciativas que apuntan a fortalecer la educación preescolar y el otorgamiento de gratuidad -amplia o selectiva- de la educación universitaria, entre otros.
En otras palabras, se trata de establecer qué programas son más efectivos en términos de los resultados que se pueden razonablemente proyectar de éstos, dado el nivel de recursos que involucra el financiamiento de los mismos.
Así, si se trata de proyectos educacionales que apunten a elevar las remuneraciones futuras de los jóvenes que se educan hoy, resulta pertinente establecer cuál es la efectividad de cada peso gastado por la sociedad en cada proyecto alternativo, de modo de optimizar el beneficio para la sociedad de la gestión del gobierno en materia educacional.
El fragor de una contienda electoral hace difícil avanzar a un debate sereno de los programas y proyectos de cada sector; sin embargo, en una sociedad ávida de información y trasparencia, parece imprescindible promover un análisis detallado y riguroso de aquellos proyectos que involucren movimientos relevantes en el compromiso de recursos públicos.
Por otro lado, la disciplina que plantea la evaluación social de proyectos es un valioso mecanismo de contención y filtro de iniciativas de gasto público de alto impacto mediático, pero poco conveniente para la sociedad, el que siempre será útil para quienes deban gestionar las finanzas del gobierno de turno.
Cuando se enumeran los pilares del diseño institucional que ha permitido avanzar en los diferentes planos mencionados, es habitual que se destaque el bajo nivel de los aranceles al comercio exterior, un sistema tributario eficiente, la ley que consagra la autonomía del Banco Central y, más recientemente, el establecimiento de una regla fiscal.
Si bien el reconocimiento de los aspectos mencionados es incuestionable, a menudo se omite un protagonista esencial dentro del diseño de políticas públicas que ha predominado en las últimas décadas y los logros conseguidos por éste, cual es la aplicación sistemática de la metodología de evaluación social de los proyectos públicos.
En efecto, desde el inicio del proceso de reformas económicas se estableció en Odeplan -oficina que antecedió al actual Ministerio de Desarrollo Social- una estructura para lograr una cuidadosa evaluación de los costos y beneficios de las diferentes iniciativas de gasto público de cada ministerio. Este era -y sigue siendo- un requisito fundamental para el logro de los objetivos de aliviar la pobreza, crecimiento y equilibrio macroeconómico.
De hecho, la historia de las economías en desarrollo está plagada de numerosas iniciativas -con frecuencia muy bien inspiradas- que terminaron siendo sólo "elefantes blancos", en tanto dieron forma a llamativos proyectos que sólo representaron un desperdicio de los habitualmente escasos recursos fiscales.
La labor iniciada hace varias décadas por Roberto Kelly y Miguel Kast en Odeplan, con el invaluable apoyo del profesor Arnold Harberger y del programa Ciapep, que lideró el profesor Ernesto Fontaine, fue una pieza esencial dentro de un diseño eficiente de la gestión de las finanzas públicas, el que en líneas generales se ha conservado en el tiempo.
El recuerdo del valor de una adecuada institucionalidad para la asignación de los recursos públicos me parece oportuno en el contexto actual, donde el escenario electoral ha levantado diferentes iniciativas de gasto público, las que con frecuencia involucran un alza considerable del gasto fiscal. Así, la identificación de los efectos que podría esperarse de los proyectos planteados y, a partir de ello, de la rentabilidad social de estos es un requisito importante para definir cuáles deben ser las prioridades dentro del conjunto de proyectos públicos que se plantean a la autoridad.
Por ejemplo, si se trata de impulsar un mejoramiento de la calidad de la educación, es importante "ponerle números" a la discusión de proyectos concretos de gasto, dentro de los cuales se incluyen iniciativas que apuntan a fortalecer la educación preescolar y el otorgamiento de gratuidad -amplia o selectiva- de la educación universitaria, entre otros.
En otras palabras, se trata de establecer qué programas son más efectivos en términos de los resultados que se pueden razonablemente proyectar de éstos, dado el nivel de recursos que involucra el financiamiento de los mismos.
Así, si se trata de proyectos educacionales que apunten a elevar las remuneraciones futuras de los jóvenes que se educan hoy, resulta pertinente establecer cuál es la efectividad de cada peso gastado por la sociedad en cada proyecto alternativo, de modo de optimizar el beneficio para la sociedad de la gestión del gobierno en materia educacional.
El fragor de una contienda electoral hace difícil avanzar a un debate sereno de los programas y proyectos de cada sector; sin embargo, en una sociedad ávida de información y trasparencia, parece imprescindible promover un análisis detallado y riguroso de aquellos proyectos que involucren movimientos relevantes en el compromiso de recursos públicos.
Por otro lado, la disciplina que plantea la evaluación social de proyectos es un valioso mecanismo de contención y filtro de iniciativas de gasto público de alto impacto mediático, pero poco conveniente para la sociedad, el que siempre será útil para quienes deban gestionar las finanzas del gobierno de turno.
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