Equidad y el rol de la educación superior

06 / Ago

Uno de los rasgos diferenciadores de la sociedad moderna es la centralidad otorgada a la equidad social como valor a alcanzar. Esta vocación, compartida por los gobiernos latinoamericanos, los ha orientado a sumar a la urgencia permanente de erradicar la indigencia y avanzar en el combate a la pobreza, la prioridad de superar las brechas de equidad producidas por la propia dinámica social.   En los últimos 20 años, los esfuerzos desplegados han permitido a los más pobres alcanzar una mejor posición relativa que sus padres y han aumentado el bienestar del conjunto de la población. Sin embargo, no han tenido el efecto deseado de igualar las condiciones iniciales y de participación en los bienes y derechos económicos y sociales, manteniendo a amplios sectores en situaciones de desventaja o abierta exclusión.   La falta de eficacia de la acción pública en el acortamiento de las brechas de equidad y la consecuente persistencia de las desigualdades han generado amplios debates sobre el rol del Estado en la relación entre crecimiento, desarrollo social y gobernabilidad democrática.   El carácter excluyente del desarrollo en América Latina y la escasa presencia de los sectores desventajados en la política pública han impactado en la cohesión social, debilitando el sentido de pertenencia a una comunidad de ciudadanos que, en teoría, comparten el derecho a disfrutar de beneficios mínimos acorde a los niveles de progreso y bienestar medio de su sociedad, así como el compromiso de extender este derecho a todos sus miembros. La manifiesta incapacidad de nuestras sociedades de compensar y reducir las desigualdades ha alimentado según CEPALuna “percepción de injusticia social” que socava la confianza en el sistema, menoscaba la legitimidad de la democracia y exacerba los conflictos.   Esta percepción está a la base de las masivas movilizaciones sociales desatadas en Chile durante 2011. A través de ellas, la ciudadanía forzó al sistema político a enfrentar la disociación entre crecimiento y equidad, demandando mejorar la provisión de mecanismos de inclusión y presionando al Estado a la renovación y fortalecimiento de instituciones capaces de generar “sinergias entre equidad social y legitimidad política”.   Si bien el debate sobre los mecanismos e instituciones más apropiados para enfrentar la actual crisis de legitimidad está lejos de zanjarse, el liderazgo de las federaciones estudiantiles en las manifestaciones públicas parece haber instalado cierto consenso respecto del rol que le cabría al sistema de educación superior. Al mismo tiempo, la reciente masificación de este nivel educativo y la publicitada democratización del acceso han dejado al descubierto fuertes desigualdades que deben ser subsanadas para renovar su capacidad de aportar a una sociedad más inclusiva y cohesionada.   Las desigualdades se expresan en las escasas oportunidades efectivas de acceso a las instituciones más prestigiosas que enfrentan los egresados de secundaria de menores ingresos formados en el sistema público, dados los pobres resultados que obtienen -en promedio- en la prueba de selección universitaria (PSU). Se traducen también en tipo de educación superior a la que pueden aspirar la mayoría de los jóvenes que deben compatibilizar su educación con actividades remuneradas, enfrentando la falta de flexibilidad y extensión de los programas de estudio de las universidades tradicionales.   Las desigualdades son manifiestas en los costos promedio de las carreras, cuyos aranceles pueden llegar a representar hasta el 50% del ingreso familiar de un hogar de clase media, debiendo optar a modalidades de crédito cuya carga financiera fue tema transversal en las manifestaciones estudiantiles el año pasado.   Otro aspecto gravitante en la desconfianza y la crisis de legitimidad que afecta a la educación superior refiere al cuestionamiento de la calidad de parte importante del sistema: son cada vez más numerosos los titulados de la llamada primera generación de profesionales que a su egreso se encuentran con que su certificación es cuestionada por propios pares y despreciada por los futuros empleadores, negando en la práctica de la promesa de movilidad económica y social.   La suma de estas desigualdades contribuyó a detonar una crisis que otorgó un contundente respaldo ciudadano a las demandas estudiantiles, apuntando a un cambio de paradigma: durante años, se aceptó el financiamiento a los estudiantes sin capacidad de pago como un mecanismo que aumentaba sus oportunidades de elegir dónde y que estudiar: “libertad de mercado”. La ilusión se esfumó con el fuerte endeudamiento resultante, el cuestionamiento a la calidad de la educación recibida y los condicionamientos al esperado retorno en los ingresos.   Se reivindica en cambio el “derecho a la educación superior”, pública y gratuita, trasladando el financiamiento desde los estudiantes hacia las instituciones, y exigiéndose al Estado que asuma la responsabilidad irrenunciable de garantizar la calidad, formalizando además mayores garantías de equidad en la distribución de las oportunidades de acceso y dentro del sistema.    En cuanto a las propias instituciones, además de fórmulas más equitativas para la admisión, se les exige avanzar en acciones destinadas a la renovación curricular, de las prácticas docentes, las políticas institucionales y de vinculación con el medio, perfilándolas como espacios inclusivos y diversos en los que la educación no se reduce a un simple mecanismo por el cual se adquieren un determinado rango competencias para el desarrollo personal y el mejoramiento de los ingresos.   De hecho, la centralidad adquirida por la educación superior la sitúan como plataforma privilegiada para el encuentro, el reconocimiento mutuo y la formación de ciudadanos comprometidos y conscientes de la diversidad de la sociedad en la que habitan, siendo el lugar en que se forman las redes de relaciones y las habilidades individuales que amplían y diversifican las oportunidades de los sectores desventajados de participar e influir en las orientaciones del gobierno, representando aquellos temas y consideraciones culturales, históricas y psicológicas tradicionalmente ausentes en los distintos niveles de toma de decisiones.    El sistema de educación superior, de la mano de las nuevas tecnologías de la información, renueva así su potencialidad como espacio para la construcción de imaginarios comunes y de una comunidad de sentido que contribuya a proyectar un horizonte de mayor justicia. Aunque este potencial es por sí mismo insuficiente para revertir las fuertes desigualdades de nuestras sociedades, lo sitúa como mecanismo efectivo de inclusión, capaz de disminuir la percepción de injusticia y de contribuir al logro de los ideales de equidad y cohesión social.   Por Pamela Díaz-Romero, directora de fundación Equitas y co-editora del Barómetro de Equidad