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Municipios y patentes de alcohol



Esta ordenanza puede ser un instrumento complementario para la gestión de políticas públicas municipales, que incorpore la participación de la comunidad, una necesaria regulación y la fiscalización por parte de los Municipios y sus Concejos Municipales.

Las patentes de alcohol las autorizan los Concejos Municipales. El número de patentes de alcohol se fijan cada 3 años por las intendencias regionales, previo a los informes que emanan de los acuerdos de los Concejos Municipales. La proporción de cada establecimiento se estima en uno por 600 habitantes.
Esta realidad ha generado tensiones en varias comunas que han generado escaladas y pugnas, algunas de las cuales han llegado hasta los Tribunales de Justicia. Están, por ejemplo, los conflictos del denominado barrio cervecero en La Reina o los problemas cercanos al parque “Padre Hurtado” (ex intercomunal de La Reina), el barrio Bellavista o la plaza San Enrique, por mencionar  algunos. Son la punta del iceberg de una problemática esencialmente urbana y moderna en torno a cuáles son las condiciones y estándares del desarrollo para habitar nuestros barrios.
Con el propósito de construir orientaciones para estas interrogantes, y con el objeto de generar una guía que oriente a los gobiernos locales a regular materias tales como la zonificación y horario de funcionamiento de locales que posean patentes de alcoholes, como también mejorar los procedimientos de otorgamiento, traslado, caducidad o renovación, la comisión de alcohol y drogas de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), presentaron una “recomendación de modelo de ordenanza de alcoholes para los municipios del país”.
La Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas exige a las municipalidades establecer a través de su plano regulador comunal (PRC) y ordenanzas zonificar el uso del suelo y establecer donde se localizan el comercio, bares, restaurante pubs. Según estimaciones, a la fecha aproximadamente un 30% de los 345 municipios de Chile ha cumplido con tal regulación.
La Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas exige a las municipalidades establecer a través de su plano regulador comunal (PRC) y ordenanzas zonificar el uso del suelo y establecer donde se localizan el comercio, bares, restaurante pubs. Según estimaciones, a la fecha aproximadamente un 30% de los 345 municipios de Chile ha cumplido con tal regulación.
En esa línea, esta iniciativa que se enmarca en un convenio de cooperación entre la ACHM y Senda -no exento de desprolijidades y errores de procedimiento que hay que corregir- recomienda a los Concejos Municipales un modelo que entrega filtros y criterios para la elaboración de ordenanzas, las que analizadas por Alcaldes y Concejales, contribuyan a un mejor control, fiscalización y participación de la ciudadanía para autorizar el expendio de alcohol.
Esta ordenanza puede ser un instrumento complementario para la gestión de políticas públicas municipales, que incorpore la participación de la comunidad, una necesaria regulación y la fiscalización por parte de los Municipios y sus Concejos Municipales. Esta ordenanza también, se orienta a superar la visión de estigmatización hacia los consumidores para enfrentar los problemas y externalidades de la venta y consumo de alcohol en las distintas localidades. Es una interesante propuesta y recomendación integradora y con sello territorial.
A la vez, este dispositivo es una oportunidad para la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los sectores que producen, venden, distribuyen y publicitan el consumo de alcohol. Estas propuestas permitirán un diálogo diverso, coherente y respetuoso de la calidad de vida de todos nuestros contribuyentes y residentes de estas zonas.
La experiencia de municipios emblemáticos como el de San Miguel, Recoleta, y nuestra querida comuna de La Reina –entre otros- ha sido inspiradora de este proceso.
Entonces, esta propuesta de Ordenanza Municipal, es una posible fórmula que puede apoyar la difícil ecuación entre libertad y derechos civiles y la seguridad y tranquilidad de nuestros barrios y familias.

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