Para erradicar la pobreza hay que reformular los programas sociales. El ingreso ético familiar sólo terminó agregando otros programas a la majamama de los ya existentes.
por Rolf Lüders - Diario La Tercera 15/03/2013
LA
MINISTRA del Trabajo, Evelyn Matthei, en una interesante entrevista en
La Tercera del domingo pasado, propuso una segunda ola de reformas
sociales. Argumentó que los programas en esta área, en su conjunto,
terminan castigando el esfuerzo de trabajo.
¿Cómo
llegamos a la actual situación en que la tasa de participación de las
mujeres en la fuerza de trabajo es 19% inferior al promedio de América
Latina, en que la de los jóvenes es casi un 40% inferior a la del mismo
grupo en los países de la Ocde, y en que los trabajadores tienen un
fuerte incentivo a laborar en la informalidad?
Las
políticas públicas deben resolver fuertes tensiones entre la búsqueda
de la eficiencia y el crecimiento económico, la legitimización del
sistema mediante la igualación de las oportunidades y una distribución
que se considere justa de los frutos de ese crecimiento, y la obligación
moral de apoyar a los más necesitados.
En
la década del 70 se optó por implementar un sistema que permitiera
cumplir con los objetivos arriba señalados, mediante un esquema
tributario relativamente neutro (eficiente) y la asignación de una alta
proporción de un gasto fiscal moderado a pocos programas sociales,
directa y estrictamente focalizados en los deciles más pobres de la
población. Un trabajo de Cowan y de Gregorio (1995) da fe de la
espectacular eficiencia de esa política en mejorar la proporción del
ingreso total obtenida por los dos deciles más bajos.
Con
el correr del tiempo se agregaron nuevos programas que, sin embargo, no
lograron evitar los negativos incentivos sobre el trabajo del sistema
existente. Ultimamente, por motivos electorales, ha habido una clara
tendencia a favorecer con estos beneficios sociales ya no sólo a los
grupos más pobres, sino también a la clase media, que determina los
resultados de las elecciones. Un reciente estudio de la Ocde ubica a
nuestro país, junto con México, como los únicos dos en que la acción
estatal tiene un efecto insignificante sobre distribución del ingreso.
Estamos tendiendo a volver a la característica rentista de los
programas estatales de los años 60, que no conseguían otro objetivo
-como lo sugirieron una serie de estudios realizados por Víctor Tockman
en su época- que el de redistribuir ingresos al interior de la misma
clase media.
Si
queremos erradicar la pobreza hay que reformular radicalmente los
programas sociales. La implementación del ingreso ético familiar sólo
terminó agregando otros programas a la majamama de los aproximadamente
400 ya existentes, si bien los nuevos -aisladamente considerados- tienen
los incentivos correctos.
Es
necesario hacer borrón y cuenta nueva. Una opción es considerar la
propuesta de Milton Friedman (1962) -simple, justa, que genera los
incentivos al trabajo deseados, y que ya ha sido adoptada con éxito en
algunos otros lugares- de reemplazar la mayor parte de los programas
sociales existentes, por un impuesto progresivo negativo sobre la renta.
En virtud del mismo, los agentes reciben -a partir de un cierto nivel
de ingreso mínimo- un subsidio automático que aumenta progresivamente a
medida que disminuyen sus rentas generadas por el trabajo y el ahorro.
En una próxima columna continuaré desarrollando este tema.
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