Gobierno reduce exigencias de proyecto de Bacheletpara regular las emisiones de termoeléctricas

por Jéssica Esturillo
Diario El Mercurio, viernes 3 de diciembre de 2010

Regirá para unidades a carbón, diesel y gas
que ya operan o están en construcción
 
La nueva normativa regulará una industria
que hoy opera sólo con límites por zonas.
 
Sin embargo, permitirá a las empresas
emitir mayores niveles
de óxido de nitrógeno y dióxido de azufre
que los admitidos en la iniciativa anterior.
 
Tras el caso de Barrancones,
el Presidente Piñera
había comprometido estándares
más rigurosos para este tipo de centrales.
 
Ambientalistas critican posición más laxa,
y empresas destacan límites similares a Europa.
 
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Autoridades cambiaron los límites propuestos
en anteproyecto de la administración de Bachelet
 
Gobierno reduce exigencia a termoeléctricas:
nueva norma les permite mayores emisiones
 
En la industria estiman que la regulación
es discriminatoria y arbitraria porque deja afuera
otras actividades industriales que contaminan el aire.
 
A medio camino entre las aspiraciones
de las empresas y de los grupos ambientalistas
quedó la versión definitiva de la norma
que regulará las emisiones de las centrales termoeléctricas,
que se aprobó la semana pasada
y ahora espera la firma del Presidente de la República.
 
Aunque tras la cancelación del proyecto Barrancones, a fines de agosto,
el Gobierno manifestó que los estándares de la norma serían los más rigurosos,
el texto final no reflejó dicha intención, pues los márgenes de emisiones
para el parque térmico existente -que opera con carbón, diésel y gas-
fueron elevados en comparación con el anteproyecto que surgió
en la administración de Bachelet.
 
"Necesitamos duplicar nuestras fuentes de energía durante esta década,
pero debemos perfeccionar nuestra legislación ambiental
y asegurar la preservación del medio ambiente para el futuro",
dijo el Presidente, Sebastián Piñera, a fines de agosto.
 
Comparado con el anteproyecto, la nueva versión
sube los límites de emisión de óxidos de nitrógeno (NOx)
y dióxido de azufre (SO2), pero mantiene los del material particulado.
 
En la práctica, esto supone que las unidades "existentes",
es decir, aquellas en operación y las que sean declaradas
en construcción antes de este 31 de diciembre,
podrán emitir más que lo estipulado en el anteproyecto.
 
En algunos casos (SO2) el doble.
 
Además, en la versión definitiva
no hay tope para las descargas de vanadio y níquel.
Se mantienen para el mercurio.
 
Reacciones
 
Si bien los ambientalistas y la industria eléctrica
eran partidarios de regular este tema,
el resultado de la norma provocó distintas reacciones.
 
Paola Vasconi, coordinadora
del Programa Medioambiental de la Fundación Terram,
asegura que aunque es mejor tener una regulación que no tenerla,
objeta la extensión del plazo para adaptar las centrales en funcionamiento.
 
El lapso subió de tres años a cuatro
en zonas declaradas latentes
o saturadas por material particulado
y a 5,5 años en áreas sin restricción.
 
"El Ministerio de Energía le dobló la mano
al de Medioambiente y logró que la norma
sea un poco más laxa comparada con la inicial", dijo Vasconi.
 
El ministro de Energía, Ricardo Raineri,
reconoció los intentos de su cartera
por lograr una versión "más realista"
en términos de los plazos y las exigencias
para las unidades en operación.
 
En el sector eléctrico estiman
que la norma es discriminatoria y arbitraria
porque regula a esta actividad,
que dicen produce sólo el 30%
de las emisiones en el país.
 
Destacan también que los límites
son similares a los de la norma europea,
pero advierten que el plazo de adaptación
es menor a los ocho años previstos en el Viejo Continente.
 
En la industria estiman que los US$ 1.500 millones
que deben invertir para quedar dentro del rango
que estipula la norma, más los US$ 2 millones anuales
que se elevará la mantención y operación de las centrales,
inevitablemente implicarán mayores precios de la energía,
que se traspasarán a los clientes.
 
SUMINISTRO
 
La adaptación a los nuevos estándares
obligaría a detener las centrales entre 60 y 90 días,
lo que arriesga el abastecimiento.
 
US$ 1.500 millones estiman en la industria
que costará adaptar el parque termoeléctrico
a la nueva norma de emisión.
 
 Los cambios
 
Hasta ahora, las emisiones de las centrales termoeléctricas
no estaban reguladas, y en diciembre de 2009 la entonces Conama,
hoy Ministerio de Medio Ambiente, emitió un primer anteproyecto
que terminó su trámite con la actual administración.
 
La semana pasada, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
aprobó el texto definitivo, que para entrar en vigencia
aún debe ser firmado por el Presidente de la República
y completar la toma de razón en la Contraloría.
 
Los límites para las centrales nuevas
no cambian entre las dos versiones del texto.
 
Dióxido de azufre
 
El anteproyecto de diciembre de 2009
establecía un máximo de 200 miligramos
por metro cúbico de aire (mg/Nm {+3} )
de dióxido de azufre (SO2),
y ahora en la versión definitiva
este límite subió a 400 mg/Nm {+3} .
 
Oxido de nitrógeno
 
La versión inicial establecía 400 Mg/Nm {+3}
y la modificación del Gobierno
elevó este techo a 500 mg/Nm {+3} .
 
Dióxido de carbono
 
La norma obliga
-tanto a unidades existentes como nuevas-
a medir y registrar sus niveles,
lo que permitirá mejorar la calidad de los datos
para inventariar las emisiones
de gases efecto invernadero de la industria eléctrica.